El nuevo año puede pillar al Congreso con el pie cambiado. La posibilidad de un adelanto electoral marcará los primeros meses de una Cámara que entra al 2019 con prisa. Unas elecciones suprimirían la actividad legislativa y harían decaer los trámites parlamentarios que se encuentran vigentes en la actualidad.

Aunque algunas iniciativas se encuentran bloqueadas en la Mesa de la Cámara, otras han comenzado su trámite legislativo. Prácticamente descartado el adelanto electoral para los meses de marzo y abril, el Gobierno está abierto a la posibilidad de convocar elecciones generales junto con las municipales y autonómicas en mayo.

Aunque los comicios puedan retrasarse hasta otoño, el hecho de que se celebren descoloca por completo el calendario legislativo. Si Pedro Sánchez opta por convocar elecciones, por ejemplo, en septiembre, las Cortes se disolverían 54 días antes, por lo que la Cámara sería inhábil desde julio; antes, los grupos serían, en principio, conscientes del adelanto electoral, y la actividad de la Cámara se vería lastrada. Por todo ello, lo normal es que el Congreso busque resolver las iniciativas pendientes antes del mes de mayo.

Presupuestos de 2019

La iniciativa más relevante, sobre todo porque, en gran parte, de ella dependen todas las demás, son los Presupuestos, ya que sería la imposibilidad de aprobar las cuentas de 2019 lo que podría forzar el adelanto electoral más próximo en el tiempo. Aunque el Senado rechazó el techo de gasto y la senda planteada por el Gobierno decayó, el bloque de la moción de censura mandó un doble mensaje con su aprobación en el Congreso.

Por un lado, demostró que hay números y voluntad para sacar adelante las cuentas. Por otro, lanzó un mensaje de advertencia a Pedro Sánchez y le instó a moverse para resolver el problema territorial en Catalunya y para que ofrezca una solución a los líderes independentistas encarcelados si quiere recabar los apoyos suficientes para los Presupuestos. “La pelota está en su tejado”, advirtieron.

Pero la trascendencia de los Presupuestos va más allá de que finalmente sean o no aprobados. El Ejecutivo planea llevar las cuentas a la Cámara en febrero, momento en el que su trámite monopolizará gran parte de la actividad legislativa, dejando poco espacio al resto de normas.

Ley de igualdad LGTBI

Otra de las iniciativas que apremian su aprobación es la ley de igualdad LGTBI, que se encuentra en una lenta fase de ponencia en la Comisión de Igualdad. Los grupos han acordado habilitar el mes de enero en el Parlamento para continuar con un trámite que lleva nueve meses atascado por la imposibilidad de llegar a acuerdos debido a la falta de consenso de los partidos.

Las colectivos por la defensa de los derechos LGTBI han apremiado a las formaciones a que le den un empujón a ley por el temor a un adelanto electoral. Las última previsión de los grupos es que la ponencia acabe en febrero o marzo, y que la ley pueda estar aprobada en el primer trimestre de este año. Sin embargo, las formaciones admiten que no será fácil.

Pacto de Toledo

Las pensiones y el debate sobre su sostenibilidad han sido dos de los asuntos más recurrentes en 2018. Miles de personas han salido a la calle para reclamar pensiones dignas y un sistema que garantice que sean sostenibles. Cualquier reforma en este sentido pasa antes por el Congreso, a través de las recomendaciones del Pacto de Toledo. Sus trabajos también han sido lentos y la falta de consenso ha sido la dinámica dominante de la mayoría de reuniones celebradas.

Sin embargo, se han alcanzado acuerdos importantes en algunas recomendaciones. En el seno de esta comisión se acordó a finales del pasado año la necesidad volver a ligar la subida de las pensiones de acuerdo al IPC.

Ley mordaza

Pero no solo son urgentes los trámites legislativos encaminados a aprobar iniciativas. También lo son aquellos que buscan desmontarlas, como es el caso de la ley mordaza. La ley de seguridad ciudadana se encuentra en trámite de ponencia y la Comisión de Interior apenas ha celebrado un par de sesiones para reformarla.

Debido al poco tiempo de trabajo en comisión, todavía no hay grandes avances, aunque sí que se ha producido una primera reforma “conceptual” que servirá como marco al resto de modificaciones. Los grupos han consensuado una modificación en la definición de “seguridad ciudadana” que acota el concepto, lo que de facto hace imposible sostener ciertas infracciones que actualmente se amparan bajo la protección de la seguridad de los ciudadanos.

La comisión ha acordado habilitar los días 15, 16 y 17 de enero (un mes inhábil en el Congreso) para continuar con los trabajos y agilizar el trámite de ponencia para que la reforma concluya “cuanto antes”.

Despenalización de la eutanasia

La despenalización de la eutanasia es otra de las leyes a las que perjudicaría el adelanto electoral. Todavía está siendo bloqueada en la Mesa del Congreso por el PP y Cs, sin embargo, la aprobación de la denominada ley de muerte digna, impulsada por los de Albert Rivera, puede ser la llave para su desbloqueo.

El PSOE apoyó la regulación de los cuidados paliativos que recogía la ley de muerte digna. Desde Cs habían asegurado que, una vez regulada la muerte digna como opción entre el suicidio y la muerte asistida, podrían abrir el debate sobre la eutanasia y desbloquear la proposición de ley de los socialistas.

Sin embargo, una divergencia en la votación del dictamen en la comisión ha puesto en peligro el “acuerdo”. Cs incluía en su propuesta un régimen sancionador a nivel estatal, algo que el PSOE rechazó en la comisión, dejándo este asunto a las comunidades autónomas, algo que no sentó nada bien a los de Rivera, que se plantean si seguir bloqueando la ley de eutanasia.