"Nunca hubo nada de qué hablar sobre el referéndum". El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha comparecido este miércoles como testigo en el juicio al procés catalán, que acoge la Sala de Lo Penal del Tribunal Supremo, para sacar pecho por su gestión en Catalunya, y para asegurar que en los contactos que tuvo con la Generalitat siempre quedó claro a sus interlocutores que, mientras él siguiera en el cargo, "no habría referéndum para liquidar la soberanía nacional" [Aquí, toda la información en directo].

"Quien decide lo que es España es el pueblo español y no una comunidad autónoma, ni el Gobierno de España ni las Cortes Generales", afirmaba. No hubo "ningún mediador", ni siquiera el lehendakari Íñigo Urkullu, al que admite haber atendido para tratar estas cuestiones, y que también está citado a declarar como testigo, ni nunca se planteó negociar  sobre "ni el cumplimiento de la ley, ni la Constitución, ni la soberanía nacional".

En líneas generales, Rajoy ha seguido a pies juntillas la línea marcada durante la mañana por la exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, tanto que las defensas le han recordado que la ley le impedía comunicarse con ella, y él ha dicho haber leído su intervención en la "prensa digital". Se ha desmarcado, sin embargo, de sus tesis y de las que mantiene la Fiscalía, para suavizar el relato sobre la supuesta violencia en el procés que la exnúmero dos del Gobierno comparte con el Ministerio Público.

El expresidente ha evitado usar la palabra violencia, que tampoco usó cuando estaba al frente del Ejecutivo, para sustituirla por eufemismos, y no ha sabido concretar casos concretos de episodios de violencia. La culpa de esta situación, como afirmaba Santamaría, es, a su juicio, del Govern, aunque su línea sea menos dura: "Si no se hubiera llamado a la gente a un referéndum ilegal y no se hubiesen tomado decisiones quebrando la legalidad vigente, no hubiéramos tenido que ver las lesiones que sufrieron algunas personas y algunos miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado", apuntaba. 

También lamentaba "muchísimo todas estas imágenes", que no le "gustan", pero insistía en que descargar toda la responsabilidad en la Generalitat: "La responsabilidad de los dirigentes políticos está en evitar que se produzcan acontecimientos como estos", decía. La intervención del magistrado presidente de la Sala de Lo Penal, Manuel Marchena, le salvaba de afrontar una pregunta sobre si había hecho autocrítica sobre su gestión en Catalunya, que él ha descrito como "prudente". 

Así, ante cuestiones del letrado que representa a los acusados Oriol Junqueras y Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, Rajoy ha asegurado no recordar "en este momento" ninguna situación de violencia anterior a la protesta del 20 de septiembre de 2017, ante la sede de la Consellería de Economía. "No recuerdo ni tengo aquí los datos", incidía, ante la insistencia del letrado.

De hecho, se ha referido a este episodio y a los vividos "ante numerosos domicilios particulares" como algo "que no es ciertamente edificante". "Evidentemente no estamos en una situación de normalidad, era una situación de anormalidad impropia de una democracia avanzada. Yo les entiendo a ustedes, pero esto no se puede hacer", apuntaba.

​Según su relato, es "normal" que, en una "situación" como la del 1-O, haya "enfrentamientos" e incluso hubo "voluntad" en "algunos casos concretos" para que la hubiera: "La situación se veía venir, y eso lo sabían todos". Se sintió, ha dicho, "seriamente preocupado" por los "acosos" a policías -sin concretar-, así como a alcaldes no independentistas, que tampoco ha sido capaz de concretar.

Ante estos casos, afirmaba, el Gobierno aplicó el 155, tras enviar los dos requerimientos de rigor al entonces president Carles Puigdemont, y tras constatar que era mejor solución, ya que otros escenarios habrían supuesto la supresión de derechos fundamentales (declarar los estados de alarma o excepción).

Ni sabe, ni ha sabido nunca nada sobre operativos policiales, ni en su etapa como presidente del Gobierno ni anteriormente, como Ministro del Interior con José María Aznar, ni tampoco sobre si se malversó dinero público para pagar el 1-O. "Es algo que no se puede descartar pero que está fuera de mis responsabilidades, y habrá que probarlo", decía, señalando el camino que sólo unos minutos después recorrería el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Tres exmiembros de un Gobierno compareciendo como testigos en un mismo día. Y la segunda comparecencia de Rajoy como testigo ante un tribunal.

En la primera ocasión el caso le afectaba de lleno, era el juicio de la trama corrupta Gürtel, el mismo en el que la Audiencia Nacional restó credibilidad a su testimonio. Todavía vivía en La Moncloa, y nada hacía sospechar que la sentencia que llegaría 11 meses después supondría el destierro de su Gobierno vía moción de censura, precisamente por la condena como partícipe a título lucrativo de la trama corrupta.