El PP ha hecho muchos esfuerzos por proteger a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella, negándose a recurrir su absolución por la venta de viviendas sociales a fondos buitre cuando estaba al frente del Consistorio.

El Tribunal de Cuentas condenó a Botella y a parte de su equipo a pagar 25,7 millones de euros por vender 1.860 viviendas públicas protegidas a un fondo buitre, por debajo del precio de mercado; luego, la Sala de Enjuiciamiento de ese Tribunal  revocó la condena con los votos de dos consejeros nombrados por el PP (una de ellas, exministra de José María Aznar, esposo de Botella), y el pasado 27 de septiembre, el Ayuntamiento de José Luís Martínez-Almeida hizo un nuevo gesto para proteger a Botella. 

Con los votos de los consejeros de Ciudadanos, el PP logró que el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) aprobase no recurrir ante el Supremo esta venta, frente a las críticas de la oposición de Más Madrid y PSOE, y con un tercer voto en contra del partido ultraderechista Vox (6-3). Lo hizo en uno de los dos Consejos de la EMV celebrados a partir de las 14.30 horas: en uno se abordó formalmente el cese de la exdirectora de los Servicios Jurídicos de la EMV, Paloma Arranz. En otro se pulsó la tecla que permite a Almeida afirmar que la decisión correspondió a este órgano, controlado por el PP, y no únicamente a su partido.

La EMV iba a reunirse durante la semana, pero un defecto de forma registrado por el PSOE en la convocatoria ha obligado a aplazarlo hasta el viernes, exactamente el día en el que expiraba el plazo para presentar recurso de casación ante el Supremo.

De hecho, el cese de Paloma Arranz tuvo lugar al arranque de septiembre: era la encargada de redactar el recurso, quien conocía el caso, y Almeida decidió prescindir de ella. También anunció que el Ayuntamiento no recurriría la absolución de Botella, para él una "venganza estéril".

Según el Tribunal de Cuentas, el perjuicio para las arcas públicas por esta venta fue de 25,7 millones de euros, pero el alcalde incidió en que no gastaría dinero del Consistorio en esta operación. Arranz estaba en plantilla, el único gasto habrían sido los honorarios de un procurador, y el Ayuntamiento tiene contratos marco que habrían permitido rebajar este coste.

Por si fuera poco, la decisión de PP y Cs es contraria al acuerdo de pleno del pasado 27 de julio, en el que Más Madrid y PSOE lograron aprobar -con la abstención de los ultraderechistas de Vox- una moción que reclamaba al Ayuntamiento que no tirase la toalla. Como cualquier iniciativa de este tipo, no tenía carácter vinculante, pero expresaba el posicionamiento político de la mayoría del pleno, y de nuevo fue ignorada por Almeida. En la misma línea, el Gobierno de PP y C's ha hecho caso omiso de los escritos registrados este mismo mes por inquilinos afectados por este y otros casos de ventas de vivienda a fondos buitre.

El Tribunal de Cuentas sí condenó en primera instancia a Botella y a Concepción Dancausa, hoy viceconsejera de Vivienda y Administraciones Locales de la Comunidad de Madrid. Botella era alcaldesa cuando se decidió esta venta; Dancausa era la titular de Economía y Hacienda, y el Tribunal de Cuentas concluyó que el Gobierno municipal vendió estas viviendas por 25.7 millones menos de lo que valían (128,5 millones, frente a 151 millones), incurriendo “en una negligencia grave”.

Según el Tribunal de Cuentas, el agujero en las arcas públicas causado por esta venta de vivienda social fue de 25.7 millones. No obstante, la cifra facilitada por la concejal y expresidenta de la EMVS, Marta Higueras, subía hasta los 127 millones de euros.

El rechazo del Tribunal de Cuentas y el duro voto particular

El primer pleno del Ayuntamiento en el mes de septiembre ya arrancaba fuerte. José Manuel Calvo, concejal de Más Madrid, amenazaba con querellarse contra Almeida (sin dar más detalles), y la edil del PSOE Mercedes González daba un ultimátum al Consistorio: de no presentar recurso de casación, lo haría ella misma.

Ese mismo mes, González se personó ante el Tribunal de Cuentas para reclamarle que la legitimase para ejercer la acción sustitutoria [ya que el Ayuntamiento no iba a recurrir], para después presentar recurso ante el Tribunal Supremo "como vecina de Madrid", en base al artículo 68 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local.

Esto sirvió para parar el reloj para recurrir la absolución de la exalcaldesa. Pero esta vía también se ha cerrado mediante auto del 11 de diciembre, avanzado por Público.  Esta resolución (que ha contado con un duro voto particular que rechaza todos sus argumentos) ha sido rubricada igualmente por los vocales nombrados a propuesta del PP, que fueron los responsables del fallo que anulaba la condena a Botella dictada en primera instancia. 

Por su parte, a finales de septiembre la Fiscalía decidió rechazar la petición de dos diputadas de IU en la Asamblea de Madrid para dar esta batalla, al entender que no quedaba acreditado el "perjuicio" para las arcas públicas de esta operación. La Fiscalía declinó intervenir, pero se confesó "sensible" ante este caso.

Almeida usó 14.500 euros de dinero público para blindar a Botella

Almeida no quería "derrochar" dinero de los madrileños en "venganzas estériles", o al menos así justificó su decisión de no recurrir la sentencia del Tribunal de Cuentas que revocaba la condena a Botella. No obstante, el Consistorio que lidera, gobernado por PP y Ciudadanos, sí ha gastado 14.520 euros de dinero público en la elaboración de un informe que respaldara su decisión de no recurrir la revocación de la condena anteriormente dictada por otra sala del Tribunal de Cuentas.

Según consta en el expediente de contratación al que ha accedido Público, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), controlada por PP y Ciudadanos (ocupan 6 de las 9 sillas de su Consejo de Administración), contrató al conocido bufete de abogados CMS Albiñana & Suárez de Lezo para elaborar este informe, en el plazo de cinco días. Se solicitaron ofertas a otros cuatro despachos.

El expediente recoge que el contrato firmado, que se queda sólo 3.000 euros por debajo del umbral legal que no pueden sobrepasar los contratos menores (fue de 12.000 euros más IVA, el tope son 15.000), no podría haber superado en ningún caso los 14.000 euros más IVA, esto es: sólo 1.000 euros por debajo del importe máximo para firmar este tipo de contratos.

NOTA DE REDACCIÓN: Esta información ha sido actualizada el 17 de diciembre de 2019, para incluir las últimas maniobras del entorno del Partido Popular a este respecto. La primera versión se publicó el 28 de septiembre.