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El ex mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero enla Audiencia Nacional. EFE/Archivo

Juicio Independencia El fiscal Rubira cuestiona la "imparcialidad" de los tribunales catalanes para juzgar a Trapero

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"¿Puede haber imparcialidad, serenidad si se manda la rebelión y la sedición a Catalunya?", pregunta el fiscal, en la primera jornada de cuestiones previas en el juicio contra el exmajor de los Mossos y otros tres acusados, en la Audiencia Nacional.

Política

El fiscal Pedro Rubira ha defendido este martes la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar a la excúpula de los Mossos, entre ellos al mayor Josep Lluís Trapero, y ha cuestionado la imparcialidad de los tribunales catalanes para enjuiciar los delitos de sedición y rebelión derivados del procés

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"¿Puede haber imparcialidad, serenidad si se manda la rebelión y la sedición a Cataluña?", cuestiona el fiscal

"¿Puede haber imparcialidad, serenidad si se manda la rebelión y la sedición a Catalunya?", se ha preguntado Rubira en el transcurso de la vista de previo pronunciamiento celebrada para examinar las alegaciones contra la competencia de la Audiencia Nacional.

De los cuatro acusados, solo dos la cuestionan, el ex secretario general de Interior César Puig y el exdirector de los Mossos Pere Soler, mientras que los otros dos, Trapero y la intendente Teresa Laplana, han declinado presentar alegaciones asumiendo de facto que sea este tribunal el que les juzgue.

En esta causa la Audiencia juzgará a cuatro procesados, si bien el Tribunal Supremo es responsable del juicio oral contra 12 dirigentes independentistas, entre ellos el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, también líder de ERC. Este juicio arranca el próximo martes, 12 de febrero. 

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Durante la vista, celebrada ante la sección primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, a la que corresponde juzgar estos hechos, el abogado de Puig, Jaume Alonso-Cuevillas, (que también representa a Puigdemont) ha expuesto que desde que la Sala fijó la competencia en noviembre de 2017, al inicio de la instrucción, "el ámbito subjetivo" del procedimiento no es el mismo porque varios imputados pasaron a ser competencia del Tribunal Supremo.

Según esta defensa, la interpretación de los delitos contra la forma de gobierno, que según el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial serían competencia de la Audiencia Nacional, debe hacerse de forma restrictiva, lo que entiende no se ha hecho en este caso al englobar en ellos los de sedición y rebelión.

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Ha tachado de "vulgar o coloquial" la interpretación de la Audiencia Nacional para quedarse la causa y cree que si finalmente se les juzga en este tribunal se estaría vulnerando el derecho de los acusados al juez predeterminado por la ley.

Esto, ha advertido, podría ser interpretado en tribunales europeos "como la articulación de un tribunal de excepción para un caso concreto".

Tras repasar los sucesivos códigos penales desde el de 1973, el letrado ha asegurado que siempre se han regulado de forma separada los delitos contra la forma de gobierno y los de sedición y rebelión, que, considera, deben juzgarse en el lugar en el que se han producido.

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Y ha reclamado que se decrete la nulidad de lo actuado en esta causa y se remita para su instrucción al juzgado competente de Barcelona o que se acuerde la inhibición a favor de la Audiencia Provincial de Barcelona.

En la misma línea ha ido el letrado de Pere Soler, Pau Ferrer, que ha defendido que la rebelión y la sedición "no son delitos contra la forma de gobierno y por tanto la Audiencia Nacional no es competente".

Ha destacado además que no se ha identificado "un solo hecho delictivo que haya ocurrido fuera de la comunidad autónoma de Cataluña", defendiendo así la competencia de los tribunales catalanes.

Para rebatir estas cuestiones, el fiscal Rubira ha expuesto que cuando se escindió esta causa, que se inició con una querella de la Fiscalía, el Supremo estableció que con respecto a la causa que se quedaba el alto tribunal y la de la Audiencia Nacional "existía una unidad delictiva con una pluralidad subjetiva".

Ha recordado que, de este modo, el Supremo juzgará a los altos cargos del exgovern catalán, mientras que la Audiencia se encarga del enjuiciamiento de sus subordinados, al existir una diferencia en la participación de cada uno, pero por los mismos delitos.

También ha negado que los hechos se hubieran ceñido a la comunidad catalana ya que hubo efectos en el exterior como cuando se utilizó un servidor de internet para recoger los datos del censo electoral del 1-O, por lo que la competencia trascendería a los tribunales catalanes, de los que ha llegado a cuestionar además su imparcialidad para juzgar estos hechos.

La Audiencia Nacional sería por tanto la competente para juzgarlos porque si bien no es competente para todos los delitos de sedición y rebelión, sí lo es para los que afectan a las funciones de gobierno, ha insistido el fiscal.

La Fiscalía no duda de la profesionalidad de los jueces catalanes

La Fiscalía ha aclarado que, cuando el fiscal Pedro Rubira ha cuestionado la imparcialidad de los tribunales catalanes en el "procés", "en ningún caso se duda de la profesionalidad de los magistrados que ejercen sus funciones en Cataluña", y que a lo que se refería es al ambiente de crispación.

El portavoz de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, ha hecho esta aclaración en una nota de prensa emitida tras la celebración de la vista del artículo de previo pronunciamiento celebrada para dirimir si la Audiencia Nacional es competente para juzgar a la cúpula de los Mossos por el 1-O.

En la vista, Rubira se ha preguntado si puede haber "imparcialidad" y "serenidad" si se manda este procedimiento por rebelión y sedición a Cataluña.

Sobre esta cuestión, desde la Fiscalía se asegura que Rubira no ha pretendido poner en duda a los jueces que "con su desempeño diario garantizan el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y la aplicación de las normas de nuestro ordenamiento jurídico".

Carballo precisa que su compañero se ha apoyado en lo que decía la querella de la Fiscalía que dio lugar a esta causa y en la que se señalaba: "En el presente caso también se observa la conveniencia de preservar la necesaria serenidad en el enjuiciamiento de unas conductas que están generando un sentimiento de fractura social que no se puede desconocer".

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