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La fiscal general del Estado, María José Segarra, en una imagen de archivo. /EFE

Segarra remite a la Audiencia Nacional la denuncia de Justicia contra las empresas de vientres de alquiler

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La Fiscalía centra la investigación en una compañía con sede en España y que ofrece sus servicios de 'vientres de alquiler' a través de una página web.

Política

La Fiscal General del Estado, María José Segarra, ha encargado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que investigue la denuncia de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, sobre las agencias intermediarias de vientres de alquiler que operan en España.

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La denuncia de Delgado se centra en la presunta actividad delictiva de una entidad mercantil que tiene una sede en España y que ofrece servicios de gestación por “vientres de alquiler” en Ucrania . También ofrece sus gestiones a través de una página web.

Justicia envió a la Fiscalía una documentación en la que sostiene que existe una investigación abierta en Ucrania sobre esta empresa, aun cuando, a diferencia de lo que ocurre en España, los vientres de alquiler en aquel país, es legal.

Este caso está abierto en Ucrania por los posibles delitos de tráfico de personas, falsedad documental, transferencia ilegal de personas a través de frontera estatal y evasión fiscal, según tipificación del Código Penal ucraniano.

“Es a resultas de aquella investigación como se ha detectado la existencia de la sede española” de esta empresa, explica una nota de la Fiscalía General del Estado. "Hasta el momento",  los hechos ocurridos en España "no están siendo investigados en Ucrania y, por tanto, los indicios existentes están aún en fase embrionaria”, explica la Fiscalía basándose en lo que ha recibido de Delgado.

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La denuncia ha sido enviada a la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya que este órgano central es el competente para conocer estos casos, aun cuando parte de los hechos hayan tenido lugar fuera de España.

Derechos de los menores y las gestantes

El ministerio de Justicia emitió este lunes un comunicado en el que señaló que las agencias que ofrecen estos servicios en España "se lucran mediante esta actividad ilegal que realizan en terceros países".

Por ello, pidió a la Fiscalía que procediera a estudiar los posibles delitos cometidos con la realización de dichas actividades.

El Gobierno además, tiene en cuenta otra circunstancia como "la posibilidad de que en esos terceros países se vulneren los derechos de las mujeres gestantes" y que, "en ocasiones, se hagan pasar por hijos a niños nacidos sin relación genética alguna con las parejas".

Todo ello, según precisa el Ministerio de Justicia, "sin perjuicio de dar solución a las situaciones de hecho que se hayan creado atendiendo al interés superior del menor".

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