El Gobierno de Aragón ha activado la cuenta atrás de poco más de siete meses que prevé su Ley de Memoria Democrática, tras haber transcurrido ya casi otros once, para limpiar los espacios públicos de la comunidad de vestigios del franquismo y para que el dictador, su régimen y quienes participaron en él y en la sublevación militar en la que se fundamentó dejen también de tener menciones y títulos honoríficos en las instituciones de la comunidad.

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte “está llevando a cabo la creación del censo de símbolos franquistas y menciones honoríficas para su posterior retirada”, señala su consejero, Luis Faci, en su respuesta a una serie de preguntas de iniciativa ciudadana del Colectivo Emigrante Aragonés (CEA) canalizadas en la vía parlamentaria por Podemos-Equo, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida, en las que también explica que “se están enviando notificaciones” elaboradas con apoyo jurídico y técnico para solicitar “la colaboración para la retirada de las mismas”.

La disposición adicional cuarta de la ley “fija en dieciocho meses el plazo para la retirada del espacio público de los elementos contrarios a la memoria democrática”, lo que incluye “placas, escudos, insignias, inscripciones, anagramas y otros elementos sobre edificios públicos o situados en la vía pública” y, también, “denominaciones de calles, vías o lugares públicos que rindan homenaje a militares o políticos afectos al golpe de estado o al régimen franquista”.

La lista de “elementos o menciones realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe de Estado de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial” cuya exhibición pública se considera “contraria a la memoria democrática de Aragón y a la dignidad de las víctimas” se completa con las alusiones “a los participantes, instigadores o legitimadores de la sublevación militar de 1936 y de la dictadura franquista” y con las que “desmerezcan a la legalidad republicana y a sus defensores”.

Retirar los símbolos o perder las ayudas públicas

Esos objetos deben ser retirados antes del 22 de agosto de este año, cuando se cumplan los 18 meses de la entrada en vigor de la norma, fecha límite también para que las instituciones procedan a “revisar e invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de exaltación de personas vinculadas a la defensa del régimen franquista”.

De no hacerlo, particulares y entidades tanto públicas como privadas se enfrentan, además de a eventuales sanciones por enaltecimiento del franquismo, a “la pérdida del derecho a obtener subvenciones, bonificaciones o ayudas públicas” de la comunidad por “atentar, alentar o tolerar prácticas en contra de la memoria democrática”.

Según explicaron fuentes de la consejería, los Agentes de Protección del Patrimonio están llevando a cabo tareas de identificación de vestigios franquistas por toda la comunidad. “Se trabaja en la elaboración de un censo de municipios con el posterior objetivo de requerir, tanto a las instituciones civiles como eclesiásticas, la retirada de dichos símbolos”, indicaron.

Las cartas, remitidas a ayuntamientos y parroquias principalmente, exponen la normativa sobre los vestigios del franquismo y recuerdan a los titulares de los edificios o espacios en los que se encuentran la obligatoriedad de retirarlos antes de esa fecha. De no hacerlo, la comunidad puede efectuar la supresión con carácter subsidiario y, posteriormente, pasar los gastos al afectado.

El Centro de Investigación de la Memoria ya tiene sede

La proximidad de la fecha ha hecho que incluso el Ayuntamiento de Zaragoza, tenazmente desidioso con el memorialismo desde la llegada al poder de PP y Cs con el apoyo de Vox, como han demostrado con su desistimiento de la querella contra el franquismo y la negativa a cambiar las denominaciones de varias calles, asunto que ya está en los tribunales, se haya puesto las pilas para estudiar qué vestigios quedan en la ciudad.

Entre ellos hay algunos conflictivos, como la calle dedicada a Miguel Merino, concejal franquista, último alcalde de la ciudad no elegido en las urnas y concejal de UCD en la primera legislatura democrática; o el busto de Miguel Allué en la avenida Goya, que obvia que fue presidente de la Diputación con Franco, entre agosto de 1936 y marzo de 1940, además de alcalde bajo la dictadura de Primo de Rivera entre 1927 y 1929.

Por otro lado, el consejero señala en sus respuestas que el Gobierno de Aragón está elaborando un documento marco para la gestión del banco de muestras de ADN destinado a identificar víctimas y bebés robados, tiene adelantado el decreto que regulará la creación y funcionamiento de los órganos colegiados responsables de desarrollar la ley, como la Comisión Técnica y el Centro de Investigación de la Memoria Democrática, que tendrá su sede en el paseo de Teruel, y está elaborando “una estructura administrativa con el fin de gestionar todas las actuaciones y políticas públicas” derivadas de la norma.