La comisión de investigación sobre la corrupción política de la Asamblea de Madrid ha asegurado, en su reciente informe de conclusiones, que hubo una "intención clara de favorecer", por parte del Gobierno regional, a los fondos de inversión licitadores, y a la postre adjudicatarios, de la venta de casi 3.000 vivienda sociales del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) en 2013.

"Se puede afirmar que los responsables políticos de la enajenación utilizaron viviendas públicas para favorecer los intereses especulativos de grandes inversores conociendo perfectamente el quebranto económico que la operación iba a causar a la Comunidad de Madrid y, lo que es más grave, sin tener en consideración los derechos de los inquilinos de esas viviendas públicas y la pérdida de utilidad social de las mismas", han señalado los grupos parlamentarios de la oposición (PSOE, Podemos y Cs) en su informe final.

En noviembre de 2015 comparecieron en la comisión la presidente de la Asociación de Afectados por esta venta, Sonia Martínez, los exgerentes del Ivima, Ana Gomendio y Juan Van-Halen; la exsecretaria técnica de la Consejería de Transportes Matilde García; el socio fundador del Grupo Azora y presidente de Encasa Cibeles Fernando Gumizio; el exsecretario general del IVIMA Javier Carmena; el exconsejero de Transportes Pablo Cavero y el expresidente regional Ignacio González.

De dichas intervenciones los diputados concluyen que, con el argumento de la crisis económica, el Gobierno regional tenía una voluntad política "clara" para vender las viviendas sociales a licitadores "con una elevada capacidad de inversión dado el alto número de viviendas que formaban parte de las 32 promociones".

Como consecuencia, el IVIMA encargó la tasación con ese objetivo y "no se planteó valorar los pisos para otros supuestos de venta, ni directamente a los inquilinos ni por el sistema de lotes". "Aunque el informe de tasación hacía mención expresa a que esta valoración en conjunto disminuiría el precio de las viviendas, lo que suponía un quebranto económico para el IVIMA y que esto favorecía expresamente a compradores con un alto nivel de liquidez y capacidad de inversión, se siguió adelante, intencionadamente, con la venta ocultándola a los inquilinos hasta que el proceso estuvo culminado", señalan.

El informe también critica que se "hurtó" la información sobre esta enajenación al Consejo de Administración del IVIMA que desconocía, oficialmente que la operación se iba a realizar a pesar de que los trabajos de tasación comenzaron en diciembre del año 2012 y en ese mismo mes se reunió su Consejo de Administración.

"La Administración conocía que la venta conculcaba el propio Reglamento de VPP de la Comunidad, que establece que, en estos casos, la enajenación tiene que ser por promociones completas (incluyendo viviendas, garajes y locales comerciales). Aunque ya se habían producido ventas que no se podían incluir en la promociones, el IVIMA siguió adelante con la enajenación", añaden.

También reprochan que el Instituto hiciera "caso omiso" a la mayoría de las recomendaciones de la Abogacía General respecto al pliego, ya que en un informe emitido en junio de 2013 expresó que la competencia para adoptar el Acuerdo de enajenación correspondía al Consejo de Administración del IVIMA por el cambio sustancial que se producía en las características de las promociones que fueron aprobadas en su momento por el Consejo y por la enajenación en sí.

La informe de la comisión ve "evidente" la "falta de argumentos" del IVIMA para justificar la venta y aprecian una "intención clara de favorecer" a los licitadores Azora Gestión y Goldman Sachs porque "se creó una sociedad instrumental o intermediaria de un grupo financiero internacional para adquirir las promociones y el IVIMA fue cómplice de ello".

Por otra parte, apuntan que la aprobación del decreto 59/2013 por el que se modificaba el Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad "beneficiaba claramente al comprador al permitir la venta de las viviendas de manera inmediata en lugar de esperar los años preceptivos".

"El IVIMA preparó, premeditada y paralelamente al proceso de enajenación, un decreto que era un complemento favorable al adjudicatario y sumamente perjudicial para los inquilinos. También los cambios realizados en la escritura de compraventa relativos a la forma de pago y a los deberes y derechos de comprador y vendedor que figuraban en el pliego de Condiciones confirma esa disposición de la Administración de beneficiar claramente al adjudicatario", insisten.

Los grupos de la oposición concluyen además que el consejero Pablo Cavero tenía "relaciones financieras con Goldman Sachs, pues gestionaba la Sicav BUSSOLA 99 de la que él era consejero y, a pesar de ello, no se abstuvo de intervenir en el proceso y participó en la reunión del Consejo de Gobierno que autorizó la adjudicación".

Responsabilidades políticas

En base a la investigación realizada por la comisión, apuntan a Juan Van-Halen como responsable de comenzar y gestionar los trabajos preparatorios del proceso de enajenación siguiendo instrucciones de sus superiores jerárquicos y "no elevar al Consejo de Administración del IVIMA la aprobación de la enajenación de las viviendas".

Igualmente, acusan a Ana Gomendio de ser responsable de no incorporar las recomendaciones esenciales de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid al Pliego de Condiciones, "de las interpretaciones del mismo que favorecieron que Goldman Sachs se hiciera con las 32 promociones, a través de Encasa Cibeles y de las alteraciones de la escritura de compraventa respecto a lo establecido en el citado pliego".

Por otro lado, consideran que Pablo Cavero es responsable in eligendo del nombramiento de Ana Gomendio como gerente del IVIMA "por su relación con sectores financieros e inmobiliarios a pesar de no tener ningún conocimiento de la Administración" y como responsable de "ordenar la puesta en marcha de la enajenación con la clara voluntad de que los inquilinos de las viviendas quedaran al margen del proceso y de que no fuera elevada al Consejo de Administración del IVIMA la aprobación de la enajenación".

También le afean que no se ausentara de la reunión del Consejo de Gobierno que aprobó la enajenación y adjudicación a pesar de su supuesta relación con el fondo y, a junto a Ignacio González, de la aprobación del decreto 59/2013, de 18 de julio, que modificó el Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid "para favorecer al adjudicatario de las viviendas y de causar, conscientemente, un importante quebranto económico a la Comunidad".

Los grupos políticos también marcan una responsabilidad colectiva a todo el Consejo de Gobierno de la Comunidad por aprobar la venta y adjudicación de las viviendas "sin tener en cuenta la utilidad social de éstas, el daño a los legítimos derechos de los inquilinos y el perjuicio económico que la venta iba a producir a la Comunidad de Madrid".