Los fantasmas de la debilidad parlamentaria del Gobierno han regresado este martes al Congreso. El Ejecutivo no logrará sacar adelante su decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. A pesar de haber dedicado buena parte del día de ayer a negociar el apoyo a la noma con su principal socio parlamentario, Unidos Podemos, los de Iglesias han optado por votar en contra.

La portavoz del grupo confederal, Irene Montero, ha anunciado a la entrada del Pleno su rechazo al decreto porque la norma del Ejecutivo "no recoge los acuerdos que hemos pactado", en referencia a la posibilidad de que los ayuntamientos puedan limitar los precios de los alquileres abusivos.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha insistido en la necesidad de que la batería de medidas planteadas en el decreto salgan adelante porque suponen "las primeras reformas para comenzar lo que debe ser un giro fundamental en la política de vivienda", y ha explicado que la intención del Gobierno es la de atraer al resto de fuerzas políticas a un pacto de Estado por la vivienda y la de trabajar por elaborar una ley estatal más ambiciosa en esta materia.

Ábalos ha descrito la situación de "emergencia" que, a su juicio, justifica la necesidad de las medidas planteadas por Fomento: "El 43% de las familias que viven en régimen de alquiler sufren sobreexposición financiera en los gastos de vivienda, siendo la tasa más alta de los países de nuestro entorno; El año pasado se cerró con un 7,9% más de desahucios que en 2017; hay un escasísimo parque público de vivienda social... Hay que actuar de manera inmediata.

Entre otras modificaciones, el decreto ampliaba el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento de vivienda de 3 a 5 años (o 7 años si el arrendador es persona jurídica), lo que de facto representa el aumento del plazo legal mínimo en el que el inquilino puede permanecer en la vivienda arrendada.

Además, se pretendía establecer la ampliación de uno a tres años el plazo de prórroga tácita por el que se amplía el contrato una vez transcurrido el periodo de prórroga obligatoria, en el caso de que el arrendatario o el arrendador no expresen su voluntad de no renovarlo. También contemplaba la limitación de las garantías adicionales a la fianza a un máximo de dos mensualidades.

"Las oportunidades se presentan, y se aprovechan o se desaprovechan, ha advertido Ábalos al final de su intervención. El rechazo de Unidos Podemos, sumado al ya anunciado por el PP y Ciudadanos, hace que el decreto no pueda prosperar en el Congreso al recibir más votos en contra que apoyos.

Desde Unidos Podemos se han mostrado bastante duros con el Ejecutivo. La portavoz de En Comú Podem, Lucía Martín, ha denunciado que "cada línea" del contenido del decreto parece haber sido escrita por la ministra de Economía. "Menos mal que ha subido usted a defender el decreto y no Nadia Calviño", le ha dicho Martín al ministro de Fomento. "El contenido se empezó a redactar cuando Blackstone (fondo buitre) se dirigió a la ministra de Economía para avisarle de que las medidas no podían aplicarse en los términos del acuerdo presupuestario".

"No queremos humillarles ni hacerles daño"

"Habíamos firmado un acuerdo potente", ha lamentado la portavoz de En Comú Podem, que, sin embargo, ha querido matizar que el rechazo de Unidos Podemos al decreto no representa una ruptura, y que sus consecuencias se limitan simplemente a la censura de la norma. "Nuestro voto no busca humillarles ni hacerles daño, no queremos deshacer la mayoría de la moción de censura, pero votar en contra es un acto de responsabilidad".

Martín ha pedido al Gobierno "seguir trabajando" con su grupo para poder presentar un real decreto en breve" en esta materia. "Escuchen a los inquilinos y a las plataformas de afectados, que exigen que plantemos cara a quienes siempre han decidido la política de vivienda del país. Sean valientes y pónganse del lado de la gente".

Tras el debate del decreto, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha lamentado que el decreto no prosperase en la Cámara, pero ha querido expresar una intención constructiva con los de Iglesias, además de dejar el acuerdo presupuestario fuera del Pleno de este martes. "Lo que está en peligro es el real decreto, no los Presupuestos. Tenemos un acuerdo con Podemos. Además, todavía hay abierta una mesa de negociación para los temas de alquiler. Evidentemente es una mala noticia, pero seguiremos trabajando".

La portavoz socialista, sin embargo, ha querido mandar un mensaje a Unidos Podemos sobre la necesidad de atraer a otras fuerzas políticas a los acuerdos sobre vivienda. "Un real decreto no puede salir solo con los votos de PSOE y Podemos, sino con el apoyo de otras fuerzas. Sabíamos que no sería fácil gobernar en esta situación, pero sacaremos medidas".

Durante el debate, el resto de grupos también se han mostrado críticos con el decreto del Ejecutivo. Desde el PP han calificado la norma de "propaganda electoral" y le han advertido de que si asume la intervención de los alquileres abusivos que exige Podemos, "lo siguiente que le van a pedir es regular la okupación de vivienda".

La diputada de Compromís Marta Sorlí ha anunciado el voto a favor de su grupo, pero solo si se tramita como proyecto de ley, postura que han tomado también partidos como el PNV o el PDeCAT. "El decreto se queda corto. Al Gobierno le falta valentía y nos obliga a elegir entre lo malo y lo peor", ha concluido Sorlí.