Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Santiago, asesora en materia de redacción de leyes, doctora en Derecho, ex vicerrectora de Universidad, experta en Derecho Civil de Galicia… Estos méritos no han servido a María Paz García Rubio para, al menos, ser propuesta para la plaza del Tribunal Supremo a la que se ha presentado.

El nombre de Paz García Rubio no figura en la propuesta elevada por la Comisión Permanente al pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este jueves es la votación de esta plaza y otras dos más de la Sala de lo Social del Supremo.

La propuesta de los candidatos recae en la Comisión Permanente CGPJ, el órgano constitucional elegido por los partidos políticos presentes en el Parlamento. Se votan tres plazas en el Supremo. Y todos los favoritos son hombres.

Paz García Rubio, catedrática de Derecho Civil. Foto: Universidad de Santiago de Compostela.

La plaza a la que se presentó Paz García Rubio es en la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Se presentaron 15 candidatos, tres de los cuales son mujeres. Ninguna ha sido propuesta para ser votada en el pleno.

El favorito para esta plaza es Juan María Díaz Fraile, registrador de la propiedad, apoyado por los vocales de aupados por PSOE al Consejo, y que fue letrado de la Dirección General del Notariado con el Gobierno de José María Aznar.

Frente a él, la postergada Paz García Rubio le supera en publicaciones, conferencias y en especialidad: es catedrática de Derecho Civil desde hace 19 años y lleva 35 años de docencia universitaria en esta especialidad a la espalda. Julio Banacloche Palao y Manuel Rivera Fernández, los otros dos propuestos, también son catedráticos, pero con menos años de experiencia que García Rubio.

La base sexta de estas convocatorias impone al CGPJ que nombre a una mujer, si existe igualdad en méritos con un hombre. Pero la catedrática ni siquiera ha sido propuesta a pesar de tener un curriculum superior.

Paz García Rubio es la única candidata que es vocal de la Sección Civil de la Comisión General de Codificación. Hay otro candidato -Banacloche- vocal de esta Comisión, pero en el ámbito Procesal. La función de estos expertos es asesorar al Gobierno en la elaboración de leyes.

Cualquiera de los 20 vocales del CGPJ puede rescatar un nombre de los candidatos y exigir al pleno que se vote. Pero las distintas fuentes consultadas sostienen que las plazas ya están pactadas entre Carlos Lesmes, presidente del CGPJ, su mayoría conservadora y un sector progresista.

Piden no ser discriminadas

La Asociación de Mujeres Juezas de España reclama que se cumpla con la Ley y que no se excluya a mujeres, como ocurre con el caso de Paz García Rubio.

Esta asociación ni siquiera pide que se prime a las mujeres, sino que al menos “las decisiones se tomen en base a criterios objetivos en la valoración de méritos de las personas aspirantes, evitando decisiones arbitrarias que den prevalencia a los aspirantes varones, con méritos inferiores a los de las aspirantes mujeres”, según asegura en su último comunicado.

El caso de García Rubio es paradigmático, como el de Ana Orellana, de que se orillan a las candidatas al Supremo en favor de los hombres a pesar de tener igual o curriculum superior.

Orellana es la única que ha pasado el filtro para ser votada en alguna de las tres plazas del Supremo. Pero no ha sido designada ‘favorita’, a pesar de ser la primera magistrada de número de la Real Academia de Jurisprudencia y número dos de toda España en su especialidad. Está ocho posiciones por encima del pactado por Lesmes.

Sólo una magistrada

En la Sala de lo Civil del alto tribunal a la que se presenta García Rubio sólo hay una mujer del total de ocho magistrados: María de los Ángeles Parra Lucán. Allí se dirimen litigios entre ciudadanos, como los asuntos de Derecho de Familia, y las mujeres son casi 24 millones de personas; más de la mitad de la población.

Esta plaza es una vacante por el turno de juristas tras la renuncia de Francisco Javier Orduña, quien dimitió después de varios votos contrarios a la mayoría sobre la defensa de los consumidores ante las cláusulas abusivas bancarias, como la retroactividad de las cláusulas suelo.