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Olvido, machismo y xenofobia: la izquierda social alerta de los riesgos del avance ultra

Entidades memorialistas, sindicatos, partidos de izquierdas y colectivos lanzan en Zaragoza un manifiesto unitario en el que advierten del peligro que entraña para los logros sociales el flirteo de las formaciones constitucionalistas con la extrema derecha iniciado en Andalucía por el PP y C’s con Vox

Las más de 40 entidades firmantes del manifiesto apelan a la responsabilidad de las instituciones para “no convertirnos en espectadores pasivos o cómplices de los agravios y del desastre”. E.B.

“Somos conscientes de que, con la llegada a las instituciones de la extrema derecha y los pactos políticos con los representantes de esta ideología, se abrirá de nuevo un periodo de ocultación de lo que significó el franquismo inicial y la larga dictadura posterior. Nuestro país, que no ha sido capaz de enfrentarse abiertamente a su pasado, corre el riesgo de cometer una nueva afrenta con todos los diversos colectivos que de una forma u otra fueron víctimas, directas o indirectas, de la acción impune de la dictadura y sus esbirros”, advierten las más de cuarenta entidades memorialistas (18), partidos políticos de la izquierda, organizaciones sindicales, grupos vecinales y colectivos sociales que suscriben el Manifiesto por la democracia y las libertades: ¡Fuera la extrema derecha de las instituciones!, presentado este viernes en un acto celebrado en el centro cívico La Almozara, de Zaragoza.

El manifiesto, que se enmarca en la catarata de reacciones que ha provocado en los ámbitos memorialistaS, feministas y de defensa de los derechos humanos de todo el país la irrupción de Vox en las instituciones políticas y su acuerdo de investidura al Gobierno PP-C’s en Andalucía, señala que “no podemos permanecer indiferentes” cuando “algunos de los partidos que se denominan constitucionalistas no tienen ningún pudor para pactar acuerdos de gobierno con fuerzas políticas de extrema derecha, cuyos postulados representan un peligro evidente para el mantenimiento de los derechos colectivos e individuales”.

El listado de firmas, en el que predominan las entidades memorialistas y entre las que figuran tres asociaciones catalanas y una de Soria, y que sigue abierto a otras formaciones, supone un ejercicio de unidad de la izquierda política y social que no se daba desde hacía tiempo en Aragón, ya que reúne a partidos de la órbita socialdemócrata como el PSOE y a sindicatos libertarios como CNT junto a ateneos republicanos, entidades feministas, grupos vecinales y organizaciones laicistas como Mhuel (Movimiento Hacia Un Estado Laico).

“Llevábamos mucho tiempo sin ver el posicionamiento de todos los actores sociales de una manera tan clara y unánime”, señaló el coordinador de IU en Aragón, Álvaro Sanz, que destacó ese ejercicio de “unidad desde lo importante, que son los valores morales que representó el republicanismo como antídoto para el fascismo y la violencia que lo caracteriza”. “Es un ejemplo de unidad en torno a los elementos de esa España que todos queremos, y que no es una España de patriotas y antipatriotas sino de fraternidad”, añadió.

“Están sabiendo entender el momento”

Sanz agradeció la iniciativa de las entidades memorialistas, que han sido las que han impulsado el manifiesto. “Están sabiendo entender la importancia del momento”, dijo.

Juan Manuel Calvo, de Amical de Mathausen, y Charo Artal, del colectivo Mujeres Feministas del Actur y del 8-M, durante la lectura del manifiesto. E.B.

Juan Manuel Calvo, de Amical de Mathausen, y Charo Artal, del colectivo Mujeres Feministas del Actur y del 8-M, durante la lectura del manifiesto. E.B.

José Manuel Calvo, de Amical de Mathaussen, que leyó el texto junto con Charo Artal, de las Mujeres Feministas del Actur y del 8-M, se refirió a “la necesidad de denunciar lo que ha empezado a ocurrir en Andalucía” y destacó “la importancia de luchar por la memoria, pero no solo, sino también por los Derechos Humanos”.

La iniciativa partió de las entidades memorialistas de la comunidad, que este viernes fundaron una plataforma que hará de interlocutora con las administraciones cuando el próximo 22 de febrero entre en vigor la Ley de Memoria Democrática, y fue coordinada, precisamente, a través del grupo de WathsApp que crearon durante el proceso de participación previo a la tramitación de esa norma.

Machismo, xenofobia y olvido

El manifiesto, que rechaza “de plano el pacto político con quienes defienden en su programa, la limitación de alguno de los logros sociales, conseguidos tras años de luchas y de compromiso de generaciones enteras”, se basa, de hecho, en la defensa de los avances logrados en España en esos tres ámbitos.

En este sentido, las entidades que lo suscriben muestran su oposición a “que sean cuestionadas las leyes implementadas para intentar combatir el machismo, como un mal intrínseco a nuestra sociedad”, denuncian “las medidas xenófobas y discriminatorias” con “las que se intenta culpabilizar de los problemas reales de la población a quienes huyen de la guerra y buscan refugio en nuestra casa”, a “las personas que optan por vivir una sexualidad libre y sin prejuicios sociales o religiosos” y a “los sectores sociales que optan por alternativas de vida ‘no tradicionales” y rechazan, también, los intentos de “igualar la memoria de las víctimas con la de los verdugos, la de los que defendieron la legalidad de la República con la de los que provocaron un golpe de estado que costó miles de víctimas durante una larga guerra para aniquilarla”.

“Conocemos de dónde venimos y qué circunstancias nos han abocado a la situación actual”, anota el documento, que muestra su preocupación por “los discursos y las actitudes que recuerdan a las épocas más oscuras de la historia de Europa”, lanza “un llamamiento a los representantes políticos e institucionales para que se comprometan con la defensa de estos valores y de los derechos que nos asisten como ciudadanos y ciudadanas libres” y apela a “la responsabilidad de toda la sociedad para estar alerta y no convertirnos en espectadores pasivos o cómplices de los agravios y del desastre”.

“No consentimos que se pongan en peligro principios básicos de una sociedad justa e integradora, donde los poderes públicos han de estar al servicio de la ciudadanía, sin exclusiones”, añade.

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