La defensa de Oriol Junqueras mantiene y refuerza sus posiciones en el juicio contra la cúpula del procés. Andreu Van den Eynde, el letrado que representa al exvicepresident de la Generalitat de Catalunya y al exconseller Raül Romeva, se estrenó en el uso de la palabra al arranque del juicio en el Tribunal Supremo, hace cuatro meses, denunciando su cáracter político, y este martes engordaba las mismas tesis en su turno de informe final, para el que ha empleado las dos horas con las que contaba. 

La sentencia del procés, según Van den Eynde, "generará el Código Penal aplicable a la disidencia política", y toda la causa se fundamenta en un ataque contra el independentismo, la "disidencia": "Se persigue una ideología".

Los hechos probados en estos cuatro meses, "la melodía de los hechos", aislada del "ruido, las estridencias y exageraciones" que atribuye a las acusaciones, evidencian, a su entender, que no hubo delito alguno por parte de sus defendidos. La Fiscalía reclama para Junqueras una pena de hasta 25 años de cárcel por rebelión y malversación, 16 años en el caso de Romeva. "El sesgo y la exageración es el discurso de la acusación", apuntaba. La desobediencia sería, según el letrado, "la discusión real de este juicio".

"Esta causa se inicia como una causa general y prospectiva, de una nulidad radical", denunciaba el letrado, peleando para subrayar las irregularidades que aprecia en el juicio, pero también en la instrucción de esta causa. Según sus palabras, se está aplicando el "derecho penal del enemigo", y la primera evidencia de que no se pueden dar por probados los delitos por los que se acusa a los 12 procesados está en el hecho de que la Fiscalía y la Abogacía del Estado no se ponen de acuerdo sobre si hubo o no violencia en el procés. La primera ve rebelión, la segunda sedición, y ambas niegan que se diera el delito por el que acusa la otra: "No será tan clara la acusación si es antitética", apostillaba.

Ni rebelión ni sedición: "La gente no salió a la calle a derrocar al Estado"

En concreto, sobre la acusación por rebelión, el abogado de Junqueras negaba la mayor: "Yo no tengo claro cuándo fue el 'alzamiento'", ironizaba, afirmando que los episodios de violencia fueron "aislados", anecdóticos, y que la "tesis" sobre la rebelión "se construye con una falacia: la de la agregación de pequeños detalles". Estos episodios estarían "desconectados de la actuación" de Junqueras y Romeva: el primero sería "el símbolo de los valores cristianos vinculados al pacifismo", mientras que el segundo habría "hecho currículum de la conflictología, de la paz". 

Las agresiones a policías y guardias civiles, razonaba el letrado, serían imputables a quienes las cometieron, y en ningún caso podrían considerarse extensibles a quienes llamaron a participar en el referéndum. "La gente no salió a la calle a derrocar al Estado, salió un día a protestar y otro día a votar. Eso no es un alzamiento". "Indignación, la que quieran. Violencia, cero", razonaba.

Además, los casos "aislados" de violencia registrados el 1-O se contarían "con los dedos de la mano", y habrían sido obra de "grupúsculos". Nadie, venía a decir, tenía "información de riesgos" concretos, apuntaba, recordando las palabras de Soraya Sáenz de Santamaría, entonces vicepresidenta del Gobierno, en su declaración como testigo, así como las del exministro del Interior Juan Ignacio Zoido. ​

No obstante, Van den Eynde obviaba las reuniones en las que el major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, acompañado por la cúpula del cuerpo, habría alertado al expresident Carles Puigdemont y al vicepresident Junqueras de los riegos de que se dieran episodios violentos el 1-O. Uno de los testigos, exnúmero dos de Trapero, el comisario Ferrán López, afirmó que Puigdemont llegó a asegurar que declararía la independencia de producirse choques violentos en la jornada del referéndum.

Según su razonamiento,el Gobierno debería haber declarado el estado de sitio, si realmente hubiera considerado probada la violencia. Aplicaba el mismo razonamiento a lo ocurrido en la protesta del 20-S, frente a la Consellería de Economía de la Generalitat: "Tenemos dos coches rotos y hablamos del apocalipsis", resumía. 

En la misma línea, recordaba que la consulta soberanista del 1 de Octubre de 2017 había sido "suspendida", y por tanto "no tenía valor jurídico"; la declaración unilateral de independencia (DUI) del 27 de octubre, que se sustentó en el resultado del referéndum, no sería una herramienta "capaz de haber derogado la Constitución". "La Fiscalía es la única que defiende la DUI" como un mecanismo capaz de liquidar la Carta Magna, argumentaba.

A su vez, afirmaba que la Fiscalía, que acusa por sedición, ha asumido un papel "muy peligroso", ya que en su argumentación de que se cometió este delito, frente a las tesis de la Fiscalía, se ha metido "en un berenjenal monumental". "Es quien defiende el Código Penal de la disidencia política"; "Hace bandera de la respuesta penal a la gente". Sobre la acusación popular ejercida por los ultraderechistas de Vox, apenas afirmaba que que introducido "el marco ultra" en la Sala de lo Penal. 

"Se está confundiendo la desobediencia con la rebelión"

En este sentido, Van den Eynde ha defendido que la desobediencia "es la discusión real de este juicio". "Hablar de golpe de Estado [como hace la Fiscalía] es la demostración de lo que está ocurriendo aquí. Se está confundiendo la desobediencia con la rebelión".

"La gente no fue a parar a la Policía, fue la Policía la que fue a parar a la gente. ¿Eso es una sedición? Eso es una desobediencia de toda la vida". "Se confunde la desobediencia de manual con la rebelión, la crisis de que alguien diga que no quiere cumplir con una cosa se traslada a la rebelión", sentenciaba. 

Las pruebas: "Muchos guardias civiles mienten"

Otro de los puntos fuertes de su argumentación versaba sobre las irregularidades en la instrucción de la causa, así como en la falsedad que aprecia en los testimonios de parte de los testigos, fundamentalmente los policías y guardias civiles llamados por las acusaciones. "Los guardias civiles, muchos exageran, muchos mienten". "Menos mal que tenemos los vídeos".

Además, el letrado aseguraba que las "estructuras de Estado" que los procesados supuestamente querían crear no existen -"¿Alguien las ha visto?"-, y despreciaba la calidad de pruebas como el famoso documento Enfocats. "Es un panfleto que me podría reír, si no fuera porque el tema es tan grave". "Nadie lo ha oído, nadie sabe de dónde viene". "No es nada. Es humo. Es un pretexto que se alza como prueba de cargo por una razón. Por la razón de que lo han repetido mil veces", zanjaba.

De puntillas sobre la malversación

En otro orden de cosas, Van den Eynde ha pasado de puntillas por la acusación por malversación, sobre la que se explayarán los letrados que le sucedan en el uso de la palabra. En esencia, se ha centrado en la acción exterior de la Generalitat, asegurando que se persigue la difusión del pensamiento político en el exterior. 
"Se viene a decir por la acusación que todo el departamento de Exteriores [el que lideraba Romeva] es inconstitucional", sintetizaba. 

No había pues un cambio sustancial con respecto a su posición inicial, sino más bien al contrario. Van den Eynde da por hecho que sus representados se ven perseguidos por sus creencias, y ya parece tener la vista puesta en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.