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El expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, llegando al juicio del caso ERE en la Audiencia Provincial de Sevilla. / Europa Press

Andalucía Un juzgado investiga si Chaves prevaricó y malversó al dar una ayuda de 5,8 millones

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El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla atiende así la la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción para investigar una subvención concedida a una empresa de Jaén. Además del expresidente, otros 5 consejeros suyos también entran en la causa

Política

El juzgado de instrucción número 6 de Sevilla ha abierto una nueva pieza de investigación sobre un préstamo de 970 millones de pesetas –5,8 millones de euros– concedido a la empresa Carnocarne de Andalucía tras un acuerdo del Consejo de Gobierno de noviembre de 1999, que presidía entonces Manuel Chaves

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El juez José Ignacio Vilaplana, en un auto de hoy mismo, cree que existen indicios de que tanto Chaves como su consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, y otras tres personas que fueron también consejeros –tres de empleo, Guillermo  Gutiérrez, José Antonio Viera y Antonio Fernández y otro de Innovación, Francisco Vallejo– pudieron cometer los delitos de prevaricación y malversación al conceder el crédito.

El magistrado considera que los investigados podrían haber simulado "una ayuda pública directa, otorgada sin sujeción a los principios y procedimientos legalmente aplicables, con el consiguiente menoscabo de los fondos públicos comprometidos”. Esta operación, puntualiza Vilaplana, no “tendría vinculación alguna" con los hechos ya juzgados por la Audiencia de Sevilla referidos al procedimiento específico de los ERE y por los que tanto Chaves como Zarrías, Viera, Fernández y Vallejo fueron condenados. 

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Prescripción del caso

El juzgado abre la investigación después de concluir que los  hechos, que  datan de hace 20 años, “no habrían prescrito” porque “a fecha 1 de febrero de 2005, el préstamo no habría sido amortizado y que aún entonces no habría sido declarado impagado o fallido –ni considerado un gasto/pasivo para IFA/IDEA-“.

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El magistrado acuerda solicitar documentación a la agencia IDEA, a las consejerías de Presidencia y Empleo, y a la Intervención de la Junta, para que la aporten “a la mayor brevedad posible”. Además, declara la complejidad del procedimiento y señala un plazo de 18 meses para la instrucción del mismo, “sin perjuicio de lo que pueda acordarse posteriormente”.

Con ello, Vilaplana atiende la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que el pasado 18 de noviembre le había reclamado que incoase diligencias previas contra Chaves, Zarrías y otras trece personas para investigar las subvenciones concedidas en 1999 a la empresa Hijos de Andrés Molina (Hamsa), luego Campocarne y Primayor.

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