Lo judicial arrolló las bases del tablero político y dibujó las reglas de un nuevo escenario en 2018, y todo apunta a que en 2019 ocurrirá algo muy parecido. Entonces, el giro de 180 grados llegó con la sentencia condenatoria al PP por la corrupción de la trama Gürtel, que desembocó en la moción de censura que expulsó a Mariano Rajoy de La Moncloa tras seis años y medio gobernando, y aupó al poder a un Ejecutivo socialista respaldado por los partidos nacionalistas catalanes.

Hoy, Catalunya sigue en el ojo del huracán, y lo que ocurra en el juicio a los líderes del procés marcará el año. A su vez, la corrupción seguirá siendo un tema destacado, con decenas de sesiones del juicio contra Rodrigo Rato y otros exdirigentes de Bankia por la ruinosa salida a Bolsa de la entidad, ya programadas hasta junio, y con la sentencia de los ERE andaluces ya planeando.

Esto, sin olvidar el juicio contra Ausbanc y Manos Limpias, así como las tramas corruptas Lezo y Púnica, aún en instrucción, como ocurre con Tándem y la operación Kitchen, pieza separada de la causa por la que se encuentra en prisión provisional el excomisario José Manuel Villarejo Pérez. La punta del iceberg de este caso se dejó ver con la publicación de conversaciones entre Villarejo y la ya exdiputada y exdirigente del PP, y en su día todopoderosa secretaria general del partido y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Tras una década al frente de los conservadores, Cospedal dejó la política al conocerse sus manejos con el comisario jubilado, pieza clave del funcionamiento de las Cloacas de Interior.

Todo, tras un año en el que el poder judicial se ha visto fuertemente cuestionado por los varapalos del Tribunal de Derechos Humanos de la UE, los vaivenes del Tribunal Supremo sobre el impuesto a las hipotecas y su decisión de que el pago de esta tasa recaiga sobre los consumidores, así como por sentencias como la de La Manada, o por el frustrado pacto PP-PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Estos son algunos de los casos que decantarán el año político, marcado también por las elecciones europeas, autonómicas y municipales de mayo, así como por el futurible adelanto de las generales. Este último, a su vez, guarda una estrecha relación con el oxígeno que las formaciones soberanistas quieran inyecta al Gobierno.

El procés, la piedra angular del año político

El juicio a los dirigentes independentistas catalanes marcará un antes y un después en la política española, y los avances en este frente determinarán si el Ejecutivo de Pedro Sánchez logra agotar o no la legislatura, habida cuenta de que requiere de los votos de los partidos que apoyaron la moción de censura en el Congreso de los Diputados para impulsar iniciativas en esta cámara. Previsiblemente, el juicio arrancará a finales de enero o principios de febrero.

Después de que el Tribunal Supremo optase por dividir en dos esta causa, será la Sala de lo Penal del Alto Tribunal quien finalmente juzgue a 12 de los acusados, entre ellos el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y los expresidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, todos ellos en prisión provisional junto a otros dirigentes independentistas —desde noviembre y octubre de 2017, respectivamente—. El Supremo ha dictaminado su competencia para juzgarles por los supuestos delitos de rebelión y malversación de caudales públicos, si bien ha enviado a Catalunya (TSJ) a los otros seis procesados, a los que la Fiscalía sólo atribuía un delito de desobediencia, tal y como pedían sus defensas.

Por su parte, y pese a la evidente división entre las fuerzas soberanistas, éstas se esfuerzan por vender una imagen de unidad, y ya hay previstas manifestaciones en Barcelona, Madrid y Bruselas durante los primeros días del juicio, convocadas por la ANC. La Fiscalía mantiene que sí hubo delito de rebelión, en contra de la Abogacía del Estado, que ha modificado su posición a este respecto. El Ministerio Público pide 25 años de cárcel para Junqueras, 17 para los 'Jordis' y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, y 16 para los exconsellers.

Esto, sin olvidar otro de los juicios relacionados con el procés, que afecta al exmajor de los Mossos d' Esquadra, Josep Lluís Trapero, así como a otros miembros de la anterior cúpula de este cuerpo policial. Previsiblemente también se celebrará en 2019.

Macrojuicio al fraude por la salida a Bolsa de Bankia

El macrojuicio por la salida a Bolsa de Bankia arrancará este martes, previsiblemente con la declaración de Rodrigo Rato, si el tribunal de la Audiencia Nacional que preside la magistrada Ángela Murillo desestima las peticiones de las defensas. En caso de que decida estimarlas, la declaración del exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar podría retrasarse. A finales de noviembre se celebraron cuatro sesiones dedicadas a cuestiones previas.

Hoy por hoy, la Fiscalía solo acusa a cuatro de las 34 personas físicas y jurídicas que se sientan en el banquillo —entre ellas el expresidente de la entidad—, si bien en la primera jornada del juicio el Ministerio Público abrió la puerta a un cambio de posición, que podría llevar a que acuse a la treintena de personas restantes.

Las defensas intentan evitar que las acusaciones populares continúen en el proceso: niegan su "legitimidad" y afirman que el único perjudicado por la salida a Bolsa fue el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

No obstante, según la Fiscalía no puede identificarse un perjudicado específico en el delito y, de haberlo, no sería con carácter exclusivo. Esto obedece a que la supuesta falsedad contable puso en cuestión a todo el sistema financiero español, provocando además el mayor rescate bancario de la historia.

De los más de 64.000 millones de euros de dinero público empleados en él, el agujero negro de Bankia se tragó cerca de 24.242 millones, y el Banco de España ya da por perdidos al menos 14.000 millones. Por ello, la Fiscalía sostiene que la afectación colectiva de los hechos enjuiciados es "más que relevante", y que los accionistas están legitimados para continuar en la causa.

La corrupción del PSOE andaluz, vista para sentencia...

El juicio de la pieza política del caso ERE, por el que pueden ser condenados 21 exaltos cargos de la Junta de Andalucía, quedó visto para sentencia en diciembre, tras 152 sesiones desarrolladas durante más de un año. Ante el tribunal han declarado más de 120 testigos, 9 peritos y los acusados, que afrontan penas de hasta 8 años de cárcel por prevaricación y malversación. Previsiblemente la sentencia no se conocerá hasta mediados o finales de año.

Y la corrupción del PP sigue en instrucción: Gürtel 2, Lezo, Púnica...

La condena del PP como partícipe a título lucrativo dinamitó el Gobierno Rajoy y generó la ola que llevó a Pablo Casado al frente del partido conservador; desde entonces, en sus filas se afanan por vender que la corrupción es cosa del pasado, si bien aún tienen varios frentes abiertos en los juzgados por este motivo; Gürtel 2, Púnica o Lezo aún siguen en fase de instrucción, y de ellas surgen varias piezas separadas que garantizan que la corrupción que salpica al Partido Popular siga apareciendo en los medios de comunicación.

Esto, sin olvidar el caso de la caja B, que aún está siendo investigado, y el proceso por la reforma con dinero negro de la sede de los conservadores, que sí podría llegar a juicio este año. Y sin contar con cómo pueda afectarles la operación Kitchen, una de las piezas separadas del caso Tándem, la causa por la que se encuentra en prisión Villarejo.

Recientemente, la Dirección General de la Policía reconoció ante la Audiencia Nacional que efectivamente sí tuvo lugar esta operación Kitchen; fue diseñada durante la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior -el primer ministro de Rajoy reprobado por su uso partidista del Ministerio, que el Congreso considera más que acreditado-. Bajo la batuta del Gobierno del PP, se usaron fondos reservados para robar documentos sobre las cuentas opacas del Partido Popular a su extesorero, Luis Bárcenas.

La Manada, de nuevo ante la Justicia

Ha sido uno de los casos más sonados del año, uno de los que más rechazo social han generado, pero hoy los miembros de La Manada siguen en libertad provisional. En diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra confirmó su condena a 9 años de cárcel por abuso sexual —dictada en abril—, pero aún tienen otro juicio pendiente.

En septiembre, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Pozoblanco (Córdoba) dictó auto de procesamiento contra cuatro de estos cinco condenados por presuntos abusos sexuales y delitos contra la intimidad contra otra joven, en este caso de 21 años de edad. Además de someterla a tocamientos mientras permanecía inconsciente, grabaron estos hechos y los compartieron en grupos de Whatsapp.

Ausbanc y Manos Limpias

Pendiente de fecha está también el juicio contra Ausbanc y Manos Limpias. En diciembre, la Fiscalía presentó el escrito de acusación, por el que pide 118 años y cinco meses de cárcel para el principal encausado, Luis Pineda, hoy en prisión provisional, por liderar una trama de extorsión para retirar acusaciones penales y presionar a entidades bancarias. También solicita 25 años para el líder de Manos Limpias, Miguel Bernad, y cerca de 12 para la abogada que acusó a la infanta en Nóos, Virginia López Negrete.

Cifuentes, al pie del banquillo

"Aquí tengo un acta del trabajo de fin de máster". Cuando Cristina Cifuentes, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, mostró este documento en un vídeo publicado en sus redes sociales para defender su supuesto máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) , nada hacía prever que la autoproclamada campeona contra la corrupción —incluso la de los suyos— fuera a acabar a un paso del banquillo.

La falsificación del acta y no el fraude del máster es lo que ha llevado a la URJC, que ejerce como acusación en esta causa, a pedir cuatro años de cárcel para Cifuentes. La jueza Carmen Rodríguez Medel, al frente del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, dio por concluida la fase instrucción en noviembre, si bien aún no hay fecha para la celebración del juicio. Cifuentes aguantó 35 días en su cargo, si bien decidió dimitir tras la publicación de un vídeo que la mostraba intentando robar cremas en un supermercado cuando ya era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid.

De la exhumación de Franco a Madrid Central

En otro orden de cosas, el 17 de noviembre el Supremo rechazó paralizar de forma cautelar la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. La Sección Cuarta de la Sala Contencioso Administrativa desestimó las pretensiones de la familia del dictador, si bien no entró a valorar el fondo del recurso presentado por sus nietos.

El Alto Tribunal estableció entonces que la familia volverá a tener opción de recurrir antes del traslado, que cada vez se antoja más difícil. Éste era uno de los caballos de batalla del Gobierno Sánchez, que recientemente se topó con la enésima piedra en su camino para sacar los restos del dictador de Cuelgamuros. El rechazo del prior del Valle ya ha sido contestado por el Ejecutivo, que afirma que su "posición obstrucionista" no "impedirá que el proceso siga su curso".

A su vez, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimó en el mismo mes adoptar la medida cautelarísima que pedía la asociación de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) antes de la entrada en funcionamiento de Madrid Central. El Gobierno de la Comunidad y el grupo del PP en el Ayuntamiento de Madrid también solicitaron la suspensión de la medida estrella del Consistorio que dirige Manuela Carmena, que persigue reducir en un 40% las emisiones de dióxido de nitrógeno en el centro de la capital, si bien el TSJM aún no se ha pronunciado sobre estos recursos. Las decisiones judiciales sobre estos y otros procesos pueden tener un fuerte impacto en el tablero político, sacudiendo sus cimientos y reconfigurándolo. Tal y como pasó en 2018.