El Congreso ha retomado este miércoles las labores destinadas a reformar la ley de seguridad ciudadana aprobada por el PP, conocida como “Ley Mordaza”. En su primera reunión para elaborar la ponencia, a finales de noviembre, los grupos llegaron a un principio de acuerdo para definir el concepto de “seguridad ciudadana” con el objetivo de limitar determinadas actuaciones que afectan a derechos sociales.

En esta última, los partidos han abordado ya cuestiones concretas y específicas del articulado de la norma (el texto sobre el que se trabaja, y que sustituirá a la actual ley, fue presentado por el PNV), y, según fuentes de la Comisión de Interior, hay algunas cuestiones en las que se ha logrado alcanzar un principio de acuerdo.
En la actualidad se aborda el debate para elaborar el informe de la ponencia, que posteriormente será votado en comisión; por lo que, hasta que no llegue la votación, ninguno de los acuerdos será definitivo, aunque la coincidencia de la mayoría de los grupos en determinadas cuestiones marca ya el rumbo concreto de las reformas.

Los grupos han tratado ya 29 de los 54 artículos que componen la proposición de ley, y en la última reunión han debatido específicamente sobre los artículos relativos al Capítulo III de “mantenimiento y restablecimiento de la seguridad” , y al IV, sobre “potestades especiales de la policía en la administración de seguridad”.
En este sentido, la mayoría de los partidos ha aceptado una enmienda que restringe los registros corporales “en profundidad” al ámbito de las dependencias policiales.

Lo que se pretende, aseguran fuentes de la comisión, es que estos registros se practiquen “como norma general” en dependencias policiales, y, de esta manera, limitar lo máximo posible los registros que implican desnudos en la calle.Los agentes podrán practicar estos registros en la calle solo cuando perciban la existencia de un riesgo real para su seguridad o la de la ciudadanía. Fuentes presentes en el debate de la ponencia explican que el objetivo de esta medida es el de evitar que el registro corporal en profundidad se utilice como una suerte de medida disuasoria destinada a “humillar” a la persona y también el de evitar que existan posibles tratos discriminatorios.

En la ley actual el único límite que se establece para estos registros es que se deberán efectuar “en un lugar reservado y fuera de la vista de terceros” en los casos en que se “exigiera dejar a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas por ropa”. Se quiere establecer además que estos registros se hagan respetando cuestiones como la identidad sexual.

Los grupos también estudian la posibilidad de reducir el tiempo en el que una persona puede permanecer retenida en dependencias policiales para proceder con su identificación. Actualmente la norma fija un máximo de seis horas, pero la mayoría de los partidos están de acuerdo en incluir en la ley una estimación en base al tiempo medio que los agentes tardan en identificar a una persona.

La comisión ha realizado una consulta al Ministerio del Interior para que ofrezca datos concretos sobre estas actuaciones que le sirvan como base para realizar el cálculo. Además, los partidos han llegado a un principio de acuerdo para que aquellas personas que sean desplazadas a dependencias policiales para su identificación no permanezcan incomunicadas con el exterior.

Por ello, si el acuerdo se concreta, estas personas tendrán derecho a realizar una llamada para comunicarse con quien consideren, y en caso de que no pudieran hacerlo (por ejemplo, por no disponer en ese momento de un teléfono móvil), los agentes deberán facilitar la gestión.

La mediación antes del desalojo

También han alcanzado un principio de acuerdo los grupos en el apartado que se refiere a la entrada de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en domicilios y edificios de organismos oficiales. En la actualidad, la ley de seguridad ciudadana establece que “para la entrada en edificios ocupados por organismos oficiales o entidades públicas, no será preciso el consentimiento de la autoridad o funcionario que los tuviere a su cargo”.

La mayoría de los partidos quiere que el funcionario competente sea, al menos, avisado de la acción de los agentes antes de que esta tenga lugar. Fuentes de la comisión explican que esta situación se puede dar con “una protesta que logre entrar, por ejemplo, a un ayuntamiento. La intención de esta reforma es que, antes de que los agentes procedan al desalojo, se dé un margen de tiempo al alcalde o a la autoridad competente en cada caso para que pueda dialogar y evitar, de esta manera, el desalojo forzoso y las acciones que pueda acarrear”.

Los grupos han acordado continuar con los trabajos de la ponencia la primera semana de febrero (los días 6 y 7). Durante estas reuniones está previsto que aborden cuestiones polémicas como las que se refieren a los derechos de reunión y manifestación, y el régimen sancionador de la ley.