"Tengan presente que volveremos a votar, volveré a votar. El conflicto sólo se resolverá así". Roger Torrent, presidente del Parlament de Catalunya que tomó el testigo de Carme Forcadell, ha advertido este lunes ante el Tribunal que debe enjuiciar el procés que la única salida para la situación en Catalunya es política, y necesariamente pasa por las urnas.

Ha denunciado que, de los 12 procesados en la causa, 11 son o fueron diputados del Parlament -aunque su condición de parlamentarios haya sido suspendida-, entre ellos la propia expresidenta Forcadell. Además, el hecho de que estén en el banquillo de los acusados genera una "grave distorsión" en el funcionamiento de la cámara. "Si de lo que se acusa en el juicio es de haber organizado un referéndum", decía, "en el banco de los acusados tendríamos que sentarnos miles de catalanes y catalanas".

Torrent, que ha comparecido como testigo ante la Sala de Lo Penal del Tribunal Supremo, ha criticado también que se permita actuar como acusación popular a la "extrema derecha" de Vox, el partido ultra que precisamente ha pedido su comparecencia. 

En apenas 40 minutos, y en la décima sesión de la causa, el presidente del Parlament ha aprovechado para defender la labor de su predecesora a la hora de permitir la votación de varias iniciativas, ente ellas la ley de transitoriedad jurídica y la ley de referéndum. "Yo en su lugar hubiera hecho lo mismo: proteger el parlamentarismo y el derecho de participación de los grupos parlamentarios".

Según su relato, lo que perseguían estas leyes era lograr "que los ciudadanos de Catalunya pudieran decidir libremente su futuro", y la obligación del presidente del Parlament sería permitir el debate de cualquier iniciativa, y por tanto su adopción a trámite, aunque hubiera, como en este caso, informes de los letrados del Parlament contrarios a esta tramitación. "No podía hacer otra cosa que admitir a trámite las propuestas", decía, recordando que estos informes no son "vinculantes".

"Un presidente del Parlament no puede censurar a la Cámara. Un presidente del Parlament nunca puede limitar el derecho de los grupos parlamentarios". "No hay propuestas que se puedan censurar, nunca las hemos censurado", apuntaba, incidiendo en que la Mesa no puede valorar el fondo de las iniciativas, sino únicamente la forma en que se presentan.

Y, en contra de lo que ha ocurrido con los procesados y con otros testigos, Torrent no ha aclarado si considera simbólica la declaración unilateral de independencia (DUI) del 27 de septiembre de 2017, si bien sí ha incidido en que la ley de transitoriedad nunca tuvo "efectos jurídicos", aunque fuera aprobada en la Cámara. Su objetivo era, según el político de ERC, favorecer la creación de un espacio de diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat.

El rapapolvo de Marchena y los errores del fiscal

Torrent ha respondido a preguntas de todas las partes, y hasta en dos ocasiones ha corregido al fiscal Fidel Cadena: primero afirmó que el 10 de octubre de 2017 se celebró una votación secreta en el Parlament, si bien en realidad ésta tuvo lugar el día 27 de ese mismo mes -"El 10 de octubre no se votó ningún documento"-. En segunda instancia, Cadena afirmó que el 27 de septiembre se votaron dos propuestas de ley, y el presidente del Parlament volvió a precisar: "Se votaron dos propuestas de resolución".

Poco después, cuando el letrado que defiende a Oriol Junqueras y Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, apenas había formulado unas pocas preguntas, el presidente del Tribunal, Manuel Marchena, intervenía para exigir que estas se ciñeran a la experiencia de Torrent como presidente del Parlament, al funcionamiento de la cámara y a cuestiones estrictamente relacionadas.  Marchena se extendía en estos argumentos ante preguntas del letrado de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, Jordi Pina. De hecho, Marchena subía el tono hasta exigir a Pina que renunciase a discutir con él: "No me discuta"; "No necesito la confirmación de mis decisiones por usted", zanjaba.