"Blindaje a las sin papeles que den hijos en adopción", ese fue el titular que el diario El Mundo publicó el 10 de marzo, sobre la propuesta que el Partido Popular enmarcó dentro de la "ley de apoyo a la maternidad" y que propone que las mujeres migrantes sin papeles que den a sus hijos en adopción no puedan ser expulsadas mientras dure el proceso.  No obstante, la actual la ley de extranjería ya protege a las mujeres embarazadas sin papeles, vayan o no a dar a su hijo en adopción. El artículo 57 de la ley establece que la expulsión no podrá ser ejecutada cuando "afecte a embarazadas, cuando la medida pueda suponer un riesgo para la gestación o la salud de la madre".

El titular fue difundido por redes sociales y recogido por la productora Newtral, que se hizo eco de la noticia y preguntó por su veracidad al partido. El PP, en declaraciones a este diario, aseguró que tal "blindaje" sería "temporal" y que no significa, en ningún caso, dar papeles, residencia o nacionalidad de forma permanente a la mujer que dé al bebé en adopción. "Es un malentendido", señalan fuentes de la dirección 'popular' a Público, aunque en la información original de El Mundo no se expone que esta adopción sea haga para conseguir la documentación.

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado en un acto en Valladolid que las informaciones publicadas al respecto forman parte de una fake new contra él y que se siente una "víctima". "Antes de político soy persona. Yo no he dicho nada, no hay nota de prensa y, sin embargo, hoy está en todas las tertulias y vemos a todos los partidos de la oposición intentando decir una barbaridad que yo jamás admitiría", ha zanjado.

Los 'populares' hacen extensible esta medida a la población "en riesgo social", es decir, madres migrantes, situaciones de marginación, pobreza severa, desempleo... y proponen que esta demora se prolongue mientras dure el embarazo. En el caso de las mujeres sin papeles, una vez entreguen al niño, podrán ser repatriadas a su país de origen, de igual modo que otra persona en situación irregular. Pero desde el PP aseguran que sus datos no trascenderán a las autoridades competentes en el momento de acceder a la adopción.

Este diario ha tenido acceso al argumentario de la formación, en el que explican que esta medida se implentaría para que la "adopción nunca tenga consecuencias negativas para su madre, puesto que nuestro objetivo fundamental
es proteger tanto a las madres como a sus hijos e hijas".  

Los de Casado pretenden con esta medida "evitar el abandono de bebés y ayudar a las madres que deseen renunciar al cuidado de sus hijos a que lo hagan de forma responsable y con las máximas garantías jurídicas y de seguridad tanto para ella como para los menores". Los conservadores sostienen que es "falso que el PP proponga no expulsar a mujeres a cambio de que entreguen en adopción a sus hijos. Esto es, literalmente, una barbaridad".

Esta propuesta se basa en un un protocolo contra el abandono de menores implementado desde el año 2009 en la Comunidad de Madrid, según el cual los datos se anonimizan cuando una mujer accede al proceso. Este diario ha preguntado a los 'populares' cuantos casos se dan al año para conocer la magnitud del problema, pero éstos no han sido proporcionados. 

El PP cree que así se evita que muchos niños "aparezcan en contenedores"

Según la vicesecretaria de Acción y Política social del PP, Cuca Gamarra, "en Madrid, entre 30-40 niños no son abandonados y se entregan en adopción con esta medida. Lamentablemente, muchos todavía aparecen en contenedores, eso es lo indigno y cruel", ha escrito en su cuenta de Twitter.

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha explicado que su partido pretende "lo contrario" de lo que se le "acusa" sobre las mujeres inmigrantes embarazadas que quieren dar su hijo en adopción, y que esta decisión se producen en el seno del partido para que "no sirva para iniciar un proceso de expulsión" y se proteja al menor y la mujer.

En declaraciones a la agencia Efe, Maroto ha explicado que el presidente del PP, Pablo Casado, "es primero persona y luego político" y, por eso, propone medidas para que una mujer embarazada que se encuentra en situación irregular en España "no tenga miedo de dar sus datos cuando quiere dar a su hijo en adopción porque eso pueda suponer que la pillen y le echen del país".