El Partido Popular ha presentado una proposición de ley orgánica en el Congreso para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para que que aquellas personas que sean declaradas en rebeldía no puedan percibir fondos, ingresos o subvenciones de titularidad pública.

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado la proposición este miércoles en un acto en Melilla, y ha dejado muy claro a quien va dirigida: "Eso va por Puigdemont, que no puede estar viviendo en un Palacio pagado por la administración de la Generalitat cuando ha pedido más de 8.000 millones de euros del FLA (Fondo de Liquidez Autonómico)", ha aseverado el conservador, que ha criticado que las personas "fugadas" están "viviendo a costa de aquel país al que quieren destruir".

El PP propone modificar el artículo 839 de la ley atendiendo la facultad del juez de incluir en el auto de declaración de rebeldía la determinación provisional de que el rebelde no pueda recibir dichos fondos o ingresos procedentes del erario público. 

La Generalitat debe cubrir a cada expresident los gastos de una oficina con tres trabajadores y un coche de representación con chófer y servicios de seguridad; Puigdemont solicitó estas perrogativas a Quim Torra en julio. Además, ley del estatuto de los expresidente también establece que tienen derecho a una asignación mensual del 80 % de su retribución cuando eran presidentes —o del 60 % en caso de mayores de 65 años—, por un periodo equivalente a la mitad del tiempo que han estado en el cargo y, como mínimo, por una legislatura.

Además de Puigdemont, este supuesto se aplicaría a los exconsellers Lluis Puig, Clara Ponsatí y Toní Comin, la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Rovira y la exdirigente de la Cup, Anna Gabriel. 

Acorde a la proposición, la decisión sobre prohibir la percepción de fondos públicos podrá ser modificada, porque es temporal, al igual que la situación de rebeldía, y está abocada a su alteración ya sea mediante la celebración del juicio o, en su caso, el cumplimiento de la condena si procediera.

Un 155 "sin plazos y sin límites"

Casado ha defendido la necesidad de que Sánchez "ponga orden" en Catalunya con la aplicación del artículo 155 de la Constitución "sin plazos y sin límites competenciales" hasta que se “respete la ley, la convivencia y se recupere la prosperidad en Catalunya".

El lider del PP ha criticado que Pedro Sánchez esté "amenazando" con aplicar el 155 en Andalucía si el nuevo Gobierno recorta los derechos de las mujeres.  Casado afirmado que el problema no es el PP en Andalucía, sino "los independentistas golpistas en Cataluña. Manda narices".

El líder del PP también ha criticado los "homenajes" en las cárceles en las que se encuentran los líderes independentistas que, a su juicio, intentan "trasladar la imagen de que están en prisión de forma injusta porque viven en un Estado opresor que no es democrático" y ha cargado contra el Gobierno por su inacción "lo más grave es que no haya ninguna respuesta por parte del Gobierno de España".