La espera de la juez y diputada de Unidas Podemos Victoria Rosell está más cerca de concluir.  El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) juzga a partir de este lunes si el magistrado Salvador Alba manipuló una instrucción penal y orientó a un testigo para intentar volar por los aires su carrera política, cuando acababa de ser elegida diputada de Podemos.

Suspendido de empleo y sueldo por estos hechos desde hace meses, Salvador Alba se sienta en el banquillo para responder de cuatro delitos por los que la Fiscalía de Canarias exige que sea condenado a diez años de cárcel y 29 de inhabilitación (prevaricación judicial, cohecho, falsedad y revelación de secretos).

Las cuatro acusaciones personadas en el juicio (el Ministerio Fiscal, la propia Rosell, su pareja -el periodista Carlos Sosa- y Podemos) sostienen que el procesado aprovechó unos meses en los que sustituía a la entonces diputada de Podemos en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria para dirigir en contra de la juez un caso de fraude fiscal abierto al empresario Miguel Ángel Ramírez, relativo a Seguridad Integral Canaria. Dada la polémica creada en torno a Rosell, que también fue diputada en la XI legislatura, esta decidió

La Fiscalía acusa al magistrado de manipular de forma "arbitraria" y "con ánimo espurio" la tramitación de ese procedimiento -que había sido iniciado por la propia juez Rosell- con el propósito de "recopilar material ajeno" a los hechos que se investigaban (un posible fraude a la Seguridad Social) "que sirviera de plataforma para perjudicar profesionalmente" a su colega.

La vista durará, en principio, cinco días, en jornadas de mañana y tarde. La abrirán dos interrogatorios: el del procesado, Salvador Alba, y el del empresario Ramírez, como primer testigo del caso. Se prolongará durante dos semanas, y está previsto que comparezcan cerca de 25 testigos. 

La Fiscalía sostiene que fue él quien citó a Ramírez, que evitó la puerta principal del edificio

En otro orden de cosas, la Fiscalía se opone a que el magistrado Alba pida la nulidad de la causa, alegando que fue grabado en su despacho profesional como juez, porque fue él quien franqueó la puerta a quien lo hizo.

En concreto, la defensa de Alba pide la nulidad de todo el procedimiento desde su inicio por dos motivos que tienen que ver con la grabación que constituye una de las pruebas fundamentales de este proceso: la que el empresario Ramírez le hizo en su despacho de la Audiencia de Las Palmas el 16 de marzo de 2016.

La defensa sostiene que esa grabación quiebra la protección legal que corresponde al despacho profesional de un juez y que, además, fue manipulada y editada en perjuicio de su cliente antes de entregarla a la Justicia, lo que la invalidaría como prueba.

El fiscal Vicente Garrido -que decidió impulsar esta causa contra Alba cuando era fiscal superior de Canarias- ha recordado a la defensa que fue el propio Alba quien citó a Ramírez a su despacho a hablar extraoficialmente y quien dio los permisos necesarios para que accediera a la Ciudad de la Justicia no por la entrada principal, sino de forma reservada por el garaje del edificio.

La acusación pública sostiene que ese permiso y el propio comportamiento de Alba en esa reunión anularon la protección de la que disfruta el despacho de un juez y que, todo lo más, el procesado solo puede quejarse de que el empresario quebrara su confianza.

En la grabación que entregó al Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria Miguel Ángel Ramírez cuando Salvador Alba dejó de sustituir en él a Victoria Rosell (entonces en el Congreso), se escucha supuestamente al juez decirle al empresario lo que tiene que declarar cuando lo cite oficialmente para perjudicar a la diputada de Podemos, a cambio de una serie de ventajas para él.

La defensa sostiene que el procedimiento es nulo no solo por quebrar la protección del despacho de un juez, sino porque, según su versión, se abrió a partir de dos audios extractados y "manipulados".

Todas las acusaciones le han contestado que no es así: Se inició, han recordado, porque Ramírez pidió declarar ante la nueva titular del Juzgado número 8, le contó lo que le había pasado con su antecesor y le entregó dos archivos de audio para que lo escuchara.

Luego, cuando se le pidió el aparato con el que se hizo la grabación (una grabadora camuflada con forma de llave de coche) fue la Guardia Civil la que encontró el audio completo en la carpeta papelera, han alegado las cuatro acusaciones (la Fiscalía y los abogados que representan a Victoria Rosell, a su pareja Carlos Sosa y al partido por el que de nuevo es diputada, Podemos).

El fiscal del caso ha recordado al TSJC que hasta ahora ha validado siempre como prueba esa grabación, que fue hecha y aportada por una de las dos personas a las que se escucha en ella, y también que la Audiencia de Las Palmas ha archivado el procedimiento en el que Alba acusaba al empresario Ramírez de haberla falsificado.

Y ha enfatizado: "Voluntariamente (Salvador Alba) permitió que un tercero entrara en su despacho. Lo citó él un día concreto, planificó la reunión y accedió a que entrara por los garajes. Ahora no puede sentirse engañado. Dejó de estar en el despacho de un juez porque él consintió que así fuera".

La Sala de lo Penal del TSJC ha suspendido de nuevo la vista para decidir si accede a la petición de su defensa o continúa con este juicio, en el que Salvador Alba se expone a una posible condena de diez años de cárcel por delitos de prevaricación, cohecho, falsedad en documento oficial y revelación de secretos.