Alcoa, La Naval o Isowat; tres cierre de empresas en los que casi la única posibilidad de salvar a los trabajadores es el rescate del Gobierno. Para el primero, quedan pocos días para el desenlace final que mantiene en vilo a los 700 trabajadores. El 15 de enero termina el tiempo de negociación sobre el ERE de sus plantas en A Coruña y Avilés. El ministerio de Industria sólo ha intervenido en la negociación pero trabajadores, agentes sociales y partidos políticos le piden que vaya más allá.

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, rechazó la intervención el pasado noviembre alegando que "no estamos en un régimen comunista". La multinacional estadounidense es la única productora de aluminio, teniendo el monopolio de un sector estratégico para el país y para Europa. El sector se privatizó hace veinte años por el Gobierno de José María Aznar y la multinacional se quedó con el monopolio por lo que se perdería la producción. El rescate de este sector, si miramos a los países vecinos de la Unión Europa, vemos que es una intervención común en países que lejos están de poder compararse con un régimen comunista. En algunos casos, para evitar el cierres de industrias similares.

La respuesta de Valerio vino ante las múltiples peticiones de los trabajadores, sindicatos y el grupo confederal de Unidos Podemos - En Comú Podem - En Marea. Estos agentes han reclamado ante el Gobierno que la intervención que salvaría estos puestos de trabajo no contradice la normativa europea que permite la compra de la unidad productiva o los activos en liquidación por medio de una empresa de capital público, bien de participación mayoritaria o minoritaria. Además, el artículo 128 de la Constitución reconoce "la iniciativa pública en la actividad económica". "Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general", dicta. 

Francia es uno de los mejores empleos. Aunque Emmanuel Macron ha anunciado una ola de privatizaciones, hasta el momento el Estado posee capital propio en 81 compañías francesas que van desde Alstom a Renault. También tiene participaciones en el principal operador del país, France Telecom; en la compañía aérea Air France y en la primera empresa eléctrica; Electricité de France. Según informó el Financial Times, el valor de estas empresas es de 100.000 millones de euros y generan 1,7 millones de puestos de trabajo.

En comparación con los casos españoles, destaca la intervención en el astillero STX France el pasado julio. El Estado francés adquirió en 2017 las acciones de los astilleros franceses STX, antigua filial de STX Korea, en liquidación, para evitar la venta a una empresa italiana y poder seguir con las negociaciones para compartir la gestión.

Sobre esta operación, Margrethe Vestager, comisaria de competencia, indicó: "Las normas del Tratado sobre la neutralidad de la propiedad pública o privada permiten la propiedad y el control en última instancia por parte de Italia o de Francia mediante la adquisición de las acciones existentes propiedad de STX Korea, en liquidación, sin que ello sea objeto de examen a la luz de la normativa sobre ayudas estatales, puesto que la adquisición de acciones existentes en poder de un tercero no aporta, en sentido estricto, nuevos recursos del Estado a la empresa. Esas normas tampoco se oponen a la realización de inversiones públicas posteriores en condiciones de mercado, lo que sería aceptable para un operador privado".

Alemania también tiene participaciones en varias empresas que llegan al productor de automóviles, el Grupo Volkswagen; de nuevo en las comunicaciones, al igual que en el país galo, con parte de accionariado de Deutsche Telekom; también en RWE, el segundo productor de energía del país; y en Salzgitter, un conglomerado dedicado a la industria siderúrgica. Lo mismo ocurre en Italia con ENEL, la compañía eléctrica más importante del país; la principal petrolera italiana o Finmeccanica, un holding industrial con inversiones en energía, transporte, aeronáutica y electrónica.

De hecho, en Gobierno italiana ha intervenido en una empresa de Alcoa es la isla de Cerdeña. La empresa de la multinacional que cerró en 2012 volverá a tener actividad por la compañía suiza Siders Alloy. La venta se realiza tras un largo período de negociaciones del Gobierno italiano y la empresa. Según explica La Opinión A Coruña, el reparto de los 135 millones de euros que, aproximadamente, costará el arranque será:  84 millones proceden de un préstamo subsidiado a devolver en ocho años, 20 de Alcoa, 10 serán los que invierta Siders Alloy para construir una planta de alambrón, ocho los aporta la región de Cerdeña y el resto de la compañía suiza. La agencia italiana para el desarrollo (Invitalia) tendrá un peso del 20% en el accionariado.

Otro ejemplo lo tenemos aún más cercano y de la mano del Gobierno español. Desde los 90 con el Gobierno de Aznar comenzó la oleada de privatizaciones de sectores estratégicos para el país, pero el Ejecutivo ha tenido que rescatar varias de las empresas. Uno de los últimos casos es el rescate de las autopistas, que supune para Fomento una inversión de 317 millones de euros.