El Gobierno ha asegurado a última hora de este miércoles que la orden de detención europea dictada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena sobre la ex consejera de Educación catalana Clara Ponsatí sigue su curso después de un "error" en la comunicación de las autoridades británicas.

A través de una nota, el Ejecutivo ha explicado que la calificación de "desproporcionada" con la que las autoridades británicas se han referido a la orden de extradición es un error de comunicación a la hora de trasladar la información a las autoridades españolas que ya ha sido comunicado a la Embajada española.

Las autoridades de Reino Unido han contestado este miércoles a la orden de detención europea sobre Ponsatí que la petición "es desproporcionada" con arreglo a su legislación. Según han explicado desde Moncloa, las autoridades policiales británicas, que la reciben a través del llamado sistema SIRENE, llevan a cabo un control formal de admisión, encomendado a la National Crime Agency, antes de ordenar la detención y remitir la solicitud de entrega a las autoridades judiciales británicas.

En este caso concreto, según las mismas fuentes, SIRENE ha transmitido a las autoridades policiales españolas que es necesario aportar información complementaria en relación con la euroorden emitida para cursar la detención y entrega de Ponsati pero, al hacerlo, "han aludido a una calificación como de petición "desproporcionada", expresión que en ningún momento había empleado la National Crime Agency.

En este sentido, han apuntado que la solicitud cursada sigue pendiente de ser admitida y que se están realizando las gestiones pertinentes para concretar y facilitar la información que sea precisa "por medio de los procedimientos de cooperación judicial y policial previstos". Además, el Gobierno español ha recordado que la solicitud de ejecución de una orden de detención y entrega europea es un proceso de carácter eminentemente judicial.

Llarena, que instruye la causa por el procés emitió este martes una nueva orden europea de detención y entrega contra Ponsatí, fugada a Escocia, por un delito de sedición tras descartar el de malversación a la luz de la sentencia dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, según la cual, la cesión de espacios para el 1-O que se le imputa a ella no entraría en ese tipo delictivo.