La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil implica de nuevo a la exlíder del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, en la financiación irregular del partido conservador. Así lo acredita el informe elaborado por las autoridades a finales de mayo, en donde se establece que el partido se financió con donaciones ilegales de Indra. 

Según detalla la Cadena SER, la empresa "pagó servicios no realizados a empresas vinculadas a la campaña electoral del PP en el 2007 y en el 2011". Además, la UCO relaciona estas aportaciones ilegales con adjudicaciones millonarias a la que era la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, del Gobierno de Aguirre.

En el informe también se señala que estas operaciones comenzaron al menos en 2008 con el fin de sanear las cuentas del PP tras la campaña electoral en las elecciones municipales y autonómicas de 2007. Indra habría recaudado casi 600.000 euros para el partido conservador en 2012.

Según añade El Confidencial, "el flujo de estos fondos irregulares se habría mantenido activo al menos entre 2008 y 2013, y permitió a los populares madrileños inyectar en su caja B un total de 1.054.247 euros". De acuerdo al mism medio, esas aportaciones de dinero se hacían a cambio de adjudicaciones millonarias concedidas a Indra por un ente público de la Comunidad de Madrid, la antigua Agencia de Informática y Comunicaciones. "En concreto, esta empresa pública asignó contratos por importe de 16,1 millones de euros en 2011; de 13,2 millones en 2012, y de 15 millones en 2013", informa El Confidencial.

Además, los investigadores también implican a Ignacio González y Francisco Granados, a quienes otorgan papeles decisivos en la trama. "Los fondos aportados por Indra a petición de altos cargos de la CAM habría servido para retribuir los trabajos que dicho entramado había prestado para el Partido Popular de Madrid, sirviéndose de la empresa pública ICM", concluyen los investigadores de la UCO en el informe de 65 páginas. 

La Guardia Civil logró implicar por primera vez a la expresidenta madrileña en la financiación irregular del partido. En este caso se centraba en la trama corrupta que trabajó en las campañas electorales del PP en 2003 y 2007. La UCO aseguraba que "se impartieron instrucciones precisas para que se facilitara la contratación" a las empresas Over Marketing, Traci, Abanico y Link y en las que participaron, además de Aguirre, Granados y González, junto al empresario Daniel Horacio Mercado, imputado en la Púnica y en el caso sobre la financiación irregular del PP en Baleares con Jaume Matas.