Hay caminos más largos que otros. Los presos de ETA, unos 211 repartidos en 43 cárceles españolas y otros 39 en nueve prisiones francesas, recorren actualmente las vías legales para tratar de obtener beneficios penitenciarios. La situación a este lado de la frontera, donde la mayoría continúa bajo medidas penitenciarias de excepción, ha sido puesta en manos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Los detalles se van a conocer este miércoles en el Café Antzokia de Bilbao, donde el Centro Interdisciplinar de Estudios Jurídicos de la Universidad del País Vasco (UPV) "Ikasmira" y la red ciudadana Sare van a presentar el informe elaborado de manera conjunta “sobre la situación de vulneración de los y las presas vascas”, según reza en la convocatoria. Dicho estudio, añade, ya ha sido enviado “al Consejo de Derechos Humanos de la ONU”.

La comparecencia estará a cargo del catedrático de Derecho Administrativo de la UPV Iñaki Lasagabaster, la abogada y portavoz de Sare Bego Atxa y el ex consejero de Justicia del Gobierno Vasco Joseba Azkarraga, quien también ejerce como representante de esa plataforma ciudadana. En la presentación van a estar acompañados por “varias personalidades del ámbito de la política, cultura y sindicalismo”.

Según ha podido confirmar Público, el informe ha sido redactado por Lasagabaster y Azkarraga y consta de siete páginas, a lo largo de las cuales se realiza un estudio pormenorizado de las “vulneraciones a los derechos humanos de los presos vascos”. Se incide concretamente en la política de alejamiento aplicada contra los reclusos y se citan los ejemplos de sentencias dictadas a nivel europeo contra Rusia y Ucrania por aplicar ese tipo de medidas.

También se aportan datos sobre la situación de los presos que sufren enfermedades graves y se describe el “régimen de excepcionalidad” que se les aplica. En ese contexto, el documento realiza tres peticiones a la ONU para que recomienda a España un cambio de actitud en materia de política penitenciaria acorde al tiempo que vive Euskadi tras la desaparición de ETA.

Dispersión y primer grado

Según datos aportados a finales de la semana pasada por la Comisión de Presos de Sortu, el 90% de los presos que se encuentran en cárceles españolas están a más de 250 kilómetros de sus hogares, mientras que el 68% sigue en régimen cerrado o primer grado, lo que significa a su vez que “tienen vedado el derecho a un recorrido penitenciario”. La situación es diferente en Francia, donde ha habido un “acercamiento masivo” de reclusos y se ha levantado gradualmente la clasificación de “presos peligrosos” que se les aplicaba en ese país.