El presidente de la Generalitat, Quim Torra, declara este miércoles como investigado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por no retirar los lazos amarillos, en una comparecencia a la que, en plena campaña electoral, acudirá arropado por su Govern y por alcaldes y entidades soberanistas.

El presidente catalán está citado a las 10.30 horas ante el juez del TSJC Carlos Ramos, a raíz de la querella de la Fiscalía que le acusa de un delito de desobediencia por desoír la orden de la Junta Electoral Central de quitar los lazos de los edificios públicos en la campaña de las elecciones generales, símbolos que acabó retirando, ya fuera de plazo, tras recurrir sin éxito al Tribunal Supremo.

Poco antes de su declaración, ha afirmado en su cuenta de Twitter: "Con la libertad de expresión, hasta las últimas consecuencias". Y ha dicho que irá a acusar al Estado de su deriva autoritaria, en sus palabras, por haber mantenido en el balcón del Palau de la Generalitat una pancarta con un lema "a favor de los exiliados y los presos políticos".

Torra llegará al Palacio de Justicia, sede del TSJC, acompañado del presidente del Parlament, Roger Torrent, sus consellers y los presidentes de la ANC, Òmnium Cultural, la Asociación de Municipios por la Independencia y la Asociación Catalana de Municipios, además de numerosos alcaldes soberanistas.

Una concentración convocada por las entidades independentistas dará aliento a la comitiva en los escasos cien metros que separan el Arc de Triomf -junto al que está situada la estatua de Lluís Companys, icono del soberanismo- de las escaleras del Palacio de Justicia.

Con esa imagen de apoyo del independentismo en su comparecencia ante la justicia, Torra sigue los pasos del expresidente catalán Artur Mas, cuando en octubre de 2015 acudió a declarar como investigado por el 9N, aclamado por cerca de 6.000 manifestantes y unos 400 alcaldes soberanistas con las varas alzadas, en una imagen que fue censurada por el TSJC por considerarla un ataque a la independencia judicial.

Sin hacer uso de la prerrogativa que le permitiría ser interrogado en su despacho por su cargo de presidente de la Generalitat, Torra ofreció al TSJC prestar declaración el 15 de mayo, en plena campaña de las elecciones municipales y europeas, después de que el alto tribunal catalán le consultara por su agenda.

Quim Torra ha asegurado este martes, cuando se cumple un año de su investidura, que acudirá al TSJC no a defenderse, sino a "acusar al Estado español" de lo que entiende una vulneración del derecho a la libertad de expresión, por la orden de retirar los lazos amarillos en la campaña de las elecciones generales del 28 de abril.

Tras su declaración ante el juez, el presidente catalán tiene previsto comparecer ante los medios de comunicación en el Palau de la Generalitat, tal y como hizo Mas cuando fue interrogado por organizar la consulta del 9N.

La querella que investiga el TSJC, interpuesta por el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, acusa a Torra de desatender "reiteradamente" las órdenes de la Junta cuando mantuvo simbología "partidista" en edificios públicos, lo que en su opinión reviste "especial gravedad en cuanto incide directamente en el derecho de participación política de la totalidad de la ciudadanía".

La Fiscalía añade en su querella que el presidente catalán desoyó "consciente y deliberadamente" el requerimiento "claro y expreso" emitido por la Junta Electoral y mantuvo los elementos que la Junta le pedía retirar, "aunque fuera de manera encubierta y simbólica".

Tras recibir el ultimátum de la Junta, el pasado 18 de marzo, Torra anunció que seguiría las recomendaciones del Síndic de Greuges sobre el asunto y, tres días después, sustituyó la pancarta a favor de los políticos presos del Palau de la Generalitat por otra con el mismo mensaje, pero con un lazo blanco con una franja roja, en vez de amarilla.

Ello motivó una nueva resolución de la Junta Electoral, que acordó llevar el caso a la Fiscalía, ordenar a los Mossos d'Esquadra retirar los símbolos de apoyo a los políticos presos y abrir un expediente sancionador al presidente catalán.