Con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, amenazando día sí día también con una nueva aplicación del artículo 155 contra Catalunya o con la Ley de Seguridad Nacional para intervenir los Mossos, la Generalitat de Catalunya evita hacer ninguna declaración que alimente una hipotética desobediencia institucional como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo. Si ayer, marte, fue la consejera de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Meritxell Budó, la que no hizo ningún tipo de referencia a una desobediencia institucional, este miércoles ha sido el presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien ha seguido el mismo esquema.

Lo ha hecho en la sesión de control que se ha celebrado en el Parlament y que ha tenido algunos momentos de tensión en el intercambio dialéctico que ha mantenido con el presidente del grupo parlamentario de Cs, Carlos Carrizosa, que ha vuelto a vincular la independentismo a la violencia. Torra ha defendido nuevamente el carácter pacífico del independentismo y ha comentado con relación a la sentencia del juicio del procés que "es posible que utilice la desobediencia civil, que también es un derecho, como el derecho a la protesta, a la concentración, a la libertad".

También ha pedido que la respuesta debe estar basada en tres premisas: "La autodeterminación, la democracia y los derechos humanos". Mientras que desde el Ejecutivo se ha hablado de cuestiones como "firmeza, serenidad, responsabilidad, determinación y sin salir de lo que nos ha hecho fuertes, que es el único camino, que es el del voto y la palabra, esta es la fórmula con que el Gobierno afrontará estos días ". Finalmente, ha rematado diciendo que una sentencia condenatoria será "un torpedo la convivencia". 

Hasta ahora, las principales entidades soberanistas han reclamando una respuesta "masiva" a la sentencia y el ANC y Òmnium Cultural han convocado cinco marchas que recorrerán 100 kilómetros en tres días para terminar en Barcelona.

Además, se da por hecho la convocatoria de una gran manifestación de rechazo y la Intersindical-CSC ha reservado el viernes 18 como día de huelga general, en una protesta que bajo argumentos laborales está vinculada a las movilizaciones de protesta. En paralelo, hay que sumar las convocatorias que haga la plataforma Tsunami Democrático, que reúne más de 100.000 personas en su canal de Telegram, que avisa para dar una "respuesta inmediata" a la sentencia.