Ni el decreto de disolución de las Cortes publicado este martes podrá acabar con el enfrentamiento de los partidos en la Cámara Baja. A pesar de que la actividad parlamentaria se encuentra suspendida a causa de la convocatoria de las elecciones, el Gobierno y la oposición han decidido librar una de sus batallas preelectorales en el Congreso.

La intención, anunciada por parte del Ejecutivo, de continuar llevando decretos sociales a la Cámara después de su disolución ha desencadenado un enfrentamiento que tiene como principales protagonistas a PP y PSOE, pero que ya alcanza de lleno al resto de partidos y toca, incluso, a los letrados del Congreso. El Reglamento de la Cámara establece que, una vez disuelto el Parlamento, la Diputación Permanente asumirá algunas de las competencias que tiene habitualmente el Pleno del Congreso, como aprobar o rechazar decretos del Gobierno.

Este anuncio de Sánchez (que ha advertido en varias ocasiones que la disolución de las Cortes no afecta al Gobierno, que continúa con sus plenas facultades hasta después de la cita electoral) ha molestado al PP, cuyos dirigentes acusan al presidente de utilizar las instituciones para hacer campaña de la política socialista de cara a las elecciones. Pablo Casado ha anunciado que tratarán de impugnar los decretos ante la Junta Electoral Central, y la portavoz de la formación en el Congreso, Dolors Montserrat, precisó este martes que están dispuestos a recurrir a los tribunales.

Aunque el final de la legislatura no haya acabado con el enfrentamiento entre los partidos, sí que ha logrado cambiar algunas cosas. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, cuya costumbre hasta el momento había sido la de mantenerse neutral (al menos en público) en este tipo de conflictos, lanzó una dura crítica al Gobierno esta semana a propósito del anuncio sobre los decretos.

"No ha pasado en ninguna legislatura, se habían aprobado algunos decretos ley de urgente necesidad, pero cuando se convocan elecciones no es razonable que se haga un uso partidista de las instituciones. Ningún Gobierno puede ir dopado a unas elecciones, se tiene que ir en igualdad de condiciones", manifestó la tercera autoridad del Estado, entrando así de lleno en el conflicto que su partido mantiene con el PSOE por el asunto de los decretos.

Las palabras de Pastor no pasaron desapercibidas, y a su paso salió la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, que acusó a la presidenta de comportarse como "una hooligan del PP" y le recordó su papel a la hora de bloquear leyes durante la legislatura. "Ana Pastor nunca se ha comportado de manera neutral, era militante cuando bloqueó la senda de estabilidad y cuando bloqueó hasta 50 leyes", aseguró la portavoz, haciendo referencia a una cuestión que el PSOE tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional, que todavía no se ha pronunciado.

Lastra también aseguró que a las elecciones iban "dopadas" las listas del PP "que fueron financiadas con dinero de la corrupción de todo lo que han robado a manos llenas en los últimos años". Pero más allá de la guerra entre los de Sánchez y los de Casado, los decretos del Gobierno sí que parecen, al menos, plantear algunas incógnitas no resueltas que tienen que ver con su tramitación en el Congreso.

Aunque está claro (así lo recoge el Reglamento de la Cámara) que la Diputación Permanente puede aprobar o rechazar decretos leyes, existen ciertas lagunas jurídicas que tienen que ver con la naturaleza de las normas que el Ejecutivo quiere impulsar. La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, recordó en este sentido que otros gobiernos también aprobaron "normas legislativas y normas reglamentarias" con las Cortes disueltas, e insistió en que la intención es la de gobernar "hasta el último momento".

Sin embargo, aunque esto ha sucedido en otras ocasiones, los decretos de aquellos gobiernos que llevaron reformas a la Diputación Permanente tras la disolución del Parlamento antes de elecciones no contenían un desarrollo legislativo. La mayoría de las reformas aprobadas en estos periodos fueron destinadas a hacer frente a situaciones muy concretas (catástrofes y fenómenos naturales, como las sequías estivales o el terremoto en la ciudad de Lorca, en la Región de Murcia, en 2011) o para conceder créditos extraordinarios a ministerios y organismos en determinadas circunstancias.

El último decreto que se llevó a este órgano en periodo electoral se aprobó a principios de diciembre del 2015 (las Cortes se habían disuelto a finales de octubre y las elecciones se celebraron el 20 de diciembre). La norma contenía medidas urgentes para reparar los daños causados por los temporales de lluvia en Canarias y en el sur y este peninsular durante los meses de otoño de ese año. La intención de Sánchez es la de llevar a la Diputación Permanente decretos que contengan reformas en cuestiones que afectan a la legislación laboral o la política de vivienda.

Dudas sobre cómo enmendar los decretos

El hecho de que los decretos contengan desarrollo legislativo ha llevado a los grupos a plantearse el hecho de poder modificar su contenido mediante la presentación de enmiendas. La Constitución deja al Congreso varias opciones para tramitar este tipo de normas; más allá de poder aprobarlos (convalidarlos) o rechazarlos, la Cámara, si así lo deciden la mayoría de los grupos, puede tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia, es decir, que los parlamentarios pueden introducir modificaciones y el trámite no se limita a admitir o rechazar una reforma cuyo contenido solo emana del Gobierno. Una facultad que, en principio, no se le niega a la Diputación Permanente, sobre la que recaen todas las facultades en materia de tramitación de decretos cuando están disueltas las Cortes.

Cuando un decreto se tramita como proyecto de ley, pasa por diferentes órganos y procedimientos más allá del Pleno (una comisión con diputados competentes en el asunto, una fase de ponencia para elaborar el texto...), órganos que, sin embargo, no existen cuando el Parlamento está disuelto. Por eso, la Mesa del Congreso, con el acuerdo de todos los grupos, ha pedido un informe jurídico a los letrados de la Cámara para conocer cuál sería el procedimiento a seguir si la Diputación Permanente acuerda tramitar un decreto como proyecto de ley.

Fuentes de la Mesa insisten en que la petición del documento no paraliza ningún procedimiento ni pone en cuestión la potestad del Ejecutivo para llevar decretos a la Cámara en las próximas semanas. De este informe, no obstante, dependen los futuros pasos que decidan tomar Gobierno y oposición.