Una sala dominada por consejeros elegidos a propuesta del PP tendrá que decidir si se confirma la resolución del Tribunal de Cuentas que condena a Ana Botella y a sus concejales a pagar 23 millones por la venta de 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone por un precio inferior al del mercado en 2013.

Margarita Mariscal de Gente —ministra de Justicia del primer Gobierno de Aznar—, José Manuel Suárez Robledano —presidente de la Sección de Enjuiciamiento y exportavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura—y Felipe García —designado por el Psoe en 2013— tendrán que confirmar la sentencia, según informa InfoLibre. De esta forma, una mayoría de consejeros conservadores tendrán que decidir el futuro judicial de Botella y su equipo de Gobierno. 

En el caso de que la resolución fuese confirmada por la Sala de Justicia, los condenados sólo tendrían una salida: acudir al Supremo, que podría tardar hasta siete años en resolver.

Ana Botella y su equipo vendieron 1.860 viviendas, 1.797 plazas de garaje y 1.569 trasteros, más otros 89 elementos no vinculados a los fondos buitre por 128,5 millones, cuando podría haber ingresado más de 151 millones, tal y como se confirmó en la resolución del pasado 29 de diciembre.

El Tribunal de Cuentas consideró que la venta de estas viviendas se realizó por debajo del precio de mercado y culpa a los citados responsables políticos de "incurrir en una negligencia grave" al "no impedir" el "perjuicio en el patrimonio público". "La enajenación se hizo por un precio inferior al valor mínimo posible que cabía atribuir a los inmuebles vendidos, lo que supuso un quebranto en el patrimonio público", dice el informe que habla, además, de "falta de transparencia" y "opacidad" en toda la operación.

El informe daba por hecho, por ejemplo, que el fondo Blackstone tuvo información privilegiada y que el Gobierno de Botella pagó dos millones de euros a una empresa sin que se hubiera probado su participación en la compraventa.

Incumple varios artículos de la Ley

La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid en 2016 ya denunció que la venta de estas viviendas públicas se hizo "sin atenerse a las referidas instrucciones internas de contratación ni elaborar un pliego de condiciones de venta, ni hacer el estudio o informes de necesidad y viabilidad técnica y jurídica de la operación ni fijar con carácter previo al proceso de publicación de la venta el valor de las promociones a enajenar".

El organismo madrileño concluía que la venta incumplió la normativa interna y varios artículos de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), así como los criterios de "racionalidad, economía y eficacia que deben presidir la gestión de los intereses públicos".

El Ayuntamiento estudia volver a pedir la nulidad

Este no es le primer enfrentamiento judicial al que Botella y su equipo de Gobierno podrían enfrentarse. Tanto es así, que el Ayuntamiento de Madrid anunció que está estudiando la apertura de un nuevo episodio para reclamar la nulidad de la venta de viviendas públicas. 

Además, el Ejecutivo de Manuela Carmenase plantea recurrir la sentencia del Tribunal de Cuentas, ya que considera que el perjuicio al erario es mayor al cifrado por el fallo. No obstante, tal y como valoraron en su momento fuentes del Consistorio, el equipo de Ahora Madrid celebra la resolución.