El Gobierno no intentará acabar con los abusos laborales a los becarios por la vía del decreto, por lo que la resolución de este asunto tendrá que esperar, como mínimo, hasta la próxima legislatura. Así lo comunicó el martes el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, a los diputados de Unidos Podemos Segundo González y Nagua Alba.

El grupo confederal se había reunido en febrero con el secretario general de Universidades para solicitar que incluyera en uno de los decretos que el Ejecutivo quiere llevar a la Diputación Permanente algunas medidas para revertir la situación de precariedad laboral que sufren los estudiantes en prácticas, una cuestión que Pingarrón se comprometió a estudiar.

En una carta remitida a los diputados de Unidos Podemos, se renuncia a incluir este asunto en los decretos y se alega que, tras consultar a los servicios jurídicos del Ministerio de Educación, se ha llegado a la conclusión de que la reforma de la actual situación de los becarios no cumple con los criterios de urgencia y extraordinaria necesidad que recoge la Constitución para poder presentar un decreto.

"Aun compartiendo buena parte de dichas medidas, la actual coyuntura política y la necesidad de convalidación de los decretos por la Diputación Permanente del Congreso, hace que, obligatoriamente, tengamos que ser muy restrictivos con este tipo de acciones legales y tramitar solo aquellas que tengan una clara necesidad de urgencia o que conciten el más amplio consenso y siguiendo lo que así indica el artículo 86 de la Constitución Española de 1978", reza la misiva.

Desde Unidos Podemos se había propuesto una serie de medidas, que desde el grupo consideraban "de mínimos" para revertir las situaciones "más urgentes" de los estudiantes en prácticas. Estas reformas habían sido tomadas de la proposición de ley reguladora de las prácticas académicas externas presentada por el grupo y admitida por el Congreso en noviembre de 2017.

Esta norma estaba bloqueada por el PP y Ciudadanos en la Mesa de la Cámara, por lo que ni siquiera había podido comenzar su tramitación. Entre las medidas planteadas al Gobierno estaba la de reconocer a las universidades como las únicas entidades autorizadas para coordinar la oferta de prácticas. El objetivo era acabar con las ofertas de becas de otras entidades que, de facto, ofrecen puestos de trabajo con peores condiciones, menos remunerados o que, directamente, no ofrecen remuneración.

Otra de las reformas que estuvo presente en las negociaciones entre Podemos y el Gobierno es la limitación del número de becarios por empresa. En su iniciativa el grupo confederal proponía unas ratios que establecen cuántos estudiantes en prácticas puede haber por cada grupo de trabajadores. Si la empresa tiene entre 1 y 10 trabajadores, podrán disponer de 1 becario; si trabajan entre 11 y 30 personas, podrá haber 2 estudiantes; las empresas que tengan en plantilla entre 31 y 59 empleados, podrán tener a un máximo de 3 personas en prácticas; mientras que si hay más de 60 trabajadores, el número de becarios no podrá superar al 5% de la plantilla.

"Tramitación ordinaria para garantizar el debate"

Desde Podemos también se plantearon cuestiones como la necesidad de limitar el número de estudiantes en prácticas por tutor académico, que las labores desempañadas en las prácticas se ciñan estrictamente a los estudios cursados o la posibilidad de incluir un mínimo de remuneración. En su proposición de ley, el grupo establecía que el estudiante en prácticas debe tener derecho a una retribución mensual, cuya cuantía no podrá ser inferior al Salario Mínimo vigente calculado en proporción a la duración horaria de las prácticas.

El secretario general de Universidades emplaza a los diputados de Unidos Podemos a abordar estas reformas en la próxima legislatura, después de las elecciones del 28 de abril, y por los procedimientos ordinarios que se pueden llevar a cabo en el Congreso. "Entendemos que será más adecuada una tramitación ordinaria de este tipo de propuestas, en sede parlamentaria, para garantizar el debate y el consenso de todas las fuerzas políticas", escribe.

Con la renuncia a abordar la precariedad laboral de los becarios vía decreto, Moncloa deja en el aire la polémica de las cotizaciones a la Seguridad Social de las prácticas universitarias. El Ejecutivo introdujo en el decreto de actualización de las pensiones la obligatoriedad de que todos los estudiantes en prácticas estuvieran dados de alta en la Seguridad Social. Sin embargo, la disposición no incluía quién debía hacerse cargo de las cotizaciones (la universidad o la empresa), un vacío legal que también tendrá que esperar a la próxima legislatura para su resolución.