Una nueva política penitenciaria para un nuevo tiempo. Bajo esas premisas se mueve el informe que ya está en manos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y en el que se reclaman cambios en las cárceles. Así lo reivindica Ikasmirak –el Centro Interdisciplinar de Estudios Jurídicos de la Universidad del País Vasco (UPV)– y la red ciudadana Sare, dedicada precisamente a reclamar mejoras para el colectivo de presos de ETA.

El contenido del documento ha sido presentado este miércoles en el Café Antzokia de Bilbao, donde sus autores han estado arropados por representantes del mundo político, sindical y social de Euskadi. Estaban, por ejemplo, el ex alcalde de Getxo por el PNV, Iñaki Zarraoa; el ex gobernador civil de Bizkaia y miembro del PSE, Dani Arranz; Pili Zabala, parlamentaria de Elkarrekin Podemos y hermana de Joxi Zabala, asesinado por el GAL en 1983; o Rosa Rodero, viuda del sargento de la Ertzaintza Joseba Goikoetxea, asesinado por ETA en 1993.

En ese contexto, el portavoz de Sare y ex consejero de Justicia del Gobierno Vasco, Joseba Azkarraga –autor del informe junto al catedrático de Derecho Administrativo de la UPV e integrante de Ikasmirak, Iñaki Lasagabaster– puso contexto al documento: recordó que entre octubre y noviembre España pasará el examen que cada cinco años se realiza a los estados miembros de la ONU en relación a la “situación de los derechos humanos”.

De cara a ese examen, Ikasmirak y Sare buscan que también se valore la política penitenciaria que se aplica contra los presos de ETA. “Entendemos que la situación de los presos y presas vascos debería acomodarse a la evolución de la situación política en el País Vasco. El 20 de octubre de 2011 la organización ETA anunció el fin de su actividad y posteriormente se produjo su disolución, el tres de mayo de 2018. Este hecho debería dar lugar a la aplicación de una política penitenciaria diferente, además de respetuosa con las normas jurídicas”, señala el informe.

Sin embargo, el estudio apunta que actualmente se mantiene “la conculcación de sus derechos fundamentales y el no respeto del principio de legalidad”. En concreto, describe las medidas de alejamiento y dispersión carcelaria, la situación de los presos enfermos que continúan en la cárcel o la acumulación de condenas.

En ese contexto, Lasagabaster denunció que “la política española en materia penitenciaria es contraria al principio de legalidad. “Los poderes públicos españoles intervienen en política penitenciaria no solo sin ninguna habilitación legal, sino además de forma contraria a las normas internacionales”, afirmó el catedrático de la UPV, quien criticó además que “el Gobierno español actual continúa con una política penitenciaria igual a la de su antecesor”.