Empleo, digitalización, transición ecológica, feminismo e igualdad de género, fortalecimiento de la convivencia territorial y lucha contra la exclusión social. Seis ejes con los que Pedro Sánchez quiere formular un programa político con el que ser investido presidente del Gobierno, con el apoyo parlamentario de otras fuerzas políticas, con un Ejecutivo monocolor y "de la mano de la sociedad civil". La investidura fallida de la pasada semana ha provocado un cambio de enfoque en el líder socialista, que ha puesto rumbo acelerado y firme al encuentro con los colectivos sociales.

Este mismo miércoles Sánchez se ha reunido con asociaciones por la defensa de la Igualdad (entre ellos no se incluye la plataforma 8M) y con colectivos expertos en digitalización y ciencia para elaborar un programa de cara a la investidura. El presidente en funciones ha avanzado que "a partir de ahí, una vez que nosotros construyamos con la sociedad civil este proyecto, yo hablaré con el resto de formaciones políticas para decirles que el 28 de abril los españoles dijeron que querían un Gobierno progresista".

Desde su fracaso en la investidura, el líder socialista ha defendido un "gobierno a la portuguesa", es decir, un Ejecutivo del PSOE apoyado por otras fuerzas políticas en el Parlamento. Para Sánchez, el gobierno de coalición que pide Unidas Podemos está agotado e, incluso, achaca la investidura fallida a la imposibilidad de llevar a cabo esta fórmula, presente en 19 de 28 países de la Unión Europea.

Pero el acercamiento a los colectivos sociales podría no ser solo una estrategia para sacar adelante una investidura, sino que el PSOE parece haberse lanzado de lleno a una pugna por representar a estos colectivos en el ámbito institucional. En los últimos años, Unidas Podemos ha ejercido de canal de representación de las demandas y reivindicaciones de los diferentes colectivos en ámbitos como el Congreso o los ayuntamientos. Buena prueba de ello la constituye el registro de iniciativas en la Cámara Baja como la ley de igualdad LGTBI (redactada por los colectivos del movimiento y presentada por el Grupo Confederal) o aquellas proposiciones que trataban de ampliar derechos a sectores muy concretos (bomberos forestales, estudiantes en prácticas, camareras de piso...)

Además, Unidas Podemos durante estos meses ya se ha reunido con muchos de los colectivos que ahora busca Sánchez. Desde que pasaron las elecciones, dirigentes del grupo confederal se han reunido con los dirigentes de los principales sindicatos, Unai Sordo y Pepe Alvárez, o con las organizaciones ecologistas conocidas como G5: Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF. También se han visto en el Congreso en jornadas con pensionistas, conflictos laborales en lucha, representantes de colectivos en defensa de los servicios públicos o colectivos del mundo científico. 

El objetivo de estas reuniones ha sido recopilar las reclamaciones de la sociedad civil para después plantearlas en el acuerdo programático que ya tenían prácticamente cerrado con el PSOE la semana pasada. Cuando estallaron las negociaciones sobre la coalición, los dos partidos ya tenían un documento de 100 páginas casi acordado. Además, tras los encuentros de todos estos colectivos con los dirigentes de Unidas Podemos representantes de cada parte ofrecían declaraciones a los medios en los que mostraron la sintonía programática. 

Por esto mismo, Unidas Podemos se reforzó con los colectivos frente a las presiones del Ibex 35 que fueron de pedir un acuerdo entre Ciudadanos y PSOE a un Ejecutivo monocolor socialista, pero siempre con el partido morado fuera de la ecuación. 

Ahora desde el grupo confederal recriminan esta estrategia de Sánchez ya que consideran que es un trabajo que tenía que haber hecho durante estos meses atrás y no haber estado "implorando la abstención de PP y Ciudadanos". "Ahora, en agosto, se plantean escuchar a los colectivos después de haber perdido la investidura",  critican de la formación a Público.

Es por esto que la mirada de Sánchez hacia los colectivos y sus reivindicaciones podría ir más allá de la investidura para tratar de convertir al PSOE en canal de estas demandas desde el ámbito de la sociedad civil a las instituciones, desplazando a Unidas Podemos. El presidente en funciones ya ha puesto en marcha su agenda social y de estas reuniones podría obtener un doble rédito: un programa de corte social que eleve la presión sobre las formaciones progresistas para obtener su apoyo en la investidura, y el respaldo de colectivos que puedan ver satisfechas algunas de sus demandas más urgentes en este programa.