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Apertura del año judicial La fiscal general advierte a Torra: "Todos tenemos la imperiosa obligación de acatar la sentencia" del 'procés'

María José Segarra aprovecha su discurso en el acto de apertura del Año Judicial para responder al president de la Generalitat, Quim Torra, que afirma que no acatarán la sentencia si no es absolutoria.

Ceremonia de apertura del Año Judicial, que ha tenido lugar hoy en la sede del Tribunal Supremo - EFE/Angel Díaz

Es el acto de apertura del Año Judicial 2019, pero la inminente sentencia del procés ha impregnado cada resquicio, colándose en cada discurso. El Salón de Plenos del Tribunal Supremo, utilizado durante cuatro meses para celebrar el juicio a la cúpula del procés catalán, ante la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, ha acogido este lunes el acto con el que arranca el año de los tribunales, bajo la presidencia del rey, Felipe VI.

A escasas semanas de que se haga pública la sentencia, la fiscal general del Estado, María José Segarra, ha advertido de que "todos tenemos la imperiosa obligación de acatar la sentencia que se dicte, sea cual sea el sentido de la misma". Sin citarlo expresamente, la representante del Ministerio Público aludía al president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, que acostumbra a repetir que sólo aceptarán una sentencia absolutoria para los 12 políticos y dirigentes sociales juzgados por el Alto Tribunal.

Lesmes tilda de "grave anomalía" que el Parlamento aún no haya renovado el CGPJ, en funciones desde diciembre: "Puede contribuir al descrédito del CGPJ"

A su vez, Segarra ha recalcado la "extraordinaria gravedad" de los hechos enjuiciados, y ha defendido que la respuesta del sistema judicial "ha sido la aplicación serena, firme y rigurosa de la Ley". En su discurso, centrado en la presentación de la Memoria Anual de la Fiscalía, la fiscal ha presumido también de que el juicio se ha celebrado "bajo los más amplios estándares de transparencia, accesibilidad y garantías para las partes", lo que interpreta como "la más viva afirmación de nuestro Estado de Derecho".

Junto a Segarra, en el estrado del Salón de Plenos se sentaban también el jefe del Estado, la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Supremo, Carlos Lesmes, también en funciones.

De hecho, Lesmes ha tildado de "grave anomalía" que el Parlamento no haya procedido a la renovación del órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato expiró en diciembre, y ha advertido de que, "si se prolonga" esta situación, "puede contribuir al descrédito" del CGPJ. 

A escasos metros, en el público, la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, y el presidente del Senado, Manuel Cruz, seguían el discurso de Lesmes. Ninguna de las cámaras ha dado un solo paso hacia la renovación del CGPJ desde el fracasado pacto entre PP y PSOE dado a conocer en noviembre. El mismo por el que ambos partidos pretendían aupar al juez del procés, Manuel Marchena, a la cúspide del poder judicial.

Lesmes felicita a Marchena y a las partes en el juicio

Lesmes se ha referido al procés ya al inicio de su intervención, al elogiar al tribunal por su "compromiso con la defensa de los valores del Estado de Derecho, proclamados por la Constitución".

Así, ha felicitado a Marchena, presidente de la Sala de lo Penal, al resto del tribunal y a todos los profesionales que han hecho posible el juicio desde sus esferas de trabajo. También ha expresado su "reconocimiento" a las partes, defensas y acusaciones, por la "profesionalidad y el rigor" demostrados: aquí entrarían los equipos legales de los acusados, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por el partido ultraderechista Vox.

Se ha referido a la violencia machista en un par de ocasiones, como un "gravísimo fenómeno" que no puede ser erradicado únicamente desde la esfera penal, y como una forma de delincuencia "especialmente execrable". 

Además, el presidente del Consejo General del Poder Judicial ha reclamado más medios económicos para la Justicia, y ha pedido un nuevo mapa judicial y organizativo en España, que se mantiene con la misma estructura territorial que hace 185 años. Ha puesto como ejemplo que el número de partidos judiciales actuales es prácticamente igual al que existía en el momento de la creación de este tipo de demarcación, en la época de la Regencia de María Cristina.

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