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El líder nacional de Vox, Santiago Abascal, y el diputado de esa formación, el juez Francisco Serrano, conversando al inicio de la segunda jornada del debate de investidura del presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, en el Parlamento andaluz en Sevilla.- EFE/Julio Muñoz

Transparencia La izquierda se opone en Andalucía a que Vox pueda compatibilizar despachos de abogados con la actividad parlamentaria

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Adelante Andalucía reclama cambios en la Ley Electoral de Andalucía y llama "jetas" a los diputados de ultraderecha

Política

La compatibilidad de ciertas actividades privadas con las de diputado ha causado una bronca entre partidos en Andalucía la semana pasada. El asunto derivó incluso en insultos que le dedicó el jefe de la ultraderecha en la Comunidad, Francisco Serrano, al portavoz de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, quien previamente, debido a las pretensiones de los diputados de Vox los había llamado “jetas” por “tener la patria en el bolsillo” y quien, después del insulto, “planchabragas del feminismo”, evitó entrar al trapo y proseguir con la dinámica perversa de división y enfrentamiento que quiere imponer Vox en la Cámara.

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En la Comisión del Estatuto del Diputado, donde se resuelve -mediante el sistema de voto ponderado- lo que pueden y no pueden hacer los diputados mientras estén en el puesto, la izquierda, PSOE y Adelante, se opuso a que Serrano y otros parlamentarios ultras pudiesen administrar sus despachos de abogados mientras estén en el Parlamento.

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Después de la votación, que salió adelante gracias a la mayoría de votos de PP, Ciudadanos y Vox, el dictamen se envió a la Mesa de la Cámara, que está obligada a llevarlo al Pleno para su aprobación definitiva. Pero allí quedó parado porque, según informó Marta Bosquet, presidenta del Parlamento, se pidió a la Comisión, que dirige la diputada del PP Carmen Céspedes, un informe "más exhaustivo" porque se habían detectado “incorrecciones" que no fueron especificadas.

Circulan diferentes versiones al respecto de las razones últimas de este frenazo, desde que es un asunto de los letrados del Parlamento que han detectado fallos menores en el dictamen, hasta que Bosquet, que es también abogada y quien dejó la legislatura pasada su despacho para dedicar todas sus fuerzas a la política, mandó parar máquinas.

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En esta entrevista en La Voz de Almería, de octubre de 2017, Bosquet manifestaba al respecto de este asunto: “Te voy a decir una cosa. Yo ingenuamente pensaba que se podía compatibilizar. El gran error de los políticos de este país, y ahora ya sí me incluyo, es que no somos capaces de hacer ver a la ciudadanía lo que realmente trabaja un político… el político que trabaja, claro. Cuando salí [diputada], pensaba que iba a poder seguir con mi despacho porque no era consciente de la actividad y el trabajo y la responsabilidad que tiene un político”. 

La ley electoral

La Ley Electoral de Andalucía afirma que “el mandato de los Diputados del Parlamento de Andalucía se ejercerá en régimen de dedicación absoluta, y será incompatible con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma”.

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Después, la misma norma establece que “las actividades privadas, distintas de las específicamente declaradas incompatibles [a las que la ley dedica un apartado específico] podrán ser autorizadas por la Comisión del Estatuto de los Diputados, previa petición expresa de los interesados”. Es decir, que la “dedicación absoluta”, independiente, ilimitada, que excluye cualquier relación, según la RAE, no es en realidad absoluta, sino que la deciden los mismos parlamentarios con su voto. Lo que sucede en esa Comisión es además secreto, según establece el reglamento de la Cámara. 

Maíllo considera que "la ley tiene un agujero enorme porque va a permitir que algunos utilicen el Parlamento para lucrarse con sus empresas". Maíllo cree que existe un problema porque la norma es "muy laxa" con las actividades privadas y "muy dura" con actividades públicas "muy transparentes", como el ejercicio de la docencia. De hecho, el diputado de Adelante, David Moscoso, que pretende ejercer como profesor de Universidad, va a tener que elegir entre seguir con la docencia o el Parlamento.

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"Ha habido otros parlamentarios que, siendo profesores de universidad y en la misma situación que la mía, ya se les concedió en legislaturas pasadas la compatibilidad, y es más, a otro de los diputados que habían solicitado la compatibilidad para impartir clases en la universidad, en este caso de Ciudadanos, sí se la ha concedido", dijo Moscoso esta semana. Se refiere a Francisco Carrillo, quien reclamó poder dar clases y másteres. Más duro fue Maíllo: "El dictamen (de la Comisión del Estatuto de los Diputados) concede la compatibilidad 'a todo Dios', menos a una solicitud de actividad pública", en referencia a la petición de Moscoso.

17 diputados

En esta legislatura han sido 17 -por uno la pasada- los diputados que han pedido la compatibilidad de algunas actividades con el desempeño de las tareas parlamentarias, 8 de Vox, 5 de Ciudadanos, dos del PP, uno del PSOE y otro de Adelante Andalucía. Por tanto, los más interesados en autorizar quehaceres distintos al de parlamentario son los diputados de Vox y de Ciudadanos. El PP ya ha votado a favor, junto a esos dos partidos, de la compatibilidad. Incluso, los representantes de Vox, Manuel Gavira, y de Ciudadanos, Ana Llopis, en la Comisión del Estatuto del Diputado, al ser el voto ponderado, votaron a favor de su propia compatibilidad. "Tampoco parece que exista conflicto de interés en ser juez y parte", ironizó Moscoso al respecto.

La casuística es variada, pero desde el caso de Moscoso y Carrillo, pasa por asuntos menores como el cobro de una pensión y pagos atrasados, y llega hasta las profundidades que plantea, por ejemplo, el caso de Serrano, un magistrado que fue condenado por prevaricación por el Tribunal Supremo, y que hoy ejerce como abogado especializado, sobre todo, en derecho de familia.

Serrano reclamó, restringido al ámbito privado, sin relación con ninguna administración, sin cobrar honorarios, compatibilizar la administración de su despacho -en su origen especializado en derecho de familia- y el ejercicio puntual de servicios de asesoría con la condición de diputado, lo que los votos de PP, Ciudadanos y Vox le garantizan, a falta de que la Mesa de la Cámara decida sobre el dictamen.

Maíllo acusó a Serrano de utilizar la "proyección pública" que le da el Parlamento para hacer publicidad de su despacho. "Quiere servirse de lo público. ¿Cuánto le costaría a un bufete de abogados normal poder ser conocido haciendo publicidad?El caso del señor Serrano es muy evidente, un misógino que se dedica a defender a padres maltratados. Aquí hay gente que ha venido a lo que ha venido, han venido a forrarse", sentenció. En opinión de Maíllo, hay una "perversión" en el hecho de que se puedan ejercer determinadas actividades privadas, con las que se pretende "un lucro indirecto". Serrano respondió con un insulto: "planchabragas del feminismo".

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