Si hubo o no rebelión o sedición se dirimirá en el Tribunal Supremo, en Madrid, pero la judicialización del 'procés' catalán no cabe entre sus paredes, se ha ramificado en decenas de causas. Un par de ellas han recalado en la Audiencia Nacional, cuya sede, también en el centro de Madrid, se ubica a apenas unos metros de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, donde se juzga al exvicepresident de la Generalitat, líder y candidato de ERC en las elecciones del 28-A, Oriol Junqueras, y a otros once miembros del Govern.

A más de 600 kilómetros, en Barcelona, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) también tiene ante sí un par de causas directamente relacionadas con el 'procés'. Y, a su vez, distintos juzgados distribuidos por toda Catalunya acogen, acogerán o han acogido causas estrechamente relacionadas con el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, o con distintas concentraciones y actos celebrados en los aledaños del 1-O. Y la 'resaca' de este periodo continúa generando nuevas denuncias.

A pocos días de que hayan transcurrido dos meses de juicio en el Supremo, cuando, de haberse cumplido los cálculos del tribunal, ya se habría sobrepasado el ecuador de la causa, esta es una recopilación de algunas de esas ramificaciones. Teniendo en cuenta que todavía hoy se suceden los archivos, nuevas imputaciones y la reapertura de causas cada pocos días, cada una evolucionando con sus propios ritmos procesales, está claro que el laberinto judicial del 'procés' está vivo, sigue mutando.

El juicio en el Supremo

El juicio a los doce dirigentes independentistas a cargo de la Sala que preside el magistrado Manuel Marchena, se ha convertido en uno de los más mediáticos de la historia. Se exponen a peticiones de cárcel de hasta 25 años por parte de la Fiscalía, en el caso de Junqueras, por los presuntos delitos de rebelión y malversación.

El martes arranca la novena semana de sesiones: hasta la fecha se han celebrado 27 jornadas, han declarado cerca de 140 testigos de un total de más de 500, y aún están lejos de comenzar las fases de prueba pericial y documental con la exhibición de cientos de vídeos y documentos.

Las defensas dan por hecho que el juicio se prolongará hasta junio o julio –no hay previstas pausas ni siquiera en periodo de campaña electoral–, y la sentencia podría retrasarse hasta meses después del verano. Con todo, las sucesivas declaraciones de agentes policiales -sobre todo de guardias civiles- ha llevado el juicio a un periodo valle, tras varias semanas de intensa actividad, con muchas jornadas de trabajo maratonianas.

La Mesa del Parlament y Jové, en el TSJC

Inicialmente, el Supremo tenía previsto juzgar a 18 dirigentes independentistas, si bien en diciembre decidió desgajar de la causa a los cinco miembros de la Mesa del Parlament durante el 'procés' señalados como acusados, y a la exdiputada de la CUP Mireia Boya, para pasarle el balón al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Se les acusa de un presunto delito de desobediencia.

Este juicio aún no ha empezado, pero pronto el TSJC deberá afrontar una nueva problemática: uno de los procesados, Joan Josep Nuet, hasta hace un par de semanas diputado de En Comú Podem en el Parlament y aún coordinador general de EUiA, ocupa un puesto de salida en las listas de ERC al Congreso de los Diputados para las elecciones del 28 de abril. "De convertirse en aforado tendría que pasar al Tribunal Supremo", aseguran fuentes de su defensa. Es decir, al Tribunal que envió su causa al TSJC.

Además, el TSJC también investiga al diputado de ERC y exsecretario general de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat, Josep María Jové, mano derecha de Junqueras –que incluso se ve asistido por el mismo letrado, Andreu Van den Eynde–.

Se le acusa de los presuntos delitos de malversación, revelación de secretos y desobediencia grave. La causa proviene del juzgado de instrucción 13, pero acabó en el TSJC por la condición de aforado de Jové. Cómo él, están siendo investigados el exlíder de la Associació Catalana de Municipis (ACM) y actual conseller de Interior, Miquel Buch, y la expresidenta de la Associació de Municipis per la Independencia (AMI), Neus Lloveras, ambos por impulsar el 1-O entre los alcaldes.

Trapero y la cúpula de los Mossos, en la Audiencia Nacional

Por otro lado, la Audiencia Nacional, cuya sede central sólo está separada del Supremo por el parque de la Villa de París, debe acoger el juicio contra el major de los Mossos d’Esquadra Josep Lluis Trapero. Junto a él se sentarán en el banquillo el exdirector general de la Policía de la Generalitat, Pere Soler, el exsecretario general de Interior, César Puig, y la intendente de los Mossos Teresa Laplana. Fuentes de la Audiencia aclaran que todavía no hay fecha para este juicio, y apuntan que en este momento están a la espera de recibir los escritos de las defensas. Trapero, Puig y Soler están acusados de rebelión y se enfrentan a peticiones de 11 años de prisión por parte de la Fiscalía. El Ministerio Público reclama además 4 años de cárcel para Laplana, en su caso por sedición.

A su vez, la Audiencia Nacional también debe enjuiciar la causa contra los responsables de la huida del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, hoy en Bélgica. Fue cerrada y reabierta, y atañe al exresponsable de la oficina del expresident, Josep Lluis Alay, a dos Mossos d’Esquadra y al empresario Josep María Matamala. La Audiencia tomó esta decisión empujada por el recurso de la Fiscalía contra el sobreseimiento de la causa, entendiendo que los cuatro estaban al tanto de la activación de la euroorden para detener al expresident. El juez instructor, Diego de Egea, había decretado el sobreseimiento en octubre.

El juzgado 13, el inicio de todo

El inicio de todo. La primera causa judicial por el 'procés', a la que constantemente se alude durante el juicio en el Supremo, sigue viva en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona. Fue el primero en investigar los preparativos del referéndum, de ahí salió el conocido documento Enfocats –supuesta hoja de ruta hacia la independencia–, y ahí, según las defensas, se localizan la mayoría de vicios e irregularidades de la investigación del 'procés'.

Hoy por hoy hay 43 investigados en este juzgado, según el sumario al que accedió Europa Press a mediados de marzo. Además, en la investigación sobre la organización del 1-O y las estructuras de estado para una futurible República de Catalunya aparecen los nombres de varios altos cargos del Govern, casi una decena de empresarios y trabajadores de empresas que participaron en las labores previas al 1-O, e incluso la interventora de la Generalitat.

Cerca de 90 causas abiertas en toda Catalunya

Además de los casos ya citados, hay decenas de causas abiertas en distintos juzgados de Catalunya por las actuaciones policiales el 1-O y otros aspectos del 'procés'. Fuentes del TSJC recuerdan que el presidente del Tribunal, Jesús María Barrientos, afirmó ante el Parlament, en su comparecencia de finales de noviembre de 2018, que entonces había cerca de 90 causas abiertas relacionadas con el 'procés' sólo en Catalunya.

Uno de los casos más conocidos es el del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, que centraliza los casos de violencia policial que se dieron el 1-O en la ciudad. Precisamente, el pasado viernes la Fiscalía se unió a la Abogacía del Estado en su afán por expulsar de la causa al Ayuntamiento de Barcelona, personado como acusación popular.

Sólo esta causa consta de una treintena de piezas separadas, una por cada colegio electoral donde se aprecian indicios de delito. A los Mossos d’Esquadra, a su vez, se les investiga por su supuesta pasividad, y las distintas causas abiertas afectan a agentes, oficiales e incluso a altos mandos de la talla del comisario Joan Carles Molinero, que testificó ante el Supremo la semana pasada.

Y esto es sólo la punta del iceberg: hay decenas de causas abiertas en distintos municipios, y la resaca del 'procés' continúa: recientemente, el juzgado de instrucción 2 de Girona admitió una denuncia del president de la Generalitat, Quim Torra, contra la Policía Nacional, por un presunto delito de detención ilegal. La Policía detuvo a 16 personas por cortar las vías del AVE el 1 de octubre de 2018, como protesta por el aniversario del 1-O.

Hace poco más de una semana, la Audiencia de Lleida archivó una querella contra la exsubdelegada del Gobierno, Inmaculada Manso, y el coordinador del operativo policial del 1-O, el coronel Diego Pérez de los Cobos, la bestia negra del major Trapero.

Y entró en escena el Tribunal de Cuentas

Por si fuera poco, el Tribunal de Cuentas notificó hace escasos días haber documentado pagos de Diplocat por un total de más de 300.000 euros a supuestos observadores electorales que viajaron a España para asistir al referéndum.

Este informe suscitó polémica cuando una de las consejeras de este organismo criticó su falta de rigor, no tanto por el fondo sino por la forma del informe. Dos supuestos observadores, que niegan haber ostentado esta condición, ya han testificado ante el Supremo.

Uno de ellos, Felix Von Grünberg, dijo haber corrido con sus gastos, y la segunda, Helena Catt, admitió haber cobrado un salario de casi 9.000 euros por su labor de coordinación de un informe sobre la situación política en Catalunya, con Diplocat como pagador.

En diciembre, además, el expresident de la Generalitat Artur Mas, y la exvicepresidenta Joana Ortega, recurrieron la sentencia del Tribunal de Cuentas que les condenó a pagar casi 5 millones de euros por los gastos de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. Las ramificaciones de la dimensión judicial del procés son casi inabarcables.