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Forcadell, hace unos días en el Supremo. J.J. Guillen/REUTERS

Juicio al procés La defensa de Forcadell afea a la Fiscalía que mienta sobre su rol en el 'procés': la acusan "por quien es, no por lo que ha hecho"

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La letrada Olga Arderiu sostiene que la expresidenta del Parlament gozaba de su inmunidad parlamentaria cuando se tramitaron las leyes de desconexión, y critica que durante los cuatro meses de juicio se haya ubicado a Forcadell "en lugares donde no ha estado", o que "se han inventado tuits y se han mutilado declaraciones" de la también expresidenta de la ANC.

Política

La mejor defensa es -o puede serlo- un buen ataque, o eso parece pensar la defensa de Carmen Forcadell, expresidenta del Parlament de Catalunya y procesada en el juicio a la cúpula del procés. Olga Arderiu, letrada de la también expresidenta de la ANC, ha acusado a la Fiscalía de mentir y retorcer los hechos para intentar probar su acusación por rebelión contra Forcadell, para la que piden 17 años de cárcel [Aquí, todas las penas]. 

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"Forcadell no autorizó el referéndum, no arengó a las manifestaciones violentas, ni a que hubiese violencia"

Según la abogada, el Ministerio Público ha intentado "exagerar su actuación", y los errores o imprecisiones de varios testigos han ayudado a este propósito: "Ha aparecido en lugares donde no ha estado, ha hablado en lugares donde no habló", "se han inventado tuits" y "se han mutilado declaraciones", sentenciaba. Y hacía extensible esta "exageración" al resto de acusaciones, la Abogacía del Estado y la acusación popular que ejercen los ultraderechistas de Vox. 

Además, Arderiu ha reprochado a la Fiscalía que la acuse "por quien es, y no por lo que ha hecho", argumentando que es "la única acusada" que aparece en el escrito del Ministerio Público identificada con su cargo como presidenta de la ANC, cuando durante el procés ya estaba al frente del Parlament. 

Sin ir más lejos, esta "exageración" se apreciaría incluso en el hecho de que en el juicio "se habla" de que Forcadell ignoró "siete requerimientos [del Tribunal Constitucional], pero es mentira. Recibió cinco, que son tres de las que no importan dos". "Se trata de exagerar o magnificar su conducta", afeaba la letrada, recordando además que "el Gobierno del Estado había desobedecido hasta en 34 ocasiones diversas sentencias del Constitucional". 

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Los abogados Andreu Van den Eynde (Junqueras y Raül Romeva) y Xavier Melero (Joaquim Forn) sí han reconocido que lo único que podría darse por probado es un delito de desobediencia, si bien Arderiu lo negaba, y argumentaba que desde hace años se ha "criminalizado" la actuación del Parlament.

El "agravio comparativo" con respecto a sus compañeros de la Mesa, procesados ante el TSJC

Hasta ahora, las intervenciones de los letrados se han complementado para desmontar las acusaciones por rebelión, sedición y malversación, si bien el caso de Forcadell presenta varias particularidades. No formaba parte del Govern, no se le imputa malversación -como sí ocurre con todos los miembros del Ejecutivo catalán-, si bien su caso está en manos del Supremo, y no del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que sí juzgará a sus compañeros en la Mesa del Parlament que favorecieron la tramitación de las leyes de ruptura en los polémicos plenos del 6 y 7 de septiembre de 2017.

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Para Arderiu este último hecho supone un "agravio comparativo", ya que los procesados ante el TSJC se exponen a acusaciones por desobediencia, que se castiga con inhabilitación, y no con penas de cárcel. La Fiscalía justifica su petición de 17 años de cárcel, la misma que para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y un año más que los miembros del Govern, salvo Oriol Junqueras (25 años), afirmando que tuvo un rol de liderazgo en este "golpe de Estado". 

No obstante, su defensa negaba la mayor: "No autorizó el referéndum, no arengó a las manifestaciones violentas, ni a que hubiese violencia, y lo que no se nos puede decir es que su papel fundamental es la creación de apariencia de legalidad" del referéndum.

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Las leyes aprobadas por el Parlament en esas dos jornadas, incidía Arderiu, fueron presentadas por los grupos, y la única opción de la Presidencia era tramitarlas. Esta ha sido una de las claves de su defensa (y de su estrategia a la hora de pedir la comparecencia de testigos): afirmar que Forcadell no podía entrar en el contenido de las leyes, y que su rol como presidenta exigía que permitiese su tramitación. 

Con todo, la defensa de Forcadell daba por reproducidos los argumentos del resto de partes para negar la rebelión y la sedición -el delito que aprecia la Fiscalía-, y dedicaba sus últimas palabras a anunciar que, como el resto de letrados, concluido el juicio pedirá que Forcadell salga en libertad, tras 446 días en prisión provisional. 

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