No sabe nada sobre la presunta caja B del partido que presidió, sobre la supuesta financiación irregular ni sobre los donantes del PP en la Comunidad de Madrid, aunque formara parte de un órgano que adjudicó contratos a uno de ellos, y antes hubiera tenido asiento en la fundación desde la que se canalizaron donaciones.

Cristina Cifuentes ha declarado este miércoles ante la Audiencia Nacional que no tiene conocimiento de la existencia de la caja B, ni tampoco de las cuestiones económicas relacionadas con la Fundación Fundescam, de la que fue patrona; tampoco tenía conocimiento de las cuentas de su partido, ni siquiera en campaña electoral, y pese a que participó en comités de campaña, ya que esto no correspondía a su cargo, explican fuentes jurídicas conocedoras de su declaración. 

Por no saber, Cifuentes no tenía constancia de ninguna de las irregularidades investigadas en el caso Púnica, por el que está imputada: "Mi principal participación [en Púnica] fue, siendo presidenta de la Comunidad de Madrid, personar [en la causa judicial]a la Comunidad de Madrid, en defensa de los intereses de los madrileños", ha afirmado a su salida. Ha dedicado sus breves palabras a desvincularse de la causa, y no ha admitido preguntas de los medios de comunicación. 

La expresidenta madrileña ha declarado como investigada por su presunta participación en la financiación irregular del PP de Madrid, en el marco de la instrucción de la pieza 9 del caso Púnica, la misma por la que también está imputada su predecesora Esperanza Aguirre, que declarará el 18 de octubre.

Su declaración se ha prolongado durante cerca de tres horas. Ha sido muy accidentada, ya que un micrófono abierto a causa de un error técnico ha forzado que se retrasase. A causa de este error, el audio de las declaraciones de Cifuentes pudo seguirse desde la sala de prensa hasta las 17.50 horas.

Las adjudicaciones, por criterios técnicos

En concreto, el juez Manuel García-Castellón citó a Cifuentes para preguntarle por su participación en la adjudicación de contratos supuestamente amañados de la cafetería de la Asamblea de Madrid en los años 2009 y 2011 al empresario Arturo Fernández (dueño del grupo Cantoblanco), que luego se habrían gratificado con donaciones al partido. 

Hoy, Cifuentes ha defendido la legalidad de las adjudicaciones, que siempre siguieron cinco criterios técnicos establecidos por la mesa -el precio era el menos importante-, y ha enfatizado que todas las decisiones sobre adjudicaciones se tomaron de forma colegiada. También ha afirmado no saber que Fernández era donante del partido.

En 2007, Fernández contribuyó a nutrir sus arcas con dos donaciones de 160.000 euros a través de la Fundación Fundescam -usada para canalizar donaciones-. Entonces, Cifuentes era patrona de la fundación. También era miembro del comité regional de campaña del PP madrileño.

"Dichas donaciones se gratificarían a través de la adjudicación desde la Asamblea de Madrid a sus empresas, en los años 2009, 2011 y 2013", reza el auto. 

Además, Cifuentes era la presidenta de la mesa de contratación y, según el juez, votó a favor de un informe técnico que ella misma había emitido, lo que contraviene la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común. Y, como al resto de miembros del comité de expertos que valoró las ofertas, el magistrado le afea que no tuviera "experiencia de valoración de los criterios para la adjudicación de un servicio de restauración".

Antes de su dimisión como presidenta de Madrid, Cifuentes estaba entre las dirigentes del Partido Popular con mayor proyección, e incluso entraba en la terna de posibles sucesores de Mariano Rajoy al frente de la formación, si bien los conservadores hacen hoy lo posible por marcar las distancias con ella. Solicitó su baja temporal como militante del PP en marzo, la misma semana en la que la Fiscalía pidió para ella tres años y tres meses de cárcel por un delito de falsedad documental en el caso de su máster fraudulento en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Los dardos a Aguirre y González, con mención a Casado

"Si algo hice fue luchar de manera implacable contra la corrupción". Cifuentes se ha jactado así de haber peleado por levantar alfombras incluso entre los suyos, y no ha dejado pasar la ocasión de lanzar un par de dardos a Aguirre e Ignacio González, ambos expresidentes de la Comunidad.

Así, ha aprovechado para incidir en que "siempre" denunció las irregularidades, y ha citado dos casos concretos: el del Canal Isabel II -González está imputado en el caso Lezo- y de la Ciudad de la Justicia -un fiasco de la era Aguirre que se tragó millones de euros de dinero público-.

De forma implícita, Cifuentes ha querido introducir una mención al líder del PP, Pablo Casado, si bien se ha quedado en eso. Preguntada por quiénes integraban el patronato de Fundescam, la expresidenta de Madrid no ha dejado pasar la ocasión de recordar que Casado, entonces presidente de Nuevas Generaciones, se incorporó al patronato en virtud de este cargo. 

No sabe nada del 1%, pero su Gobierno dejó de usarlo

En otro orden de cosas, fuentes jurídicas recuerdan que Cifuentes ha sido cuestionada por la existencia de la cláusula del 1%, incluida en distintos contratos de la Comunidad de Madrid en la era de Aguirre y González, y que según el juez Castellón se usaba para financiar al partido. 

Según estas fuentes, Cifuentes aseguró no tener detalles sobre la posible ilegalidad de esta claúsula, si bien ha afirmado que desde que llegó al Gobierno no volvieron a firmarse contratos que la incluyesen. Dijo que no dio instrucciones para dejar de usarlas, pero que dejaron de usarse, precisan.