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Manifestación realizada por Sare durante la pasada Semana Grande de Bilbao para pedir cambios en la política penitenciaria que se aplica contra los presos de ETA. EFE/ Miguel Toña

POLÍTICA PENITENCIARIA La situación de los presos tras el final de ETA llega al Consejo de Derechos Humanos de la ONU

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El Centro Interdisciplinar de Estudios Jurídicos de la UPV y la red Sare han enviado un informe en el que detallan las medidas que se aplican contra los reclusos. El 90% sigue en cárceles situadas a más de 250 kilómetros de Euskadi.

Política

Hay caminos más largos que otros. Los presos de ETA, unos 211 repartidos en 43 cárceles españolas y otros 39 en nueve prisiones francesas, recorren actualmente las vías legales para tratar de obtener beneficios penitenciarios. La situación a este lado de la frontera, donde la mayoría continúa bajo medidas penitenciarias de excepción, ha sido puesta en manos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

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Los detalles se van a conocer este miércoles en el Café Antzokia de Bilbao, donde el Centro Interdisciplinar de Estudios Jurídicos de la Universidad del País Vasco (UPV) "Ikasmira" y la red ciudadana Sare van a presentar el informe elaborado de manera conjunta “sobre la situación de vulneración de los y las presas vascas”, según reza en la convocatoria. Dicho estudio, añade, ya ha sido enviado “al Consejo de Derechos Humanos de la ONU”.

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La comparecencia estará a cargo del catedrático de Derecho Administrativo de la UPV Iñaki Lasagabaster, la abogada y portavoz de Sare Bego Atxa y el ex consejero de Justicia del Gobierno Vasco Joseba Azkarraga, quien también ejerce como representante de esa plataforma ciudadana. En la presentación van a estar acompañados por “varias personalidades del ámbito de la política, cultura y sindicalismo”.

Según ha podido confirmar Público, el informe ha sido redactado por Lasagabaster y Azkarraga y consta de siete páginas, a lo largo de las cuales se realiza un estudio pormenorizado de las “vulneraciones a los derechos humanos de los presos vascos”. Se incide concretamente en la política de alejamiento aplicada contra los reclusos y se citan los ejemplos de sentencias dictadas a nivel europeo contra Rusia y Ucrania por aplicar ese tipo de medidas.

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También se aportan datos sobre la situación de los presos que sufren enfermedades graves y se describe el “régimen de excepcionalidad” que se les aplica. En ese contexto, el documento realiza tres peticiones a la ONU para que recomienda a España un cambio de actitud en materia de política penitenciaria acorde al tiempo que vive Euskadi tras la desaparición de ETA.

Dispersión y primer grado

Según datos aportados a finales de la semana pasada por la Comisión de Presos de Sortu, el 90% de los presos que se encuentran en cárceles españolas están a más de 250 kilómetros de sus hogares, mientras que el 68% sigue en régimen cerrado o primer grado, lo que significa a su vez que “tienen vedado el derecho a un recorrido penitenciario”. La situación es diferente en Francia, donde ha habido un “acercamiento masivo” de reclusos y se ha levantado gradualmente la clasificación de “presos peligrosos” que se les aplicaba en ese país.

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