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La ministra de Educación, Isabel Celaá, este jueves en el Congreso de los Diputados/ EFE

Derogación de la Lomce El Gobierno comienza a desmontar el modelo educativo del PP

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El Congreso aprueba un proyecto de ley que rebaja el número de alumnos por aula y acaba con el incremento de la jornada laboral de los docentes. Celaá quiere llevar la derogación de la Lomce al Consejo de Ministros de este viernes.

Política

El modelo educativo que instauró el PP en 2012 parece tener los días contados. El Congreso dio ayer el primer paso para desmontar las reformas de los conservadores con la aprobación del proyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria.

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El texto, ratificado en tramitación directa y lectura única, contiene un único artículo que desgrana tres reformas que afectan, fundamentalmente, a las condiciones laborales de los docentes. La norma reduce el número de alumnos por aula (cuyo ratio había sido aumentado por el PP), elimina el incremento de la jornada del profesorado y suprime el periodo de diez días lectivos como margen obligatorio para sustituir a un docente funcionario de baja.

La ley fija que las administraciones educativas (comunidades autónomas) proveerán los recursos necesarios para garantizar que no se supere el número máximo de alumnos por aula tanto en la educación primaria como en la secundaria obligatoria, de manera que no se pueda aumentar esta ratio en un 20%, como había fijado el PP.

También recoge la norma que las administraciones con competencias podrán establecer, en su respectivo ámbito, la parte lectiva de la jornada semanal del personal docente. Durante la aprobación del proyecto de ley del Gobierno se ha admitido una enmienda transaccional del PSOE y de Unidos Podemos para establecer una recomendación que acote el espacio temporal de esa jornada lectiva y que sería, "con carácter ordinario, de un máximo de 23 horas en los centros de Educación Infantil, Primaria y Especial, y de un máximo de 18 horas en los centros que impartan el resto de enseñanzas de régimen general reguladas por la LOE".

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La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha precisado que la ley se refiere exclusivamente a las horas lectivas y no a la jornada laboral de los docentes, que sigue el régimen de los funcionarios, es decir, 37 horas y media a la semana.

Las medidas comenzarán a aplicarse en el próximo curso (2019-2020), a excepción de la que se refiere a las bajas de los docentes funcionarios, que se podrán sustituir de forma inmediata y sin esperar diez días, como hasta ahora, desde el momento en el que la norma entre en vigor.

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Pero la aprobación de este proyecto de ley, que continuará su trámite en el Senado, no es la única herramienta que busca desmontar el modelo educativo del PP. Celaá ha anunciado este jueves su intención de llevar al Consejo de Ministros del viernes el primer esbozo de la reforma de la ley educativa, destinada a derogar la Lomce. "Llevaremos al Consejo el primer visionado de propuesta de modificación de la LOE, que conlleva la derogación de la Lomce", ha asegurado en los pasillos del Congreso.

Supresión de los "aspectos más lesivos"

La ministra había señalado hace unas semanas que su reforma no derogaría de forma completa la Lomce, sino que solo suprimiría sus aspectos "más lesivos". Celaá espera que la norma pueda llegar al Congreso como proyecto de ley en enero, pero ha insistido en que, de momento, se encuentra en "tiempo de consultas" y está "recibiendo enmiendas", en referencia a las recomendaciones que hagan órganos consultivos como el Consejo Escolar del Estado o la Conferencia Sectorial que reúne a los consejeros de las comunidades autónomas.

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La reforma educativa de Celaá propone, entre otros puntos, quitar peso en la educación a la Religión (no es de oferta obligatoria en segundo de Bachillerato y la nota de esta materia no computa para conseguir, por ejemplo, una beca) y se elimina la "demanda social" para la oferta de centros concertados.

Gana peso la asignatura de Filosofía, con asignaturas en ambos cursos de Bachillerato y se introduce en Primaria y Secundaria Educación en Valores Cívicos y Éticos. Además, permite que sean las Administraciones educativas las que fijen la proporción del uso de la lengua castellana y la lengua cooficial como lengua vehicular, así como las materias que deban ser impartidas en cada una de ellas, pudiendo hacerlo de forma heterogénea en su territorio.

Por otra parte, se podrá conseguir el título de Secundaria con una asignatura suspensa y quienes cursen Secundaria y no obtengan el título recibirán una certificación oficial en la que constará el número de años cursados y el nivel de adquisición de las competencias básicas.

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