El Gobierno aprobó este viernes la propuesta de reforma constitucional que limitará los aforamientos de los miembros del Ejecutivo, diputados y senadores al ejercicio del cargo, para lo que modificará los artículos 73 y 102 de la Carta Magna, aunque el proceso completo durará un año 

El plazo del año es para hacer las modificaciones legales derivadas de esta modificación constitucional y hay que contar con que antes tiene que hacer un informe también el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero Calvo restó importancia al calendario, "porque lo que  queremos es que esta reforma se haga y vamos a poner todo el empeño en ello"; dijo,.

La vicepresidenta del Gobierno explicó en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que, pese a que la reforma es pequeña -solo afecta a dos artículos constitucionales-, políticamente es "muy importante", porque se circunscribe "estrictamente a las funciones del cargo" y "acota que el aforamiento se produce en el tiempo estricto en el que se está en el ejercicio del cargo".

Calvo puso mucho énfasis en esta reforma que, en su opinión, tiene que servir para que los ciudadanos "sigan confiando en la fortaleza de nuestras instituciones y que los cargos públicos están sometidos con igualdad ante las leyes", explicó.

La vicepresidenta explico que el aforamiento se circunscribirá a las funciones que hacen os cargos públicos en el tiempo estricto del ejercicio de su cargo, y que la normativa que se quiere aprobar está en la  tónica media de otros paíese europeos.

También explicó que el Gobierno celebra que el informe del Consejo de Estado haya sido favorable a la reforma que proponía el Ejecutivo y, de hecho, se traslada al proyecto de ley las líneas generales que se recogían en dicho informe.

El mayor consenso posible

La vicepresidenta anunció también que el propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, abrirá una ronda de contactos con los portavoces de todos los grupos parlamentarios para buscar el mayor consenso posible para la reforma.

Calvo no quiso valorar la posibilidad de que dicha reforma sea sometida a referendúm como propone Unidos Podemos, pero respetó el derecho que tiene esta formación política a hacerlo, ya que tiene más del 10% de representantes de la Cámara Baja, "y luego ya veremos como se articula"; dijo.

En cuanto a la polémica de por qué en la reforma quedan fuera los delitos relacionados con la corrupción o no se especifican, Calvo explicó que "no hay una lista de delitos en ninguna constitución del mundo", recordó.

Por último, la vicepresidenta recordó que el Gobierno no tiene competencias para imponer esta medida para los diputados autonómicos, pero se mostró convencida de que se trasladará la reforma. "Siempre que hay una reforma se produce una armonización constitucional de otros espacios, que se tiene que adecuar a la exigencia de estas propuestas. Estamos iniciando un camino de revisión. Esto es un listón de ética muy alto que va a provocar un efecto de revisión", aseguro.