El Gobierno fue a celebrar el Consejo de Ministros a Barcelona con un propósito más que claro: limar asperezas y buscar la conciliación perdida en las últimas semanas con el Gobierno de la Generalitat, de cara a buscar una solución al llamado conflicto catalán.

Dos gestos simbólicos (el reconocimiento y la restitución de la dignidad de Lluis Companys, presidente de la Generalitat y líder de ERC fusilado por el franquismo, y el cambio del nombre del aeropuerto de Prat por el del president Josep Tarradellas) fueron aprobados por el Consejo de Gobierno, junto a la liberalización de un partida de 112 millones para la mejora de carreteras en las cuatro provincias catalanas.

No obstante, tanto los dos gestos de carácter más simbólico, como la inversión en carreteras, tampoco llenó de satisfacción a la Generalitat; ya que no fue consultada respeto al cambio del nombre del aeropuerto, y considera que el reconocimiento de Companys y la condena al Consejo de Guerra no significa la anulación de la sentencia que le condenó a muerte, como piden los independentistas. Con respecto a las inversiones, desde la Generalitat se considera que no supone ningún esfuerzo nuevo. ya que era algo comprometido desde hace años.

Pese a todo, la ministra Portavoz, Isabel Celáa; y la ministra de Política Territorial, Mertixell Batet, hicieron una valoración positiva de los acuerdos, de la reunión celebrada en Barcelona y del encuentro mantenido el jueves con el president de Catalunya, Quim Torra.

Batet indicó que, aunque el deshielo en las relaciones entre el Gobierno central y el de la Generalitat empezó en la primera reunión de julio entre ambos presidentes, el segundo encuentro expresa, en su opinión, que “el diálogo ha dado sus frutos”.

La ministra destacó que durante este tiempo se han producido “avances y ha habido medidas concretas”, y apuntó que el Ejecutivo quiere seguir trabajando en esta misma línea.

No hubo cesión

Más incómoda se mostró la ministra cuando fue preguntada si hubo cesión al independentismo, al eliminarse del comunicado conjunto que cualquier acuerdo debería estar sujeto a la Constitución, cambiándose porque debe respetar “la seguridad jurídica”.

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, con la de Administraciones Territoriales, Meritxell Batet, durante la rueda de prensa ofrecida tras el Consejo de Ministros en el edificio de la Llotja de Mar de Barcelona. EFE/ Andreu Dalmau

Con la cabeza, Batet negó que hubiera habido cesión en ese aspecto, y explicó la posición del Gobierno: “No hay seguridad jurídica sin respeto al ordenamiento jurídico, y eso está compuesto por todas las normas jurídicas, y la primera de ella es la Constitución”, dijo.

En cuanto a las reticencias de la Generalitat con los gesto del Gobierno, Celáa explicó que el cambio de nombre del aeropuerto contaba con un amplio consenso y tenía el visto bueno de la familia. Batet, por su parte, indicó que la anulación de la condena a Companys estaba en tramitación en el Congreso de los Diputados, y que requería más modificaciones jurídicas.

Finalmente, el Gobierno también puso en valor aprobación del Salario Mínimo Interprofesional y la subida salarial a los funcionarios, dos medidas que querían que fuesen aprobadas en Barcelona para lanzar el mensaje de que el Ejecutivo gobierna para todo.