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Los exconsellers presos no comparecen en la comisión sobre el 155 al no haberse pronunciado el Supremo

JxCat, ERC, los comuns y la CUP han leído un manifiesto que recrimina al TS que haya "obstaculizado" el trabajo del Parlament impidiendo que se pudiera hacer la comparecencia.

Comisión de investigación del Parlament sobre el 155. EUROPA PRESS

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Los exconsellers presos que estaban citados este martes en la comisión de investigación del Parlament sobre el 155 no han comparecido porque el Tribunal Supremo (TS) no se ha pronunciado sobre si les autoriza a participar en la comisión presencialmente o por videoconferencia.

La comparecencia estaba prevista a las 9.00 horas, pero el presidente de la comisión, Toni Morral (JxCat), ha informado que el Supremo no ha emitido todavía una autorización, por lo que la comparecencia es "inviable" este martes.

La comisión citó a los exconsellers Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull y Dolors Bassa, todos en prisión preventiva, para que aportaran su visión sobre la aplicación del 155, y el presidente de la Cámara, Roger Torrent, envió una carta al TS informando de la volundad del Parlament de que comparecieran.

Morral ha explicado que el Supremo recibió el 27 de diciembre la comunicación de Torrent y ha tenido "tiempo sobradamente suficiente" para iniciar los trámites para decidir sobre la comparecencia de los presos.

Sin embargo, ha asegurado que el Alto Tribunal hizo llegar la petición a la Fiscalía y a las defensas de los exconsellers el viernes a las 13.30 y entonces se abrió un plazo de tres días ordinarios –hasta este jueves– para que las partes se pronunciaran.

Así, el Supremo no puede emitir una autorización hasta que acabe este plazo, aunque es dos días más tarde de la fecha prevista para la comparecencia.

Morral ha alertado de que esta actuación del TS "abre todas las puertas a especulaciones sobre cómo se administra el calendario para hacer inviables" las comparecencias.

Asimismo, ha avisado de que la Mesa de la comisión "persistirá en la voluntad de que comparezcan sin que el procedimiento sea un obstáculo; es un derecho y un deber que no puede limitar ningún juez".

En este sentido, ha anunciado que en los próximos días la Mesa estudiará en qué fechas pueden volver a pedir la comparecencia de los exconsellers en prisión: "La Mesa se compromete a seguir con los trámites para que estas comparecencias sean posibles".

Manifiesto

JxCat, ERC, los comuns y la CUP –los únicos grupos presentes en la comisión– han leído un manifiesto que ha recriminado al Supremo que haya "obstaculizado" el trabajo parlamentario impidiendo que se pudiera hacer la comparecencia.

También han criticado que los exconsellers encarcelados "no puedan cumplir con su derecho y deber a comparecencia, constatando una nueva vulneración de derechos", y han defendido que Torrent comunicó la comparecencia al Tribunal con la antelación suficiente.

"Denunciamos la estrategia dilatoria del Supremo", afirma el manifiesto, e insta al Supremo a que resuelva la petición para que los presos comparezcan y respete la voluntad de la Cámara catalana.

Intervenciones

La diputada de los comuns, Jéssica Albiach, ha señalado que el Supremo "vuelve a mostrar un menosprecio absoluto en contra del autogobierno y la soberanía del pueblo de Catalunya", y ha acusado al Alto Tribunal de jugar con los tiempos para evitar las comparecencias.

El cupaire Carles Riera ha sostenido que el TS "manipula la legislación y los procedimientos para no permitir que puedan venir a explicar la verdad", y ha asegurado que ha faltado el respeto al Parlament y ha vulnerado los derechos de los exconsellers.

Además, Jordi Orobitg (ERC) ha insistido en que, según él, esta actitud del Supremo forma parte de la vulneración de derechos que cree que es el juicio contra el 1-O y ha pedido que "España decida de una vez si quiere ser Turquía o quiere ser Estrasburgo".

Por parte de JxCat, Gemma Geis ha reprochado que "es más fácil que comparezca Bárcenas en una comisión de investigación que los presos políticos", y ha considerado que esto evidencia la politización de la justicia española.

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