El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha desvelado que el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por el Consell para evitar la demolición de las Torres de Benidorm, conocidas como 'los Gemelos', lo que obligará al ejecutivo valenciano a pagar "100 millones por las fechorías de la exconsellera Isabel Bonig" en la localidad alicantina. "Usted es una consellera tóxica", ha espetado a la actual líder de los 'populares' valencianos y exresponsable de Infraestructuras con el PP.

Según han explicado fuentes de la Conselleria de Hacienda, la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo les ha comunicado la inadmisión del recurso de casación que presentó la Generalitat al auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que ordenaba la ejecución de la sentencia de julio de 2012 del Supremo, que anuló los permisos a los edificios ya construidos al declarar ilegal su autorización.

Las torres --de 22 plantas cada una, con zonas comerciales y otros espacios y 168 apartamentos de lujo, con un precio de mercado de la fecha de entre 400.000 y 700.000 euros-- se construyeron con autorización del Consell en la zona de servidumbre de protección de Costas, un espacio protegido por su carácter de bien público en la zona marítimo-terrestre.

En julio de 2017, el TS admitió un recurso de la Abogacía del Estado contra la decisión del TSJCV, que en 2008 había dado validez a la autorización de abril de 2005 de la Dirección General de Puertos de la Generalitat para la construcción de las dos torres.

Recurso de la Generalitat al auto de ejecución

Ante la decisión del Supremo, el TSJCV dictó un auto de ejecución definitiva de sentencia en el que ordenó a la Generalitat presentar ante la sala en un plazo de tres meses el proyecto de demolición de las torres junto con la previsión presupuestaria de su coste y habilitar el crédito en el momento en que se determinara exactamente el importe de las indemnizaciones a los propietarios.

Ese auto de ejecución fue recurrido por la Generalitat ante el alto tribunal, que acaba de comunicar, con fecha del pasado 23 de noviembre a la Generalitat, la inadmisión de ese recurso. Esta resolución no puede ser nuevamente recurrida.

Hacienda explica que ha realizado una estimación del coste, que alcanza los 100 millones de euros, importe que se obtendrá de incrementar en un 20 por ciento el precio de adquisición de cada apartamento, plazas de garaje y demás, por lo que finalmente superará ese importe. De este modo, al ser firme la decisión, la situación obligará a hacer una modificación de crédito a los presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2019 para habilitar esos 100 millones que costará la operación.