El tiempo se le ha echado encima a la Sala de Lo Penal del Tribunal Supremo, responsable de enjuiciar el procés catalán. A un mes de las elecciones generales del 28 de abril, apenas han desfilado un centenar de testigos ante el Alto Tribunal; supone algo menos de la quinta parte de los más de 500 citados en la causa. Ha habido algunas sesiones maratonianas, de hasta 8 horas entre mañana y tarde -descontando tres horas de recesos-, pero la máquina sólo puede forzarse hasta cierto punto. A este ritmo, en las elecciones del 28-A aún faltarán por comparecer más de 200 testigos, en el mejor de los casos.

En este escenario, fuentes de las defensas aseguran a Público que no esperan que el juicio finalice antes de julio: los interrogatorios a testigos podrían prolongarse hasta mayo o junio, y después vendrían las fases de prueba documental y pericial, las conclusiones de cada una de las partes… La sentencia se retrasaría hasta después del verano, siempre que el Supremo no aumente aún más el ritmo.

En cualquier caso, y volviendo a los datos y expectativas que la Sala ha puesto sobre la mesa, si bien en esta etapa apenas quedan testigos vip, los que generan más expectación para las partes y los medios de comunicación (Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría o Íñigo Urkullo testificaron en febrero), en las 12 sesiones habilitadas en el mes de abril deben comparecer el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès (el 23 de abril), o el que fuera Comisario Jefe de los Mossos d’Esquadra tras la destitución del major Josep Lluis Trapero, Luis Ferrán López (el 3 de abril), entre otros.

Hay jornadas en la que está previsto que desfilen ante el tribunal más de una docena de agentes de la Policía Nacional o la Guardia Civil: en la 24 sesión, este jueves, quedó probado que la Sala que preside el magistrado Manuel Marchena puede despachar a 14 agentes en un día, todo un récord, y utilizando sólo una pequeña parte de la sesión de tarde. Aún así, el tiempo apremia.

Los 12 dirigentes independentistas que se sientan en el banquillo de los acusados consumieron dos de las siete semanas de juicio que ya han transcurrido hasta la fecha con sus declaraciones; el 27 de febrero comenzaron a desfilar los testigos, y más de un mes después apenas han comparecido un centenar de ellos. Entre el 2 y el 25 de abril, en 12 sesiones de trabajo, la Sala espera duplicar esta marca, para llegar a los 184 testigos, tal y como recoge una diligencia de ordenación rubricada el pasado viernes.

De cumplirse estos plazos -algunas declaraciones han sido pospuestas en este mes de testificales, y media docena de testigos se han acogido a su derecho a no declarar, al estar procesados en otras causas-, el Alto Tribunal apenas habrá escuchado los testimonios de algo más de la mitad de los testigos citados cuando lleguen las elecciones. Más de 200 del total de estos testigos son policías y guardias civiles propuestos por la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

No parece una situación fácil de embridar: hay sesiones que se han extendido hasta rozar las cinco horas (el caso del major Trapero), y esta semana el teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena logró una nueva marca. El que fuera jefe de las investigaciones judiciales del Instituto Armado en Catalunya -antes y después del 1-O- soportó seis horas de declaración ante el tribunal, el mismo que se niega a realizar una prueba pericial que certifique, como el propio Baena reconoció a Público, que ha utilizado una cuenta en redes sociales desde la que se vertían críticas hacia el independentismo, mientras lideraba las investigaciones.

Además, una vez superada la fase de las pruebas testificales se abre la etapa de las documentales, con la exhibición de vídeos, documentos escritos y otros materiales incluidos por petición de las distintas partes, salvo la acusación popular del partido ultraderechista Vox, que no ha pedido la inclusión de un solo documento en la causa.

Todos estos datos hacen pensar que los plazos que en su día manejaba el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, están muy lejos de cumplirse. Lesmes fue quien estimó que el juicio se prolongaría durante cerca de tres meses, y esta fecha se alcanzará el 12 de mayo, poco antes de unas nuevas elecciones, en este caso europeas, autonómicas y municipales.

Por otro lado, en la misma conversación informal con periodistas, poco antes de que arrancara el juicio, el presidente del órgano de gobierno de los jueces no quiso aclarar si consideraba deseable, o cuanto menos posible, evitar que las sesiones del juicio coincidieran con la campaña electoral.

Entonces aún no había convocatoria de elecciones generales, y Lesmes aseguró que la decisión dependería de Marchena. Explicó que no hay “norma legal” que “obligue a la suspensión” de la causa para no inferir en los comicios, si bien remarcó que habitualmente el Alto Tribunal ha actuado en base al “criterio de prudencia”. Tampoco acertó en este cálculo