Marina Castaño -viuda de Cela- y los otros tres acusados por malversación de caudales públicos en una causa que investiga un posible caso de corrupción en la Fundación Camilo José Cela han defendido este lunes, en la primera sesión del juicio, que sus respectivas actuaciones han respetado la legalidad vigente y han negado con ello tal desfalco.

Es tal y como, en un mensaje coincidente, se han referido a los distintos trámites relativos al despido del ex director gerente de la entidad, Tomás Cavanna, quien percibió una indemnización de 150.000 euros por el cese de su actividad al frente de la misma, un pago que el Ministerio Fiscal considera irregular y efectuado para que los acusados se lucrasen de forma indebida.

Por este motivo, el Ministerio Público solicita penas de prisión de cuatro años y medio y ocho de inhabilitación tanto para el propio Tomás Cavanna, como para la viuda del Nobel gallego y expresidenta de la Fundación, Marina Castaño; junto con el expatrono y exconselleiro en los gobiernos de Fraga, Dositeo Rodríguez, y su hija Covadonga Rodríguez, actual subdirectora de esta institución.

En su declaración en el juicio que este lunes ha albergado la sección sexta de la Audiencia Provincial, con sede en Santiago de Compostela, Castaño -que ha sufrido una aparatosa caída tras abandonar los juzgados rehusando hacer declaraciones- ha defendido que su único propósito fue "sanear" la institución antes de cederla a dominio público, ya que tras el despido de Cavanna pasó a ser gestionada por la Xunta de Galicia.

Asimismo, ha sostenido que obró siguiendo el deseo expreso de su marido de que la Fundación permaneciese en Galicia, lo que motivó que, después de que no llegaran a cuajar otras propuestas, tuviese que cederla al Ejecutivo autonómico para asegurar su viabilidad ante las dificultades económicas severas que afrontaba.

La viuda de Camilo José Cela solo ha respondido las preguntas de la Fiscalía y de su defensa, al igual que el resto de acusados, y en ellas ha evitado precisar cuestiones relativas a fechas y cifras, dado que -según ha manifestado- no las recuerda por haber pasado demasiado tiempo.

Una indemnización de 150.000 euros 

En su comparecencia, Dositeo Rodríguez ha apuntado que la indemnización concedida a Cavanna se enmarca en el límite legal fijado para las mismas y, si bien ha admitido que la cantidad de 150.000 euros le pareció mucho dinero en un principio, sí la ha considerado válida tras haber sido avalada por la propia Xunta en el plan de viabilidad elaborado para la Fundación.

El objetivo de todas estas actuaciones, ha indicado, era entregar al Gobierno gallego una entidad limpia, para lo cual era preciso deshacerse de un sueldo elevado como el del ex director gerente, al que se le pagó el despido en las mismas condiciones que al resto de empleados, tal y como él había requerido.

Lo ha explicado en tales términos el propio Cavanna, que además ha terciado que él no tenía intención alguna de dejar la entidad en un principio, pero que cambió de opinión tras conocer que pasaría a manos de la Xunta, algo a lo que se oponía por preferir un traslado de la misma o un inversor privado.

Según el ex director gerente, la Fundación Camilo José Cela atravesó "toda una serie de calamidades" a finales de la década pasada, que se saldaron con cuatro despidos más aparte del suyo y que fueron resueltos en igualdad de condiciones y unos términos "muy generosos" para evitar problemas posteriores.

Finalmente, el último turno de esta sesión inicial del juicio ha correspondido a Covadonga Rodríguez, que ha subrayado que a Cavanna se le formuló una propuesta inicial de 96.000 euros que no fue aceptada y que motivó que se incrementase la cuantía de la misma hasta los 150.000 euros finales. Rodríguez ha opinado que se trataba de "mucho dinero", pero ha reiterado que la medida era necesaria para salir de la situación "insostenible" en la que estaba la fundación.

Con anterioridad a estas declaraciones, en el trámite de cuestiones previas, la sala decretó la salida de la abogacía del Estado de la causa, puesto que entienden que no concurre en la misma "interés patrimonial" alguno para la Administración central.