De los dichos a los hechos. Cuando ejercía como diputado ultraderechista, el ex militar brasileño Jair Bolsonaro prometía represión y mano dura contra distintos sectores de la sociedad. Ahora lleva once meses al frente del Gobierno del país más grande de América del Sur, y está actuando en consecuencia. “Ha adoptado medidas que amenazan los derechos a la vida, a la salud, a la libertad, a la tierra y al territorio de la población, tanto rural como urbana, que lo que desea es una vida digna y sin miedo”, afirmaba en mayo pasado Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Brasil.

Mientras los organismos de derechos humanos muestran su alarma ante las medidas de Bolsonaro, la Secretaría de Estado de Comercio de España, a través del ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior), plantea hacer negocios militares con ese gobierno ultraconservador. Así consta en la documentación elaborada por ese organismo –enfocado en la promoción global del comercio español a nivel internacional– de cara al Encuentro Empresarial España – Brasil 2019 que se celebrará del 11 al 13 de diciembre en Río de Janeiro.

En el “análisis de los principales sectores de interés” para las empresas españolas, el ICEX incluye, como tercer punto, el área de Defensa, remarcando que representa “alrededor del 4% del total del PIB brasileño (más de 200.000 millones de reales, unos 50.000 millones de euros), emplea directamente a unas 60.000 personas, y tras un periodo en el que ha estado en un segundo plano, recibe cada vez más atención en la estructura y mix de política económica del Ejecutivo actual”.

De hecho, el ICEX pone de relieve “los seis militares en primera fila del gobierno Bolsonaro, números que se amplían en los siguientes niveles de gobierno”. Destaca además que “el presupuesto para defensa en 2017-2018 fue de 76.800 millones de reales (18.000 millones de euros) y para 2019 ha sido de 78.470 millones de reales (18.700 millones de euros), lo que representa el 1,5% del PIB nacional y un aumento anual del 2,2%”.

Apunta que este sector “incluye a las fuerzas armadas (Ejército, Aviación y Marina Militar) y fuerzas especiales, y si se amplía a Defensa y Seguridad, incluye también a la policía y al sector de seguridad privada”. A la hora de identificar sectores militares concretos, señala que “la Marinha es una de las mejores oportunidades para España, ya que Brasil carece de una base nacional de construcción naval que le obliga a importar”.

El ICEX subraya que “se va a hacer entrega en breve de un avión C295 en Sevilla a la fuerza Aérea Brasileña y remarca que “Brasil es uno de los mayores mercados de defensa de América Latina y destaca por ser de los primeros en muchos subsectores, como el de helicópteros, cuyo mayor centro en el país es la Base de Aviación Naval de São Pedro da Aldeia, en Río de Janeiro”. En tal sentido, afirma que se trata del país con la mayor aviación militar de la Región”.

En otro párrafo del documento remarca que “la Unión Europea es uno de los mayores proveedores de defensa de Brasil, siendo especialmente importantes en el país empresas como Airbus, Indra, Thales o Leonardo”.

El ICEX aplaude además que “con la liberalización de todos los permisos de importación de armas, municiones y ‘cualquier producto controlado por el Ejercito’ de mayo de 2019, Brasil ha abierto mucho más su mercado de defensa al comercio internacional, lo cual crea nuevas oportunidades para las empresas españolas en el país”.

En esa línea, señala a los empresarios que el Gobierno brasileño necesitará adquirir “sistemas y equipos de ciberdefensa”, ya que se trata del sector donde “tiene más carencias y de los que más necesita para vigilar sus fronteras”.

Asimismo, apunta que “la mayor oportunidad para las empresas españolas en este sector es el renovado esfuerzo del Ejecutivo actual de modernizar los equipos de defensa, como aviones militares, vehículos blindados y buques de guerra, muchos de los cuales están obsoletos debido a la contención del presupuesto de defensa de los años 1990-2010”.

"Abrir la economía"

En otro documento anexo, titulado “Por qué Brasil”, el ICEX destaca que “desde el punto de vista geoestratégico”, este país “es la potencia económica de la región y aspira a avanzar en su proceso de desarrollo”. Precisamente, remarca que “la actual política económica del gobierno está centrada en dar mayor libertad al sector privado, abrir la economía brasileña y conseguir que Brasil ocupe su lugar entre las potencias económicas mundiales”.

“Brasil es un país repleto de oportunidades para las empresas españolas. En su camino a dar mayor espacio al sector privado en la economía, el gobierno brasileño está potenciando multitud de operaciones de asociación con el sector privado”, añade más adelante.

"Ejecuciones extrajudiciales"

Sin embargo, el negocio de armas con Brasil no despierta precisamente halagos entre las organizaciones no gubernamentales que trabajan en este asunto. En su último análisis sobre las exportaciones armamentísticas que se realizaron en el primer semestre de 2018 –último periodo sobre el que existe información oficial–, la plataforma Armas Bajo Control (compuesta por Amnistía Internacional, Greeenpeace, Intermón Oxfam y FundiPau) denunció la venta de “armas pequeñas, vehículos y municiones a las Fuerzas Armadas y escopetas y carabinas para particulares” en ese país.

En concreto, esta plataforma advirtió sobre “89 licencias de material de defensa autorizadas a Brasil por valor de 5,2 millones de euros”. Las ONG advertían que esas ventas se habían realizado “pese al riesgo de uso en ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza a manos de la policía y de las armas de fuego en la comisión de homicidios por particulares”. Cuando se hicieron esos negocios Brasil estaba bajo el gobierno de Michel Temer, quien había asumido el cargo tras la destitución de Dilma Rousseff.

En un documento elaborado en marzo de 2019 –tres meses después de que Bolsonaro asumiera como presidente– Armas Bajo Control recomendó al Gobierno “no aprobar nuevas autorizaciones de exportación a Brasil de armas de fuego, sus piezas o municiones u otro material que pueda ser usado por la policía o las fuerzas armadas en la comisión de violaciones graves”.