Misterio total. El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha rechazado revelar el contenido de la norma que regula la actuación de la Ertzaintza ante movilizaciones obreras como las vividas en las últimas semanas en Bilbao, donde una protesta de los trabajadores del Metal acabó con cargas policiales, imputaciones y hasta un fotógrafo del diario Deia agredido por los policías. Las directrices que manejan los Antidisturbios para actuar ante ese tipo de casos se mantendrán, al menos de momento, bajo confidencialidad.

Así se desprende de una respuesta parlamentaria enviada por la Consejera de Seguridad del Ejecutivo autonómico, Estefanía Beltrán de Heredia, a la parlamentaria de Elkarrekin Podemos Edurne García, quien había cursado una extensa solicitud de información sobre los procedimientos policiales ante casos de movilizaciones laborales.

“En los últimos meses se están dando en la Comunidad Autónoma Vasca diferentes conflictos laborales y huelgas donde el Departamento de Seguridad y en concreto la Ertzaintza interviene. En algunos de estos conflictos laborales y huelgas existe preocupación por parte de las organizaciones sindicales en relación a la actuación de los cuerpos de seguridad dependientes de su departamento”, destacaba García en su pregunta parlamentaria, enviada el pasado 12 de abril.

La solicitud de información cursada por la parlamentaria estaba repartida en 25 preguntas que abarcaba asuntos como la “estrategia marco para abordar en toda su extensión las actuaciones derivadas de las situaciones de conflicto laboral y huelgas”, citando concretamente los casos de concentraciones y piquetes informativos. También preguntaba sobre la “formación específica en derecho laboral (especialmente libertad sindical, huelga y seguridad y salud laboral) y derecho penal laboral” por parte de la Ertzaintza.

La respuesta del Gobierno Vasco llegó el pasado 4 de junio. En un documento bilingüe de tres páginas, el Ejecutivo evita responder de forma individualizada a cada una de las 25 preguntas formuladas por Elkarrekin Podemos. En su lugar, lo hace por bloques.

De entrada, indica que la policía autonómica, “en las intervenciones ante conflictos laborales y huelgas, se rige por la Directriz Nº 10 de la Dirección de la Ertzaintza”, titulada “Intervención policial durante el ejercicio del derecho de huelga”. Sin embargo, el contenido de dicha directriz no aparece en la respuesta enviada a la parlamentaria. “Dado el carácter confidencial de este tipo de documentos, se le invita a acceder a nuestras dependencias con el objeto de realizar las verificaciones o comprobaciones que considere oportunas de dicho documento”, señala la consejera de Seguridad, al tiempo que le indica que “contacte con la Dirección de Gabinete a tal fin”.

Seguido, señala que la huelga “no es un derecho absoluto, sino que se encuentra limitado por el ejercicio de otros derechos y el respeto de terceras personas y sus bienes; motivo por el cual la Ertzaintza toma las medidas de control policial adecuadas para la prevención de posibles alteraciones de la seguridad ciudadana y la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades”. “Así, en función de la información que se dispone, se planifican los operativos policiales, valorando aspectos de legalidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad”, añade.

Sostiene además que la Ertzaintza “da auxilio policial a las autoridades competentes que lo soliciten en las medidas acordadas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales a la comunidad en caso de huelga”. En tal sentido, admite que “con el personal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se desarrolla un trabajo más estrecho, dado que cuando lo requieren, se les acompaña en la inspección de distintos locales o empresas, donde pueda existir la posibilidad de incidentes de orden público”. Sobre este punto no realiza más aclaraciones.

Respecto a las concentraciones, señala que “en sí mismo, el hecho de repartir propaganda, pegar carteles o realizar una concentración por un conflicto laboral o una huelga no tiene porqué ser una razón justificativa, siempre que no se altere la seguridad ciudadana o el libre ejercicio de los derechos y libertades, o sea necesaria la misma por la supuesta participación en un hecho delictivo o sanción administrativa”.

En ese contexto, señala que la Ertzaintza “puede establecer cordones policiales siempre que se considere la medida adecuada para proteger la integridad de las personas, instalaciones o bienes y garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades”.

Formación policial

Respecto a la formación que reciben los ertzainas en torno al derecho a huelga, la consejera señala que durante el “curso de formación que realizan los y las agentes de la escala básica de la Ertzaintza en la Academia Vasca de Policía y Emergencias” se incluye un “módulo de Derecho, donde se abordan las cuestiones relacionadas con el tema”.

En ese sentido, indica también que en el módulo “La Ertzaintza y los Derechos Humanos” se aborda la directriz sobre “Intervención policial durante el ejercicio del derecho de huelga”, precisamente la misma que la consejera se niega a enviar al Parlamento.