El PSOE y Unidas Podemos ultiman el acuerdo programático para tener todo listo antes de que termine el año. El objetivo es que la investidura de Pedro Sánchez sea antes de enero, aunque ERC frene esta intención. Pero, por si acaso se logra, ambas formaciones tendrán todo listo y, con la estructura del Gobierno ya cerrada, se negocian los últimos flecos del programa. Un documento que, si bien tendrá grandes e importantes avances en derechos sociales, se quedará a medio camino respecto a las grandes reformas económicas. 

Fuentes conocedores de las negociaciones reconocen a Público que al grupo confederal le ha sido imposible convencer al PSOE de llevar a cabo las medidas estrellas de Pablo Iglesias: la creación de una empresa pública de energía, el impuesto a la banca o la derogación de la reforma laboral al completo. Además, en algunos aspectos se retrocede respecto al pacto presupuestario de 2019 porque tampoco se ha alcanzado un acuerdo para regular el precio del alquiler o bajar la factura de la luz tal y como se aprobó en el texto de la última legislatura.

Desde Unidas Podemos aseguran que el debate sobre vivienda todavía no está cerrado. Iglesias aseveró el pasado viernes que su formación defenderá que el Gobierno regule el mercado de los alquileres para "limitar" los precios "abusivos". Sin embargo, las fuentes consultadas dicen que los socialistas han descartado llevar a cabo esta medida de forma inmediata y que será un debate que se volverá a tener una vez que el Ejecutivo eche a andar.  

Algo similar ocurre con la bajada de la factura de la luz. El PSOE descarta ahora los cambios normativos con los que se comprometió en el pasado para acabar con los "beneficios caídos del cielos" de las eléctricas y abaratar con este ingreso la factura de la luz. Aunque sí se prevén medidas relacionadas con la eficiencia energética y facilitar el acceso a suministros básicos a todos los hogares. 

Tampoco se derogará la reforma laboral al completo, como piden los principales sindicatos. Aunque sí se acabarán con los aspectos más lesivos como ampliar el régimen de no caducidad del convenio colectivo, la ultraactividad o reducir la dualidad entre trabajadores indefinidos y temporales. Tras estas reformas urgentes, el objetivo es negociar el nuevo Estatuto de Trabajadores. 

Hay ciertas dudas sobre la reforma fiscal, uno de los puntos de mayor discrepancia en todas las negociaciones del PSOE y Unidas Podemos. Ambos partidos están de acuerdo en avanzar hacia un sistema más justo y progresivo, pero los socialistas dejaron a un lado medidas como la reforma del IRPF que aumentaría la contribución de las rentas de 130.000 a 300.000 euros en los últimos meses. Sí se da por hecho que habrá modificaciones respecto a impuestos sobre determinados servicios digitales, un impuesto sobre transacciones financieras y un nuevo impuesto 'verde' para las empresas que más contaminen. 

Los puntos de encuentro: SMI, Igualdad y pensiones

Pese a algunos de estos pasos atrás respecto a los Presupuestos de 2019, sí que hay importantes avances. Por ejemplo, se prevé una subida continuada del Salario Mínimo Interprofesional desde este Ejecutivo. Tanto el PSOE como Unidas Podemos defienden que la última subida tuvo beneficios positivos en el mercado laboral y la apuesta es continuar incrementando el SMI: el primer objetivo del grupo confederal, y que parece que cuenta con el visto bueno de los socialistas, es llegar a los 1.000 euros en 2020. 

También se da por sentada la revalorización de las pensiones al IPC por ley y, en materia de transición ecológica, un plan para reducir la producción energética basada en combustibles fósiles. Otras medidas destacadas y que ya confirmaron son una nueva ley de Igualdad laboral y favorecer la conciliación, los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, aprobar la eutanasia y garantizar el derecho a una muerte digna. 

En materia de libertades, habrá cambios sobre las leyes Mordaza, aunque no se prevén sus derogaciones al completo de manera inmediata. El debate se sitúa en torno a eliminar algunos de los aspectos más lesivos de manera urgente o comenzar a trabajar en una nueva Ley de Seguridad Ciudadana, como ya se hacía en la pasada legislatura en el Congreso con todos los grupos parlamentarios. 

Además, se prevé aumentar la dotación al plan estatal de lucha contra las violencias machistas, mejorar el sistema de dependencia para atender a las personas dependientes que ahora no son atendidas por la falta de inversión, garantizar la cobertura universal y gratuita de la educación infantil de 0 a 3 años y aumentar la inversión del PIB — ahora se encuentra en un 4% —.

Sin embargo, como ya se firmó en el preacuerdo del Gobierno de coalición, todas estas medidas e inversiones sociales se verán limitadas por el equilibrio presupuestario, controlando que no se aumente el déficit público y con un ojo puesto en lo que se dice desde Bruselas.