Donde la Fiscalía ve un "alzamiento violento" en el procés -sin acotar exactamente cuándo y cómo se produjo-, la defensa de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull encuentra manifestaciones, protestas, y recuerda al Ministerio Público que no existe el delito de "golpe de Estado", "por más que se diga, por más frases grandilocuentes" que se empleen, y pese a que esta denominación sirva para copar titulares. "Lo que que ocurrió en Catalunya en ese periodo, son protestas, son manifestaciones", exponía este martes Jordi Pina, el letrado de los tres procesados en el marco del juicio a la cúpula del procés, ante el Tribunal Supremo. 

Pina, que puede hablar durante tres horas en la sesión de este martes, se ha distinguido de sus predecesores en el uso de la palabra, Andreu Van den Eynde (defensor de Oriol Junqueras y Raül Romeva) y Xavier Melero (letrado de Joaquim Forn) en que él no ha asumido que sus clientes cometieran un delito de desobediencia, subsumido en los supuestos delitos de rebelión y sedición, y ha entrado a rebatir la acusación por malversación que pesa sobre Rull y Turull -los primeros se centraron en la rebelión y, en menor medida, en la sedición-.  

Con todo acerado, el letrado se ha remontado al otoño de 2017 para recordar que, ni respecto a la protesta frente a la Consellería de Economía de la Generalitat del 20-S, ni tampoco sobre el referéndum soberanista del 1-O, se interpretó que estos actos representasen la punta de lanza de un "golpe de Estado": "Nadie lo percibió" .

Con "nadie", Pina se refería al entonces líder de la oposición y actual presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que el 1-O condenó las cargas policiales en un mensaje en Twitter, pero también aludía al rey, Felipe VI, que pronunció un polémico discurso el 3 de octubre exigiendo la reposición del "orden constitucional", sin hacer una sola mención "a la rebelión o a la violencia", según el letrado.  

Los únicos ejemplos de violencia que percibió fueron "escupitajos, lanzamiento de alguna valla y algún discapacitado que lanza unas patadas" a los policías. "¿Es esa la 'violencia necesaria' para doblegar al Estado? Válgame Dios", sostenía, incidiendo en que la Fiscalía no ha sido capaz de "probar esa leve violencia". "La única excepción" a ese pacifismo, decía, se reflejaba en los daños sufridos por vehículos de la Guardia Civil el 20-S, una actuación de "desalmados" que ha "maldecido". 

Y, sobre la sedición, delito por el que acusa la Abogacía del Estado, Pina ha afirmado que también requiere de una dosis de violencia que no se dio. "No puedo estar de acuerdo en que el delito de sedición no supone la comisión de una acción violenta". Sus representados, afirmaba, no dejaron de llamar a la participación pacífica en las protestas, y no hay "ningún tuit" o similar en el que aboguen por usar la violencia."Hemos visto dos días de vídeos. ¿Dónde están los golpes de ciudadanos a policías?", cuestionaba. 

En la línea, Pina ha recordado que de los más de 2.250 colegios empleados para votar en esa jornada, sólo "en una treintena hubo algún incidente", y por tanto interpreta como insostenible la tesis de la Fiscalía de que los 12 procesados son responsables de desatar la violencia "suficiente" para lograr su fin último: la independencia de Catalunya.

Además, el letrado ha criticado que la Fiscalía hable de una "rebelión distinta", asegurando que si tuviera "argumentos suficientes" para probar la rebelión "no hablaría de "rebelión distinta". "No hay un delito de homicidio distinto, no hay un delito de lesiones distinto, no hay delitos distintos, son los que son", apostillaba.

El "escarmiento" a 'los Jordis'

Por otra parte, Pina ha cuestionado que se pueda tildar a Sànchez, Jordi Cuixart o Carme Forcadell de ser promotores de la rebelión sin imputarles malversación. "Da que pensar que no hay ningún argumento para imputarle a Jordi Sànchez esa participación. Parece que se quiere escarmentar especialmente a los líderes sociales", sugería.

Y, sobre el control de las masas que según la Fiscalía ejercían los Jordis, el letrado ha pedido no tratar a los ciudadanos catalanes "como a ovejas". "Son los ciudadanos, la sociedad, la que reclama [el referéndum]. Ellos recogen el guante de lo que los ciudadanos reclaman", apuntaba.

Rebate la malversación

En otro orden de cosas, el letrado de Sànchez, Turull y Rull ha sido el primero en pelear por desmontar la acusación por malversación que pesa sobre los dos últimos procesados. Ha afeado a la Fiscalía que en su informe final afirmase que 10 de los 12 dirigentes independentistas que se sientan en el banquillo  convirtieron la Generalitat en "su cortijo", y ha sostenido que en ningún caso puede darse por probada la comisión de este supuesto delito. 

En lo que respecta a Turull, exconseller de Presidencià, Pina ha denunciado que el Ministerio Público trate de atribuirle la responsabilidad sobre actos anteriores a su llegad a la Consellería, en julio de 2017. No hubo malversación en ninguna de sus decisiones, según su relato, ni tampoco en el hecho de que la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) emitiera anuncios para promocionar el referéndum. Estos anuncios, además, no tendrían ninguna relación con la campaña de comunicación Civisme, .esta última sí fue impulsada por Turull-, si bien el concurso se declaró desierto. "No tienen nada que ver, se lo juro, créanme", argumentaba, tirando de ironía.

El "Por el amor de Dios" ha sido su coletilla más repetida, aplicable ante casi cualquier escenario, si bien ha recurrido a diversas expresiones bastante informales: "Señora fiscal [a Consuelo Madrigal], con todo el cariño y el respeto que sabe que le profeso, no vale más [la emisión de] un anuncio político que uno no político", argumentaba.

El caso de Unipost, la empresa de mensajería que recibió encargos relacionados con el referéndum por parte de "un tal Toni" -presuntamente Antoni Molons, alto cargo de la Generalitat procesado ante el juzgado 13-, "es para echarle de comer aparte". Ni un ciudadano recibió una carta notificándole que sería presidente de mesa el 1-O, y ni siquiera se prestó servicio alguno. "No hubo ni encargo, factura, pago, o compromiso de gasto", ni "afectación al presupuesto de la Generalitat". Pese a ello, se sigue imputando a Turull la responsabilidad por un supuesto gasto de 980.000 euros. 

Para cerrar su turno, tras casi dos horas y tres cuartos de intervención, Pina se refería a sus clientes por sus nombres de pila, y en catalán. "Sea cual sea la sentencia podéis estar tranquilos, sois gente de paz", zanjaba.