Cuando el panteón donde será enterrado Francisco Franco el próximo 10 de junio, en el cementerio de Mingorrubio (El Pardo), estaba prácticamente construido, su esposa, Carmen Polo, acudió a visitar cómo habían quedado las obras. Al final y al cabo, hay quien sostiene que este era el lugar donde Franco quería ser enterrado. "¿Te ha gustado, Carmen?", preguntó el dictador a su esposa cuando regresó de la visita. "No; me pareció muy lujosa, contestó ella". La anécdota la recogió Rufo Gamazo, periodista y mano derecha del expresidente del Gobierno Arias Navarro, que cita a un testigo directo de la escena: el general Esquivias, ayudante del Generalísimo que había recibido el encargo de acompañar a doña Carmen en su visita al cementerio de Mingorrubio. 

El panteón, que básicamente consta de una ermita y una cripta, había empezado a construirse con fondos públicos del Ayuntamiento de Madrid siendo alcalde Arias Navarro. Era el año 1969. La orden de construcción de este lugar, que se encuentra en el Archivo de la Villa y que ha sido consultada por este periódico, muestra que la construcción de la capilla y la cripta había sido ordenada por "la Superioridad" a costa de las arcas municipales, concretamente, a los fondos consignados "para la Prevención del Paro Obrero". Y que, además, se había ordenado saltarse todo tipo de trámite administrativo para la adjudicación de las obras. 

"Existe reconocida urgencia en la realización del proyecto ya que circunstancias imprevisibles demandan una inmediata ejecución que no da lugar al desarrollo de los trámites licitatorios (...) La reducción de plazos para la licitación no es suficiente para resolver el emplazamiento con la urgencia necesaria", señala el documento, fechado en abril de 1969. Así, apenas un mes después de esta orden, el proyecto se adjudicó por concierto directo excepcional sin subasta a una empresa de confianza (Constructora J. Quijano S.A.).

El presupuesto para su construcción era de 6.855.666'54 pesetas, pero después las partidas se fueron ampliando. Así, hay otra orden para que el Ayuntamiento desembolsara un pago de 3,8 millones de pesetas para la decoración del espacio y otro más de 748.225 para "trabajos artísticos" que tienen por fin "dar la máxima calidad a las bóvedas de la Capilla y la escalera de bajada a la cripta". En total, el Ayuntamiento de Madrid aportó práticamente 11 millones y medio de pesetas para su construcción en 1969. Ese montante de dinero equivaldría en la actualidad a 1.567.683 euros, según el portal del Instituto Nacional de Estadística, que realiza una actualización monetaria según la evolución del IPC.

 Es decir, más de un millón y medio de euros dedicados a la construcción de una capilla y una cripta que, en la práctica, permanece cerrada al público y que ha sido utilizada básicamente para servir como lugar de enterramiento de Carmen Polo y, ahora, si el Supremo no lo impide, de Francisco Franco. 

La documentación, que fue revelada en 2016 por el investigador Enrique Villalba, muestra que la ornamentación del templo fue encargada a algunos de los mejores artistas españoles de la época. Entre otros, José Espinós (vidriera, cerramientos y figuras metálicas elaborados por su taller, así como una figura de la Virgen de Covadonga); Santiago Padrós (mosaico, bóveda y vidriera), Federico Coullaut (Cristo crucificado), Fernando Cruz Solís (escultura de la Virgen del Carmen), José Luis Alonso Coomonte (verja de entrada que representa la Venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles), Susana Polac (lámparas y tabernáculos de estaño y bronce) y hasta la Fundación Generalísimo Franco, que se encargaría de fabricar los bancos y reclinatorios del templo. Así, se construyó una capilla con una capacidad aproximada para 60 personas que, además, alberga una cripta con acceso desde el atrio. 

Vista de la capilla donde se encuentra la cripta donde está enterrada Carmen Polo.- J. GÓMEZ

El Estado, con derecho a usar la sepultura

Ahora, tras la decisión del Consejo de Ministros, será enterrado también en este emplazamiento el dictador Francisco Franco tras su exhumación del Valle de los Caídos. Pero el derecho de uso sobre las sepulturas ya no pertenece a Patrimonio Nacional sino a la Administración General del Estado, tal y como publicó el BOE el pasado sábado. Este cambio de titularidad implica que es el Estado el que debe hacer frente a los gastos de mantenimiento y, además, tiene otras dos consecuencias claras. Por una parte, facilita la venta o cesión de estos derechos sobre las sepulturas a, por ejemplo, la familia Franco. Por otra, borra a Patrimonio Nacional del encaje de bolillos del Gobierno para poder enterrar en Mingorrubio a Francisco Franco, por lo que Patrimonio no tendrá nada que decir sobre la inhumación en este lugar de los restos del dictador. 

Hasta la fecha de publicación de este artículo, se desconoce si la familia Franco se hará cargo o no de algunos de los costes económicos derivados de la exhumación, traslado y mantenimiento del lugar que desde 1988 acoge los restos de Carmen Polo. Sí que se sabe que la capilla está en la actualidad cerrada a cal y canto y que para la próxima inhumación de los restos del dictador son necesarias una serie de obras que aún no han comenzado. 

La ARMH pide que se busque otro lugar

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica registró a comienzos de esta semana una petición al Gobierno de Pedro Sánchez para que "busque otro lugar de enterramiento que sea sostenido con los fondos de la familia del dictador" y "que no pertenezca al Estado". "Pedimos que sus gastos no sean sufragados con impuestos que aportan al erario las víctimas de la dictadura", señala la petición remitida a Moncloa. 

La ARMH considera que la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos no debe ser llevada a cabo simplemente por el hecho de que el dictador no falleciera durante la Guerra Civil y sí porque supone una "degradación democrática" el hecho de que la tumba de un dictador "que cometió y encabezó gravísimas y multitudinarias violaciones de Derechos Humanos sea sufragado con fondos del Estado".

"No se puede llevar a cabo esa forma de maltrato hacia sus víctimas porque sería impensable que las víctimas del terrorismo financiaran con sus impuestos un mausoleo o una tumba para el victimario. Por lo tanto, el traslado a un panteón de propiedad pública supone un tratamiento denigrante hacia las víctimas de la dictadura", señala la petición que ha sido enviada por la asociación presidida por Emilio Silva a la Presidencia del Gobierno.

Vista general del cementerio de Mingorrubio.- J. GÓMEZ