El Reino Unido ha respondido en 24 horas al Tribunal Supremo que ve "desproporcionada con arreglo a la legislación británica" la orden europea de detencion y entrega emitida este martes por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena contra la exconsejera de Educación, Clara Ponsatí.

Así consta en la respuesta remitida por las autoridades británicas a las españolas a través del sistema de coordinación policial Sirene y a la que ha tenido acceso Público.

En concreto, la respuesta sostiene que la orden europea de detención "ha sido revisada por un abogado especializado" en nombre de la Agencia Nacional contra la Delincuencia y "han determinado que es desproporcionada con arreglo a la legislación" británica.

El Reino Unido concluye que, "segun el documento adjunto, esta orden de detención europea no ha sido certificada por el Servicio Nacional Sirene del Reino Unido y, por el momento, el Reino Unido no tomará ninguna otra medida en relación con este asunto".

La sedición es allí una cuestión de orden público

"Sin embargo -añade la respuesta de Reino Unido- si tiene en su poder información sobre el historial delictivo previo de la persona [Ponsatí], o cualquier otra información relativa a la gravedad de la infracción, sírvase facilitarla" a la Agencia Nacional contra la Delincuencia "y volveremos a evaluar nuestra decisión de no certificar esta orden europea de detención. Saludos cordiales".

La discrepancia reside en que en la legislación británica la sedición es una cuestión de orden público y no un delito contra el Estado, como se entiende en España, de ahí que consideren una desproporción entregar a la exconsejera, según fuentes jurídicas.

La respuesta sólo se refiere al sistema Sirene de cooperación policial entre países europeos, pero habrá que esperar a que se pronuncie el sistema judicial escocés, a donde se ha hecho llegar también la orden de entrega de Ponsatí.

En busca de "aclaraciones", dice la defensa

Por su parte, la defensa de Ponsatí ha anunciado que la exconsejera no se entregará en una comisaría de Edimburgo mañana jueves en contra de lo que tenía previsto.

Su equipo legal ha anunciado que la euroorden "ha sido devuelta a España en busca de aclaraciones", lo que significa que Ponsatí no se presentará en la comisaría de Policía de Edimburgo el jueves 7 de noviembre "y la audiencia en el tribunal se cancela", señaló en un comunicado.

El bufete afirmó que "durante las últimas 24 horas" ha estado traduciendo la orden de arresto española y que no ha sido hasta esta mañana cuando "ha llegado la orden de detención traducida". Tras recibirla, prosiguió, "las autoridades del Reino Unido buscan ahora claridad sobre la orden de España", según informa Efe.

El equipo que defiende a Ponsatí, encabezado por el conocido abogado Aamer Anwar, destaca que "parece haber contradicciones evidentes contenidas en una orden de divagación que se extiende unas 59 páginas, que salta de (el delito) de rebelión al de sedición, mientras que Clara Ponsatí es acusada de sedición, lo que solo se menciona brevemente en dos páginas, sin claridad en cuanto a su papel".

Explica además su abogado que la euroorden "comienza con las actividades del movimiento por la independencia en diciembre de 2012", pero precisó que la extitular de Educación "regresó para convertirse en consejera de Educación el 14 de julio de 2017".

Basada en la sentencia del 'procés'

La euroorden dictada por Pablo Llarena contiene los hechos que el Supremo ha considerado probados y resume la sentencia unánime dictada por el alto tribunal el pasado 15 de octubre y que condena al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y otros líderes del 'procés' a penas de 9 a 13 años por sedición y malversación.

Este varapalo británico llega un días después de que el magistrado Llarena, instructor de la causa abierta contra la cúpula del 'procés', dictara ayer martes nuevas órdenes europeas e internacionales de detención y entrega contra los exconsejeros catalanes Clara Ponsatí y Toni Comín por sedición, y contra Lluís Puig por malversación de caudales públicos.

Ponsatí reside en Escocia (Reino Unidos) mientras que los otros dos exconsejeros se encuentran en Bélgica junto a Carles Puigdemont, expresidente catalán y líder del proceso unilateral independentista con el que se crearon leyes de desconexión de la legalidad española y que desembocó en la celebración de un referéndum el 1-O de 2017 que había sido prohibido por el Tribunal Constitucional.