La tercera sesión del juicio por la malversación de fondos públicos de la Comunidad de Madrid en 2008 para espiar a dirigentes políticos del Partido Popular acoge este viernes las declaraciones de dos pesos pesados de la etapa más oscura de la corrupción madrileña y del partido que encabezaba Mariano Rajoy, las de los ex vicepresidentes autonómicos Alfredo Prada y Francisco Granados, en los ejecutivos de Esperanza Aguirres.

Prada comparece como presunta víctima, aunque fue el primero en retirar la denuncia contra los tres guardias civiles, dos policías y el técnico de seguridad que se sientan en el banquillo de los acusados. Así lo han ido haciendo el resto de espiados, y también la Fiscalía. Las únicas acusaciones son la Comunidad de Madrid y la del abogado del PSOE, que ya ha sido reprendido varias veces por el tribunal debido a su escaso interés por la causa.

Por su parte, Francisco Granado, imputado por el caso Púnica, comparece en el juicio por ser conocedor de los hechos y no actuar.

Todo indica que se urdió un montaje al menos contra el sargento José Oreja, el guardia Antonio Coronado y el técnico José Manuel Pinto desde las altas instancias de la Comunidad de Madrid, ayudadas por el exjefe de la UDEF, José Luis Olivera, y el entonces fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, para ocultar los encargos que tanto Francisco Granados como Ignacio González le hacían a la agencia de detectives Método 3, dirigida por Francisco Marco.

Los pagos han quedado acreditados en otras investigaciones, ya sean a través del Canal de Isabel II, por el empresario David Marjaliza o por la sociedad OHL. Sin embargo, un error del juzgado en la citación ha provocado que no esté confirmado que el detective Francisco Marco vaya a declarar en la causa. 

El cruce más esperado: Aguirre y González

Alfredo Prada y Francisco Granados eran rivales políticos. El primero ocupaba la consejería de Justicia y el segundo la de Interior hasta que, tras saltar el escándalo del espionaje (con la filtración de unos presuntos partes de seguimientos en el diario El País que ahora están desacreditados), Prada abandonó sus cargos en la el Ejecutivo autonómico madrileño y Granados se hizo con su Consejería. 

Junto a Prada, y según la filtración que es la única prueba para condenar a los acusados, también habrían sido espiados la senadora Carmen Flores (a la que se la relacionaba estrechamente con el extesorero del PP, Álvaro Lapuerta), el ex teniente alcalde de la capital, Manuel Cobo, y la expresidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes. 

Alfredo Prada, Manuel Cobo y Alberto Ruiz-Gallardón.

Caído Prada, y con el escándalo de la Ciudad de la Justicia a cuestas, Granados e Ignacio González pasaron a ser la guardia de corps de la todopoderosa presidenta de Madrid, del PP y de la Comunidad.

Capaz de enfrentarse a su rival regional Alberto Ruiz Gallardón o al presidente del PP, Mariano Rajoy, la dama de hierro lidiaba con todos quizá sirviéndose de los servicios de policía paralela desde que en 2005 encargara espiar a los concejales de Majadahonda, como desveló Público. Es la única dirigente popular que ha reconocido haberse reunido con el comisario José Manuel Villarejo, sin necesidad de que el ahora expolicía preso la amenace con sacar una grabación.  

El lunes de la próxima semana, el juicio se reanudará con las declaraciones de Ignacio González y de Esperanza Aguirre. Dos enormes personajes para los modestos pasillos de la Audiencia Provincial.