El pasado 16 de enero Juanma Moreno, un hombre de modales educados, siempre de punta en blanco, tardó un buen rato en salir del salón de Plenos del Parlamento de Andalucía. Todo el mundo le buscaba para abrazarle, para felicitarle. Circulaban bromas de todo pelaje: ¿Lo sacarán a hombros como a los toreros?, se preguntaba alguno. La emoción que sentían numerosos dirigentes del PP, el partido al que se afilió Moreno cuando era un chaval, con 19 años, tenía, podría decirse, consistencia física: se podía palpar. “Esto para nosotros es histórico. Son muchos años [intentando llegar al Gobierno andaluz]”, decía un dirigente de la calle San Fernando, sede del PP de Andalucía, muy emocionado, con lágrimas en los ojos.

Moreno acababa de ser votado por 59 de los 109 diputados del Parlamento presidente de la Junta de Andalucía, el primero de derechas de la historia de la autonomía. Un hombre que estaba desahuciado, a quien todo el mundo daba por muerto (políticamente) antes de los comicios, se acababa de convertir, casi por arte de magia, contra todo pronóstico y con el peor resultado de la historia del PP en la Comunidad (por debajo del 22% que obtuvo en 1990), en la persona que acababa con la hegemonía del PSOE en Andalucía 37 años después.

A finales de esta semana -en paralelo a la celebración de las elecciones generales- después de aquellos momentos felices, que justifican con creces su carrera política, Moreno va a cumplir 100 días al frente de un Gobierno al que llegó después de cerrar primero un acuerdo con Ciudadanos para repartirse las carteras, y de firmar después otro con Vox para garantizarse la mayoría parlamentaria y la estabilidad.

Aquel 16 de enero, entre diputados y periodistas venidos de toda España, había dos personas también alegres, también satisfechas, pero en esos momentos más serias que Moreno: se trataba del hoy consejero de la Presidencia, Elías Bendodo (PP), y del hoy vicepresidente, Juan Marín (Ciudadanos). Ambos son las piedras angulares del Ejecutivo, sobre quienes pivotan las estrategias, y por cuyos despachos pasa todo lo importante.

Ambos sabían ya la tarea que les tocaba. Echar a andar en el mayor laboratorio del país, Andalucía, la comunidad más poblada, un experimento nuevo, inédito en la España de la Constitución de 1978, una apuesta estratégica para la derecha, porque la idea fue desde el principio exportarlo, convertirlo en un ejemplo a imitar en el resto del país: Un Gobierno de derechas, formado por dos fuerzas, PP y Ciudadanos, y apoyado desde fuera, desde el Parlamento por un grupo parlamentario de ultraderecha -que regresaba en Andalucía a las instituciones 43 años después de muerto el dictador-.

Este domingo, 28 de abril, el resto del país decide si refrenda o no la aventura andaluza.

Las estrategias políticas y la normalización de Vox

Una de las consecuencias políticas de relevancia que ha traído el experimento es que el Ejecutivo de Juanma Moreno, en este tiempo, ha contribuido como pocos, a las puertas de unas generales, de unas municipales y de unas europeas, a normalizar el discurso reaccionario de la ultraderecha en ámbitos y asuntos tan de piel, de dignidad como la inmigración, como el feminismo, y como la memoria histórica. En Andalucía aún hoy hay más de 40.000 cadáveres en 700 fosas comunes y en numerosos lugares no hubo guerra civil, sino represión de la peor especie.

En ocasiones, el Ejecutivo ha discrepado de Vox -sobre todo Ciudadanos, Juan Marín, que no tiene nada firmado con los ultras, aunque se beneficie de los acuerdos de su socio de Gobierno-, aunque no tanto en el enfoque como en la intensidad a aplicar en el tratamiento de los temas. Y, desde luego, no ha terminado nunca de censurar con total claridad sus exabruptos. Más bien al contrario. Cada vez que los ultras han pegado un tirón, el presidente y el consejero Bendodo ahí han estado para calmarlos. La longevidad de esta aventura política depende de ellos.

Estos 100 días han servido también para comprobar las estrategias políticas del nuevo gobierno.

Por un lado, PP y Ciudadanos han intentado que no se note demasiado que todo lo importante pasa por Vox, que su Ejecutivo es en realidad un gobierno atrapado por la ultraderecha. La decisión más relevante -más allá de abrir el melón de una reforma del Estatuto de Andalucía- que han tomado hasta ahora, una rebaja fiscal que beneficia a quienes más tienen y a quienes más ganan, no se someterá al veredicto de Vox hasta después de las elecciones. Y tampoco han querido presentar el presupuesto. Unas cuentas decisivas y, en cierto modo, históricas, porque serán las primeras que elabore un Ejecutivo de derechas, y que inevitablemente deberán pasar por Vox, que ya ha puesto condiciones para votarlas. En resumen: ni dinero para memoria histórica ni tampoco para la lucha contra la violencia machista.

Por otro, en aplicación del cuento de los tres sobres, PP y Ciudadanos han intentado enterrar todas las banderas de los socialistas. Cada martes, tras la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero Bendodo se ha esforzado por generar un nuevo escándalo a costa de diversos asuntos muy sensibles -la sanidad pública, la agencia de la dependencia, de las multas al Ejecutivo…- con la idea de generar la sensación de que el PSOE en el Gobierno hacía tiempo ya que había dejado de ser eficiente en la gestión.

Y, por último, han comenzado a aplicar los programas que tienen firmados, el fundamental -la guía de Gobierno- el de PP y Ciudadanos, y también el de PP y Vox. Los acuerdos rezuman liberalismo económico y prevén transferencias del sector público al sector privado, de las cuales algunas ya han comenzado a ejecutarse, sobre todo en el ámbito sanitario -plan de choque contra las listas de espera que se ha encargado a las clínicas privadas y liquidación de la subasta de medicamentos, que se había puesto en marcha para ahorrar el gasto en farmacia, clave para la sostenibilidad del sistema público y gratuito-.

La patronal, encantada

La actividad del nuevo Gobierno, sus guiños y su manera de actuar, cuentan, por ahora, con el beneplácito de la patronal andaluza, que está encantada con el nuevo Ejecutivo. El gran objetivo declarado del Gobierno de Moreno es movilizar toda la inversión posible en Andalucía, venga de donde venga, (y para ello se disponen a aplicar el manual del liberal) que minimice las tasas de paro estructural que lastran la prosperidad de la Comunidad y le permitan salir del “vagón de cola”, según terminología muy utilizada por los conservadores.

La ideología de este Gobierno la explicó con meridiana claridad el consejero de Hacienda, Juan Bravo (PP), en la rueda de prensa en la que presentó la bajada de impuestos. “Hay dos políticas, dejar dinero en el bolsillo de los ciudadanos, para que ellos decidan, o dejar dinero en la CCAA, para que decidamos nosotros. O más sociedad o más CCAA. Nosotros apostamos por más sociedad”.

La traducción de esta frase, que es música para los oídos del empresariado, por el contrario, causa honda preocupación en las centrales sindicales y en los colectivos y ONG que luchan contra la discriminación y la desigualdad y que tienen de manera permanente, desde ese 16 de enero, la mosca detrás de la oreja.

El verdadero proyecto de PP y Ciudadanos -más allá de lo firmado y comenzado a aplicar- se podrá ver cuando presenten las cuentas. La intensidad con la que aplicarán su ideología dependerá en gran medida del resultado de las generales. Si el resto del país refrenda el experimento andaluz y deja el Gobierno de España en manos de un Ejecutivo atrapado por Vox, las reformas en Andalucía, previsiblemente, se acelerarán.

De momento, las centrales sindicales y el tejido asociativo se han conjurado de manera particular para que en esta ocasión, el próximo domingo, Andalucía responda de manera contraria a cómo lo hizo en las pasadas autonómicas.

Intentan evitar que la izquierda pierda, intentan evitar que la derecha gane.