Las declaraciones en la Audiencia Nacional son como un juego de trileros. ¿Dónde está la bolita? ¿Quién la trajo? ¿Quién se la llevó? En este caso la bolita sería la tarjeta del teléfono móvil robado a la colaboradora de Pablo Iglesias en noviembre de 2015, cuando el líder de Podemos era diputado del Parlamento Europeo.  Los testimonios del presidente y dueño del Grupo Zeta, Antonio Asensio, y de Alberto Pozas, ex director de la revista Interviú - una histórica cabecera finalmente cerrada por el editor catalán- y ex miembro del equipo de Comunicación del Gobierno de Pedro Sánchez, realizadas ayer y la pasada semana, difieren entre sí y también con las gestiones de los investigadores y los testimonios de las víctimas. 

Sin embargo, desde que en enero de 2016 la primera versión del falso informe parapolicial PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) aludiera a las cuentas y pagos de este y otros cargos de la formación en Bruselas, para Podemos la verdadera bolita a buscar ha sido el recorrido del teléfono móvil desde su robo en noviembre de 2015 hasta que comienzan a aparecer las informaciones que intuyen pueden proceder del dispositivo. Este es el motivo de que la acusación particular de Iglesias y de Bousselham solicitaran ayer, antes incluso de que declarase Alberto Pozas, unas diligencias de investigación "científicas" para conocer el posicionamiento del teléfono antes de que la tarjeta empezara a pasar por las manos de los periodistas que presuntamente colaboran con el jubilado comisario José Manuel Villarejo. ​

Los mismos periodistas que en otras maniobras ilegales

"Cuando Inda publicó los mensajes privados, ya entrado 2016, fue la confirmación de que quizá el robo del teléfono no había sido casual y solicitamos al juzgado madrileño que llevaba el caso esta misma prueba. En su momento no nos la concedió. Esperamos que ahora la Audiencia Nacional, con todas estas pruebas que han encontrado en los registros de Villarejo, actúe en consecuencia y así frene todo este juego de trileros que nosotros ya hemos sufrido como acusación popular en causas como la del pequeño Nicolás. Ahí se pasan la grabación ilegal hecha al CNI y a Asuntos Internos desde Villarejo a las manos de muchos periodistas también involucrados en las informaciones falsas contra Pablo Iglesias", explican fuentes de Podemos. 

El escrito solicita que "se libre oficio a la Unidad policial investigadora a fin de que averigüe mediante triangulación u otro sistema equivalente el posicionamiento del número de teléfono de la Sra. Dina Bousselham entre los días 1 de noviembre de 2015 y 21 de julio de 2016 (fechas entre el día del robo y la publicación en OKDIARIO del contenido del móvil), con el fin de averiguar cómo fue el traslado del mismo a las diversas personas que han tenido acceso a su contenido".

Bousselham no pidió "copia de la tarjeta SIM tras el hurto, pues mi representada utilizó a partir de entonces otro número de teléfono. Eso quiere decir que cualquier posicionamiento posterior al 01/11/2015 (Fecha del hurto) de dicho número y tarjeta SIM corresponde a los responsables del hurto y difusores de las conversaciones privadas y no a mi representada".

Tráfico de llamadas entre periodistas y policías

Basándose también en su experiencia como acusación popular en la causa del pequeño Nicolás, donde en dos meses se pudieron detectar más de 200 llamadas entre la cúpula policial y la periodistas anti-Podemos como Eduardo Inda, Esteban Urreiztieta, Manuel Cerdán o Daniel Montero, la formación morada solicita al juez de la causa Tándem, Manuel García Castellón, "los contactos telefónicos habidos entre José Manuel Villarejo Pérez, Eduardo Inda, Eugenio Pino y José Ángel Fuentes Gago entre el 01/08/2015 y el 30/06/2016, detallando si la intensidad y frecuencia de dichos registros aumenta en los siguientes periodos: 01/01/2016 al 20/01/2016 (Intervalo de publicación de las noticias en OKDiario sobre el Informe PISA); 01/05/2016 al 15/06/2016 (Intervalo de publicación de las noticias en OKDiario sobre el falso pago en las Islas Granadinas); 01/07/2016 al 31/07/2016 (Intervalo de publicación de las noticias en OKDiario sobre los pantallazos del móvil de mis representada Dina Bousselham)". 

Además, en otro escrito, piden amparo tanto Pablo Iglesias como Dina Bousselham para que no pueda publicarse información que provenga de un acto delictivo, a la vez que solicitan que se levante el secreto de sumario "para que nadie puede aprovecharse de esta situación con informaciones falsas, bien para perjudicar una investigación fundamental para la regeneración del Estado de Derecho más allá de ideologías, bien para alterar resultados electorales que es lo que se ha hecho en las últimas convocatorias utilizando en beneficio partidista las instituciones de los ciudadanos", explican las fuentes de Podemos consultadas.